Las declaraciones claves para destapar al llamado Cartel de la toga, fueron las del exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno. Aunque reveló al menos 26 nombres en la política y en el sistema judicial Colombia, el peso de la responsabilidad cayó claramente sobre los exmagistrados Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y Gustavo Malo, que llegaron incluso a ser presidentes de la Corte Suprema de justicia.. Ricaurte era el encargado de hacer el relacionamiento entre los clientes investigados, muchos de ellos identificados por Gustavo Moreno, mientras que Bustos y Malo se movían internamente en para bloquear los procesos.
En los expedientes habría estado implicado el exsenador liberal Álvaro Ashton quien confesó darle una suma de $ 800 millones, disfrazados con el concepto de ‘honorarios’, al abogado Moreno para que la Corte Suprema archivara su proceso.
Ashton pagó para ocultar sus procesos que lo vinculaban con el paramilitarismo
Las evidencia de sus nexos con el paramilitarismo en los municipios de Soledad, Malambo, Sabanagrande, Galapa y Barranquilla, en Atlántico, y Sitionuevo, en Magdalena lo condebana. Además, de las reuniones que había mantenido con el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia de cara a las elecciones del año 2006. Asimismo, como sus encuentros esporádicos con Carlos Mario García, más conocido como El Médico.
El exsenador cordobés Musa Besaile tenia el camino claro hacia la cárcel cuando intervino el magistrado Gustavo Malo. Le cobraron $2 mil millones por archivar la investigación que cursaba en la Corte por parapolítica, que lo relacionaba con jefe de las autodefensas Salvatore Mancuso.
Besaile pagó $2 mil millones por archivar la investigación en su contra por parapolítica
Era un secreto a voces que nadie se atrevía hacer política en el departamento de Córdoba sin la aprobación de Mancuso y Besaile, en ese entonces un ingeniero de Sahagún, aspiraba con ser representante a la Cámara y requirió del apoyo de Mancuso. Este turbio pasado, sumado a las numerosas denuncias por corrupción en su contra en la Gobernación de Córdoba, terminaron enredando judicialmente a Besaile. Temía correr con la misma suerte del excongresista del Partido Conservador, Julio Manzur Abdala, que había sido capturado en enero del 2015 y quien aseguró ser extorsionado por Gustavo Moreno cuando le pidió $ 2.600 millones para evitar la orden de captura que le había anticipado dos meses antes de que se hiciera efectiva.
Aunque se ha declarado inocente por sus nexos con el Cartel de la Toga, el exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, también terminó implicado.
Al exgobernador del Valle A Abadía se le archivaron al menos dos investigaciones
En algún momento se perfiló como la gran promesa del departamento, contaba con el apoyo político de su padre, Carlos Herney Abadía, y el del expresidente Álvaro Uribe. Se derrumbó cuando Alfredo Bettín, ex fiscal de Corte Suprema de Justicia, confesó que engavetó las investigaciones contra Abadía por ordenes directas de Ricaurte y Bustos. A Abadía se le archivaron al menos dos investigaciones logrando detener la imputación de cargos que se le venía encima cuando en el 2010 firmó un contrato por más de mil millones de pesos para la dotación de 40 bibliotecas en diez municipios del Valle que nunca se llevaron a cabo.
El también mandatorio Lucas Gnecco Cerchar también fue delatado por Moreno dos semanas antes de ser extraditado a Estados Unidos. En el 2015, el exgobernador del Cesar habría dado $150 millones para dilatar indefinidamente el juicio que debía enfrentar cuando en el 2009 lo encontraron culpable de gestionar más de cien contratos irregulares que iban dirigidos a la dotación de escuelas públicas.
Gnecco también tenía otro proceso abierto en la Corte por constreñimiento al elector. El archivo reposaba en el despacho de Gustavo Malo. Moreno aseguró que José Alfredo, hijo de Gnecco y senador del Partido de la U, le entregó personalmente el dinero.
Pero además de las figuras nacionales también a nivel regional los políticos pagaban por lograr engavetar sus procesos y poder continuar en sus actividades.
El exalcalde de Villavicencio, Franklin Chaparro, la exgobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado y el exalcalde de Bajo Baudó en el Chocó Niltón Córdoba Manyoma buscaron la ruta a la Corte donde estaban procesados, a través de Gustavo Moreno. .
Córdoba, excongresista por el Partido Liberal, le habría pagado $ 200 millones a Camilo Ruiz, exmagistrado auxiliar que trabajaba en el despacho de Gustavo Malo, con el fin de evitar una orden de captura en su contra por lavado de dinero del narcotráfico cuando se desempeñó como Alcalde de Medio Baudó, Chocó.
La excongresista de Putumayo, Argenis Velázquez también cayó por le pagó $200 millones para archivar la investigación que se llevaba en su contra por malversación de fondos en el sector de la salud cuando fue Alcaldesa de Orito, Putumayo que se encontraba en el despacho del magistrado Gustavo Malo.
Por su parte, el exrepresentante a la Cámara de San Andrés y Providencia, Julio Eugenio Gallardo, habría pagado $ 300 millones para precluir una investigación en su contra por corrupción que estaba en poder de Leonidas Bustos. Pero el proceso siguió su rumbo y Gallardo pidió su dinero de regreso que el exmagistrado nunca devolvió.
Alberto Velásquez Echeverri, secretario administrativo durante el mandato de Álvaro Uribe, tampoco se salvo de ser delatado por Gstavo Moreno. Velásquez pagó $ 300 millones a Ricaurte quien le prometió le daría información privilegiada sobre el caso de Yidispolítica en el que estaba implicado y le aseguró que si resultaba condenado obtendría beneficios. La promesa nunca se cumplió, Velásquez terminó condenado a cinco años de prisión.
La justicia va llegando y duro, contra el Cartel de la Toga. Francisco Ricaurte, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia fue condenado a 19 años de prisión sin posibilidad a solicitar el beneficio de casa por cárcel. Mientras que Gustavo Malo permanece detenido a la espera del juicio, pero Leonidas Bustos, unos de los cerebros de esta máquina de corrupción logró evadir la justicia: salió del país el 28 de noviembre de 2018 rumbo a Canadá en donde recibió la acusación por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de influencias.
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