Alerta, alerta, que camina, la ciudadanía por América Latina… podría ser una consigna que Chile envía al resto de la región, luego del resultado del plebiscito realizado el 25 de octubre, en que el 78, 27 % de los votantes aprobó que se redacte una nueva constitución para ese país y que la carta no sea escrita por los políticos, sino por 155 ciudadanos, mitad mujeres, mitad varones, expresamente elegidos para ello.
7,562 millones de chilenos (51%) —de los casi 15 millones inscriptos en el padrón electoral— explicitaron en las urnas su decisión de cambio, su rechazo a los políticos y—muy importante— su vocación de que un proceso en paz, democrático y sin violencia.
Fue la elección con la mayor cantidad de votantes, desde la transición a la democracia iniciada con el plebiscito de octubre de 1988, pese a que desde 2012 el voto es voluntario.
También debe consignarse que un 49% del electorado no se expresó.
El 21,73% de los votos que rechazó el cambio constitucional se registró mayormente en los circuitos de Santiago habitados por ciudadanos de altos ingresos: Las Condes, Providencia, Vitacura, Lo Barnechea, pero también en comunas muy humildes como Colchane en la frontera con Bolivia y también en comunas de la capital chilena, donde reside población de escasos recursos, el rechazo alcanzó el 20%.
Obviamente que esta lectura del resultado no debería ser utilizada para excluir del arduo proceso constituyente a los partidos políticos. La democracia se sustenta en los partidos y son los partidos quienes reúnen las diferentes formas de pensar ciudadano, las organiza y concreta.
El desafío para las élites partidarias está en saber discernir quiénes, perteneciendo a esos partidos, no son “los mismo de siempre” que fueron expresamente rechazados en esta votación: la consulta plebiscitada propuso dos formas de integrar la constituyente en caso de ser aprobada: si la asamblea se integraba con legisladores y ciudadanos, o solamente con ciudadanos. La segunda ganó por paliza: 79 % a 21%.
En esa integración de la asamblea constituye se juega Chile la legitimidad de la nueva constitución. Una instrumentación que debe contemplar la posibilidad de que también puedan ser electos miembros constituyentes ciudadanos independientes de los partidos, así como otros elegibles integrantes de los pueblos originarios.
Los constituyentes a partir del primer semestre del 2021 dispondrán de 12 meses como máximo para presentar un texto final a ser refrendado o rechazado en las urnas quizás en abril del 2022. Si no logra ser aprobada, Chile mantiene su actual constitución.
¿Constitución pinochetista? Como tantos otros temas “copio y pego en redes sociales”, se habla de una constitución fascista. Aprobada en 1980, la constitución vigente tuvo una vida de 40 años, 30 de los cuales fueron en democracia. Democracia en la que desde 1990 se sucedieron en el Palacio de la Moneda administraciones de centro (Patricio Aylwin), de centro izquierda (Eduardo Frei Montalva) de izquierda (Ricardo Lagos y por dos veces Michelle Bachelet) de derecha, primer período y centro derecha, segundo y actual de Sebastián Piñera.
Pero, además, el texto original ha tenido no menos de 23 reformas que fueron despojándola de su carácter más autoritarios a lo largo de sucesivas leyes reformatorias que fueron desflecando la constitución de Pinochet.
Chilenos eufóricos que festejaban en la noche del domingo 25, entrevistados por periodistas, repetían que “por fin empieza la democracia”; “derrotamos esta constitución neoliberal de Pinochet” o expresiones similares…
Lo anterior lleva a otro desafío, además de los que ya quedan planteados luego del resultado electoral y constituyen una cadena de pasos a cumplir como se verá.
Las constituciones no son soluciones mágicas. Son auténticas “cartas de batalla” como ha escrito el jurista colombiano Hernando Valencia Villa estudioso de las “quince constituciones colombianas redactadas entre 1811 y 1886, y las setenta y siete reformas constitucionales aprobadas entre 1886 y 1986”, hasta la constitución vigente de 1991. Las constituciones son generadas por hitos potentes de la historia de un país. Luego de una dictadura; tras un proceso independentista; consecuencia de una guerra civil; después de años de hegemonía de un partido político en el poder, etc.
El ejemplo de la constitución chavista hecha a ad usum de Hugo Chávez, con enorme cantidad de derechos declarados y nunca cumplidos, ni al propio chavismo le ha servido y Nicolás Maduro ha terminado por desconocerla.
Solo a título de mención sobre un tema a modificar en Chile: Carabineros, el cuerpo policial chileno más identificado con la dictadura de Pinochet, se desempeñó de manera brutal durante el estallido social de 2019. Ni en el plebiscito organizado en 1988 por Pinochet— estuve en Santiago cubriéndolo junto a centenares de periodistas de todo del mundo cuando el general Rodolfo Stange era el comandante de ese cuerpo— carabineros reprimió con la saña que lo hizo en octubre de 2019: 23 muertos según Fiscalía de Chile; 3.443 personas heridas según cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), aunque el Ministerio de Salud da cuenta de 11.180 heridos. Y 359 personas con trauma ocular
No menos cierto es que en ese octubre fatídico del año pasado hubo 4.817 carabineros lesionados, 82 de ellos por quemaduras, 126 por arma de fuego y 33 por traumas oculares. Cifras de lo que se llama “estallido social” protagonizado por evidentes minorías digitadas que se sobrepuso a la movilización pacífica y transformadora de millones de chilenos, tiñéndola de saqueos, desmanes, incendios y cuantiosas pérdidas para la economía del país.
Entre octubre y noviembre hubo 2.904 eventos graves que incluyen saqueos y enfrentamientos con Carabineros, dejando un total de 25.558 personas detenidas. pérdidas de 3.000 millones de dólares por daños al patrimonio público y privado, sin tener en cuenta las infligidas al Metro de Santiago. Este servicio, el más moderno de Latinoamérica, fue literal y digitadamente destrozado.
La Cámara de Comercio de Santiago estimó las pérdidas para la región en 1.400 millones de dólares. Por su parte, la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Chile, calculó en 100.000 los puestos de trabajo perdidos por la violencia desatada en esos días. Sin calcular lo que supuso para la economía nacional la no realización de varios grandes torneos e iniciativas deportivas que normalmente hubieran reportado ingresos ya presupuestados.
Contra esta violencia también votó la ciudadanía chilena el domingo 25 de octubre. Por eso la investigadora chilena Sylvia Eysaguirre, dijo el martes 27 que, si bien “el 90% de los ciudadanos siente rabia y es una rabia transversal a la edad y a las clases sociales, la ciudadanía no está polarizada. Es la clase política la que lo está (…) Ningún partido político puede considerarse ganador del domingo (…) quien ganó fue la democracia y la ciudadanía”.
Eysaguirre, politóloga del Centro Estudios Públicos de Chile, convocada por la Fundación Konrad Adenauer para una actividad de análisis del resultado electoral, sostuvo que hubo perdedores como los derechistas Partido de la Unión Democrática Independiente (UDI) y un cierto sector del Partido Renovación Nacional (de Piñera) que estaban por el rechazo. El presidente se mantuvo neutral.
También recordó que el Partido Comunista, así como partidos de izquierda que forman el Frente Amplio ,“que hicieron fuertes críticas al acuerdo por la paz social y la nueva constitución” del 15 de noviembre de 2019, en que se acordó el plebiscito (…) estos son los grandes perdedores también”.
Eyzaguirre advirtió que la constituyente no puede carecer de legitimidad porque entonces quedaría a la par del Congreso, que cuenta apenas con un 5% de aprobación, o de los partidos políticos que tienen un 2% de credibilidad”.
La encuestadora chilena Plaza Pública Cadem, en febrero de 2020, había registrado un 9% de aprobación a los legisladores.
Otro quiebre social a tener en cuenta para evaluar la crisis actual que vive la sociedad chilena— donde la mitad de la PEA gana unos 515 dólares mensuales— tiene que ver con la religiosidad desencantada. La Iglesia católica sufrió recientemente un sacudón que, si se conoce lo que fuera el catolicismo chileno, puede asumirse cómo impactó, y las consecuencias que todavía tendrá. Esa institución perdió toda credibilidad cuando en mayo de 2018, en una dimisión masiva sin precedentes, los 34 obispos de Chile ofrecieron su renuncia al pontífice, y tres fueron quitados del medio por el argentino Jorge Bergoglio a raíz de las sucesivas denuncias de abuso sexual sobre menores, pero, sobre todo, por el encubrimiento de los delincuentes apañado por los obispos.
En una escala de 1 a 7 la Iglesia católica pasó de tener un 2,3 el 2018, a un 1,9 en 2019. Según Latinbarómetro, la cifra de chilenos que se declaran católicos bajó de 73% a 45% entre 2008 y 2018.
El camino a recorrer por la ciudadanía chilena es complejo. Numerosas elecciones: de alcaldes, internas, presidenciales, de congresistas. Votación para aceptar, o no, el proyecto de la nueva constitución que estaría lista para abril del 2022. Reglamentación de la misma, en caso de ser positivo el resultado en las urnas. Un proceso que en total puede insumir cuatro años. Paralelamente, un nuevo gobierno que surgirá a finales de 2021, pero que deberá seguir rigiéndose por la actual constitución.
