Los cartageneros, respaldados por el alcalde William Dau, llevan toda la semana protestando por los peajes urbanos de Bazurto, Ceballos, La Heróica y Corralito de Piedra, después de conocer, por cuenta de un informe de la Contraloría General, perdidas ascenderían a los $ 300 mil millones.
Detrás de la empresa Convial que los opera, están cuatro poderosos grupos políticos y económicos de la Costa. Entre los socios de la concesión están los hermanos Julio y Mauricio Gerlein Echeverría, a través de Valorcon S.A., una de las mayores contratistas de la costa Atlántico, con sede en Barranquilla.
También están los García Romero a través de Proyectos SA, cuyo representante legal es Iván Alberto García Romero y KMC SAS, cuyo representante es Jorge Karduss Urueta.
Otro de los accionistas es la firma Álvarez y Collins S.A, propiedad de Carlos Collins Espeleta, quien ya en el 2017 acumulaba deudas superiores a los $10.000 millones, razón por la cual la Superintendencia de Sociedades ordenó su liquidación. También ocasionaron la catastrófica demora de las obras del túnel de La Línea, que le ocasionaron sobre costos a la obra inaugurada finalmente el año pasado.
La presión sobre el consorcio Convial es mayúscula, pero estos están reacios a negociar unos nuevos términos y quieren continuar con el contrato al pie de la letra a pesar de los cuestionamientos frente a su manejo. René Osorio, gerente de la Concesión Vial, indicó que aún faltaría 0,36% para que se cumpla la recuperación de la inversión realizada en la ejecución de las obras.
