Desde 1991 se viene diciendo que el Estado se está transformando y que se sale del modelo burocrático para meterse en el modelo gerencial, destacando que dicho cambio se hace para cumplir el espíritu de la Constitución Política. Efectivamente, en estos treinta años el Congreso ha expedido varias leyes en ese sentido, es decir, creando el piso jurídico para construir la transformación, ya que, en un Estado de derecho, solo se puede hacer lo que la ley permite.
Sin embargo, otros fenómenos se observan en la vida real, por cuanto existen factores estructurales que impiden o retardan la transformación, que llaman modernización, pero que, realmente, es una postmodernización del Estado. Entre esas barreras está el régimen político con sus sistemas imperantes, que impone limitaciones al logro de la viabilidad real del modelo de Estado Gerencial. Los reductos del modelo burocrático son más pesados que los propósitos de cambio y con ello se crea una confusión donde confluyen los conceptos de gerencia pública, las normas jurídicas, la operación del servicio civil, la actitud del funcionariado y las acciones cotidianas de la administración pública.
De acuerdo a conceptos de carácter gerencial, las organizaciones deben soportarse en un sistema de procesos que están clasificados según el papel de cada uno en el engranaje de la organización y en este complejo, el todo en su conjunto, requiere del direccionamiento estratégico que señala la ruta por donde debe marchar la totalidad de la organización, hacia el horizonte definido con base en los fines organizacionales. Entonces se deduce que, si el Estado es de carácter gerencial, el organismo debe adoptar los patrones operativos que recomienda el marco conceptual.
Pero en la vida real no es así. Los fundamentos, algunos con antigüedad mayor a dos mil años, los intereses creados por las élites para su beneficio, la baja efectividad de los procesos institucionales y la resistencia al cambio que predomina en la ideología, son fuertes factores para complejizar más el conjunto y generar todo tipo de interpretaciones, posturas y planteamientos que en lugar de converger, propician la divergencia y con ello un escenario de conflicto.
La separación de poderes públicos tiene origen en la antigua democracia griega, cuando la clase explotada, los esclavos, no se consideraban parte de la sociedad y la ciudadanía se preocupaba por la concentración del poder en un solo órgano y la necesidad de realizar la vigilancia mutua de unos con otros, para evitar el desborde en el ejercicio del poder, en lo que hoy se llama control político. Todos se vigilaban entre todos. Pero más adelante en la historia se crea el Estado Moderno que adopta por similitud el esquema de la división de poderes y mantiene el control político entre el legislativo y el ejecutivo; pero parece, según lo vemos hoy, que el judicial pretende ser omnímodo, como en la época del absolutismo, yendo en contravía de los fundamentos históricos de la democracia y de los principios de la organización gerencial que se pretende para el Estado contemporáneo.
Se complica con ello el entendimiento sobre qué es lo que debe existir en la realidad; o es que existe un vacío constitucional que no permite examinar con claridad el ordenamiento institucional y el direccionamiento jurídico. Así, se afecta la intención de que el Estado sea una respuesta pertinente a la realidad histórica y lo que está ocurriendo es que se enredó más la madeja.
