Quizás los más preocupados con el “golpe de estado” que el gobierno le está dando al sector de la salud, tras el hundimiento de la reforma por la Comisión Séptima del Senado, son los que prestan ese servicio: los médicos.
Yo siento en mi entorno más próximo esa preocupación, porque mi esposa es médica otóloga.
Hace menos de un mes, ella tuvo que extraer, a través del oído, un tumor que un paciente tenía muy cerca al cerebro. La intervención, realizada en la Fundación Valle del Lili la mejor clínica del país, era tan compleja que se prolongó por espacio de diez horas. Por fortuna, resultó un éxito. Lo mejor de todo es que el paciente no tuvo que desembolsar un peso porque los costos de la operación fueron asumidos, en su totalidad, por su EPS.
Otro procedimiento que con frecuencia realiza mi señora es poner implantes cocleares, que básicamente consiste en colocarles a personas totalmente sordas un aparato que le permite oír. Un verdadero milagro. Cada implante de esos puede valer $50 millones. Y la mayoría de ellos los financian las EPS.
Esos son tan solo dos ejemplos de los beneficios que el actual sistema de salud le genera a la población. Y sobre todo a los menos favorecidos. Porque un rico se las rebusca para conseguir los millones que vale un implante coclear. Pero el pobre que tiene la maldición de carecer del sentido de la audición, si alguien no le financia el implante, está condenado a estar sordo de por vida. Y es muy triste que alguien esté en esa condición cuando la ciencia ya inventó la tecnología que permite superarla.
La verdad verdadera, más allá de los discursos populistas del ministro de Salud y de los más funcionarios de esa rama, es que los grandes perjudicados con la destrucción de ese sistema van a ser las personas de bajos recursos.
La preocupación de los médicos no es económica. De hecho, a ellos les resultaría mucho mejor que todas las operaciones que hacen las tuviera que pagar las medicinas prepagadas, que pagan una tarifa mucho mayor que las EPS. O que las costearan los bolsillos de los particulares.
La angustia de los médicos surge de la posibilidad de que a su consultorio llegue un paciente que requiera una operación y no tenga cómo costearla. ¿Qué pasará con ese paciente desprotegido?
La angustia de los médicos surge de la posibilidad de que a su consultorio llegue un paciente que requiera una operación y no tenga cómo costearla. ¿Qué pasará con ese paciente desprotegido?¿de dónde sacará los $50 millones que cuesta el implante coclear?
El actual sistema de salud ha permitido que en una cama de la Unidad de Cuidados Intensivos de la Valle del Lili esté un empresario exitoso y en la cama de al lado se encuentre una persona de bajos ingresos, o sin ingresos, que pertenece al régimen subsidiado y a la que su EPS le costea su tratamiento.
Es decir, el actual sistema es incluyente y le ha permitido al 96% de la población colombiana tener cobertura en algo tan vital como es la salud. Hace 30 años, cuando el cuidado de la salud era un monopolio estatal, que ejercía el Instituto de los Seguros Sociales, apenas la tercera parte de la población colombiana tenía acceso a ese servicio. Y a una atención pésima.
Por supuesto el sistema colombiano no es perfecto, como no lo es ningún sistema de salud en el mundo. El problema, como muy bien explica el exministro Alejandro Gaviria, parte del hecho de que las expectativas y las necesidades de la población en el campo de la salud, superan con creces los recursos de los estados.
Evidentemente algunas EPS se apartaron de su misión de prestar un buen servicio y terminaron quebradas o intervenidas. Las leyes del mercado se encargaron de eliminarlas. Algo muy distinto de lo que está ocurriendo hoy, porque Sanitas no fue intervenida porque estuviera prestando un mal servicio, sino porque fue quizás la empresa que ha defendido el actual sistema. Y el señor Gustavo Petro, que está poseído por una soberbia mentalidad de dictador, castiga sin piedad el disenso.
Lo que ha hecho este gobierno para imponer el modelo de salud que le gusta es maquiavélico. Por un lado impulsa la reforma que busca sacar al sector privado del sector y por el otro marchita a las EPS para que entren en crisis y poderlas expropiar.
Al gobierno, más que tener un sistema de salud eficiente, lo que le interesa es excluir a los privados del manejo de la salud. “La salud no puede seguir siendo un negocio”, afirma cada vez que puede el patético ministro de Salud. Con ese criterio, no existirían ni las Universidades de Harvard, ni de Oxford ni Notre Dame, Ni de Georgetown. Ni la clínica Mayo, ni el hospital John Hopkins.
Todas entidades son “negocios” en el sentido que cobran por sus servicios y buscan generar utilidades, que generalmente reinvierten para mejorar esos servicios. Ojalá todas las EPS en Colombia obtuvieran utilidades para que invirtieran parte de esas ganancias en mejorar los servicios que prestan.
Que los colombianos podamos escoger la empresa de salud que preferimos y que las empresas del sector compitan por tener el mayor número de usuarios es una conquista enorme que no nos podemos dejar arrebatar por la tara ideológica de un gobierno.
Ya el Senado, la rama legislativa, hizo lo que le correspondía para evitar que el gobierno destruya el actual sistema de salud: hundió su nefasta reforma. Ahora le corresponde intervenir a la rama judicial, concretamente a la Corte Constitucional que tiene que ponerle límites a las intervenciones y a las demás perversas jugadas con las que el gobierno pretende aniquilar el actual sistema de salud y revivir el monstruo del Seguro Social.
