Nunca faltarán pobres en tu tierra, dijo Jesucristo. Marcos17:7 Para atenuar la profecía, toda la batería de programas sociales de los gobiernos se orienta a crear mecanismos asistenciales que reduzcan la brecha entre sectores educados, productivos, con altos niveles de vida y otros muy al margen de esos beneficios. La política pública ideal es que se haga a través del sistema fiscal: que los impuestos que paguen personas y empresas de más altos ingresos financien las ayudas a los más pobres, y que sean los impuestos un instrumento de redistribución del ingreso. Casi nunca sucede.
En Colombia la distribución del ingreso antes y después de impuestos no varía mayormente, aunque los índices de pobreza venían disminuyendo hasta 2016 pero aumentaron de nuevo en 2018, que son las cifras más recientes del Dane. Los datos son desalentadores: en 2018 la pobreza monetaria llegó al 27 %, 13 millones de personas que ganan menos de $257.433 mensuales u hogares de 4 personas que ganan menos de $1.029.732 mensuales. En pobreza extrema, ingresos por debajo de $117.605 mensuales, había 3,5 millones de personas. Por años diferentes gobiernos han ido estableciendo programas de beneficio social, Sisben, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Adulto Mayor, que han llegado muchos de esos pobres, pero no a todos. Hoy el desborde de los índices de desempleo ocasionados por la cuarentena nacional ha llevado esa situación a niveles dramáticos, a pesar de los subsidios adicionales (dádivas y créditos) establecidos para compensar en algo el daño que causa el inútil encierro y que deberían ser mucho más sustanciosos y más basados en endeudamiento público.
Una solución que han propuesto al Gobierno Nacional 53 senadores, que en su conjunto son la oposición, es el establecimiento de una Renta Básica de un salario mínimo, por tres meses, a familias que suman 29 millones de personas, con un costo de 29 billones de pesos, financiados principalmente con una diminución de la base del impuesto a los grandes patrimonios y un aumento de las tasas. Es pues más una ayuda transitoria a muchas más de las personas que están bajo la línea de pobreza monetaria, que un esquema permanente de garantía de ingresos, como debería ser. Y sería gigantesca. Una especie de helicóptero monetario, llenar de dinero el bolsillo de los consumidores, sin intermediarios, para relanzar el consumo. (ideado por Keynes).
El proyecto, muy bien intencionado, tiene dificultades. No tiene ni origen ni apoyo gubernamental. No parece que un momento de recesión económica sea el mejor para gravar los patrimonios. El recaudo histórico del llamado impuesto a la riqueza ha sido bajo. El debate parlamentario llevaría mucho más de los tres meses propuestos (las emergencias por definición son ya). El recaudo tributario para financiarlo, que regiría en el 2022 solo entraría en el 2023. No hay claridad sobre los destinatarios de esa ayuda, ni sobre si sería complementaria a las que ya se están dando. Pero la idea es importante y debería debatirse en un contexto diferente como poderoso instrumento permanente para crear una sociedad más equitativa. Es una idea a la que le está llegando su tiempo.
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No se puede hablar de hogares pobres y vulnerables, de trabajadores de micronegocios e independientes en condición de vulnerabilidad, que son 60 % del país, como en el proyecto de los 53 senadores
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En España, después de años de debates, acaba de instaurarse el Ingreso Mínimo Vital, IMV, pagadero de modo permanente a partir de este mes a 850.000 hogares vulnerables, que busca sacar de la pobreza extrema a 1,6 millones de personas a un costo estimado de 3.000 millones de euros. Un 26,1 % de la población española está en riesgo de pobreza, un 13 % subsiste con menos de 8.871 euros al año;12,4 % en pobreza severa subsiste con menos de 5.914 euros al año, y hay más de 120.000 hogares sin ingreso alguno. El IMV va de 461,5 euros mensuales para quien vive solo hasta 1.015 para las familias, sin tener en cuenta los salarios sociales autonómicos. Muy focalizado, dada la información disponible sobre las necesidades de la gente, financiado con impuestos, lo cual supone la capacidad de la economía para pagarlos.
La focalización debería ser la clave de la aplicación de la idea en Colombia. No se puede hablar de hogares pobres y vulnerables, y de trabajadores de micronegocios e independientes en condición de vulnerabilidad, que suman el 60 % del país, como lo hace el proyecto de los 53 senadores, sin saber exactamente quiénes son, qué ayudas están recibiendo y cuál es su situación familiar. La idea debería ser convertir una dádiva transitoria para pobres en un derecho permanente y digno para quien realmente lo necesite, y ver cómo se va a pagar.
Lograr que coexista un modelo económico de estímulos a la generación de empleo y riqueza, con altos niveles de tributación que permitan darle una vida digna a quienes están marginados de él, sería la gran apuesta de un gobierno responsable en el futuro. O mejor, la gran propuesta de un candidato presidencial que asuma el tema, sin duda el más urgente de todos puesto que armoniza la libre empresa y la responsabilidad social del Estado alrededor de un propósito nacional.
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