Los planes de desarrollos territoriales —entiéndase, los departamentales y municipales— son aquellos instrumentos legales y técnicos por medio de los cuales se trazan los objetivos de los gobiernos durante un periodo determinado. En síntesis, cuando se habla de plan de desarrollo, estamos ante el elemento que marca los destinos de los 32 departamentos y de los 1101 municipios del país durante los próximos cuatro años (2020-2023)
Estos instrumentos de planificación y herramientas de gestión pública tienen su reglamentación en la Ley 152 de 1994, conocida como ley orgánica de planeación. La anterior determina que estos tendrán: una parte general, aquella donde se consignarán todos los proyectos, políticas y acciones a realizar por los gobiernos con los indicadores y metas que permitan la evaluación del cumplimiento; y un plan de inversiones, que no es otra cosa que los recursos que se utilizarán para cumplir con todo lo propuesto por el gobierno de turno.
A fecha de hoy, todas las 32 asambleas y 1101 concejos municipales de nuestro país deben tener radicados el proyecto de ordenanza y acuerdo mediante el cual se adopta el plan de desarrollo departamental y municipal respectivamente. Sin embargo, hoy estamos ante una realidad histórica distinta, el mundo cambió por el inclemente coronavirus. Colombia no ha sido ajena a esto.
La emergencia desatada por el COVID-19 genera una crisis social y económica sin precedentes. Se prevé que el crecimiento de nuestra economía se verá afectado, que millones de personas perderán sus empleos, que nuestros sistemas de salud colapsarán y que, como ya lo vemos, decenas de personas perderán hasta su vida. Sin duda, la aparición del coronavirus causará efectos directos e indirectos en los departamentos y municipios de Colombia, lo cual obliga necesariamente a reinventarse y a generar dinámicas de gobierno distintas que garanticen una correcta atención de la emergencia. Es vital tener listo el itinerario para el día después de esta pandemia.
Los concejales y diputados tienen la tarea de revisar esos planes radicados, además de facilitar que los ciudadanos puedan participar a través del uso de las tecnologías. Aun en la emergencia, estas discusiones deben ser de cara a la ciudanía, más cuando todavía no estamos seguros de si los mandatarios locales y sus equipos han entendido que la realidad es otra y que así como los ciudadanos hemos modificado nuestros planes, los del gobierno también tiene que cambiar.
Solo en los próximos días y en el ejercicio de gobierno de los próximos cuatro años podremos saber si los planes cambiaron.
