El título efectista de esta nota es sobre todo autoría del Contralor Carlos Felipe Córdoba. “Yo tengo 8 perros”, dijo durante una intervención reciente en un encuentro de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, realizado en Barranquilla. Les hablaba a juristas del caso de Hidroituango. Y su oficina de prensa logró que esa frase se convirtiera en titular en diversos medios. El Contralor no habló de debido proceso, de justicia, de ecuanimidad, palabras que serían más coherentes con su cargo. No. Mencionó a su mamá y a los perros, en una expresión soberbia que revela el tono que le ha impuesto a esta investigación. Él no dijo el nombre de ninguno de sus perros, pero es evidente que son rabiosos y que confía en que lo protegerán de quien quiera acusarlo de la evidente arbitrariedad con la que está violando derechos y ley.
Repasemos. La Contraloría se equivoca al responsabilizar a empresas y funcionarios de los daños de Hidroituango y en desconocer que la contingencia, aún con sus graves efectos, fue ocasionada por un hecho imprevisible. En más de 2.000 páginas no presenta evidencia de lo contrario.
Pero ya que la entidad insiste en hallar culpables, no se entiende porqué excluyó a los exalcaldes Federico Gutiérrez y Aníbal Gaviria y al exgobernador Luis Pérez, que tuvieron bajo su supervisión el diseño y la construcción, entre 2016 y 2017, de la Galería Auxiliar de Desviación (GAD), cuyo colapso fue el origen de todo. En cambio, ha responsabilizado, por ejemplo, al exgobernador Luis Alfredo Ramos y al exalcalde Alonso Salazar cuyas actuaciones, hasta el 2011, son lejanas y sin relación directa con la GAD.
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La Contraloría ha excluido el robo y la corrupción en la investigación sobre Hidroituango. Esto es fundamental subrayarlo porque entonces la pregunta que ha tratado de responder es si hubo equívocos deliberados en cuestiones técnicas y administrativas, en el conjunto de acciones necesarias para construir una hidroeléctrica de este tamaño, durante diez años transcurridos, antes de la contingencia. La Contraloría ha respondido que sí, que 26 personas y empresas tienen responsabilidad, culpa grave, y enumera una larga lista de hechos que habrían sido causa del daño y del detrimento patrimonial de 4,3 billones.
Lo que escandaliza es que –hablando de alcaldes, gobernadores y gerentes, principales responsables de la obra– haya excluido de antemano a quienes iban ya sobre el tercer año de sus mandatos, tiempo en el que se construyó la Galería Auxiliar de Desviación (GAD), que colapsó en abril de 2018.
La Contraloría miró al pasado, hasta diez años atrás (2008), a los inicios de la obra; retomó, revolvió tiempos, no caracterizó ni jerarquizó responsabilidades de entidades y personas, relacionó de manera arbitraria supuestas causas con la consecuencia. Encontró culpables a quienes estuvieron “al frente” entre el 2008 y 2011 (en rosado, en el cuadro). Además de liberar de responsabilidad a quienes gobernaron y eran responsables entre el 2016 y el 2018 (en azul).
Vuelvan al cuadro: Entre 2012 y 2015, se puede ver la arbitrariedad con la que incluyó y excluyó responsables, que es evidente también en la escogencia de los miembros de junta y funcionarios a los que les asigna responsabilidad.
Los perros, con certeza, no le servirán al Contralor, para evitar que otras instancias nacionales e internacionales desnuden la trama antijurídica con la que busca influir las elecciones presidenciales próximas, sin importarle los daños colaterales, la grave afectación de la vida de personas honestas que dedicaron su vida al servicio público.
Queda la incógnita sobre los nombres de los perros del sr. Contralor.
*Exalcalde de Medellín (2008-2011).
