El Comité Nacional del Paro (CNP), que tuvo sus inicios el pasado 28 de abril, acertó: haber tomado la decisión de levantarse de la mesa de conversaciones –más que de negociaciones– debido a la falta de responsabilidad y seriedad del gobierno nacional; suspender temporalmente las convocatorias de manifestaciones regulares que se estaban realizando, puesto que ese mismo Gobierno, al unísono con los grandes medios de comunicación, se dieron a la tarea de echarles encima la opinión pública, haciendo énfasis en los desatinos y actos de violencia de unos pocos; también acierta el CNP en complementar la estrategia presentando diez proyectos de ley que resumen las justas aspiraciones de los millones de personas que se han manifestado desde entonces.
Duque y su gobierno, con unos medios de comunicación cooptados, han regado el argumento de que los protestantes tienen que acudir al más alto recinto de la democracia, el Congreso de la República, para plantear sus reclamaciones. Pues bien, ya está en manos de ese parlamento, con mayorías duquistas, convertir en leyes esas peticiones y aspiraciones. Con esto, el balón vuelve a quedar en la cancha del gobierno nacional, quien ha tenido una posición ciega y sorda desde la que solo abre la boca para estigmatizar y lanzar represión en contra del pueblo colombiano.
Los proyectos de ley se pueden resumir en: crear una renta básica de emergencia de un salario mínimo mensual vigente por 12 meses para 7,5 millones de hogares que están en la pobreza. Matrícula cero en educación superior para que en el país se pueda acceder al pregrado y posgrado, con nuevos recursos del presupuesto nacional. Fortalecimiento de la red pública de salud con su dignificación y formalización laboral, resolviendo de inmediato su desfinanciación y además la atención a la salud mental de sus trabajadores. Apoyos para la reactivación económica de mipymes y la generación de empleo. Apoyos a la reactivación del sector agropecuario.
Asimismo, derogatoria del Decreto 1174 de 2020 sobre protección social, puesto que es una contrarreforma laboral y pensional que va en contravía de lo preceptuado por la OIT. Acciones de promoción, prevención y capacitación para luchar contra las violencias basadas en el género. Garantías para el ejercicio del derecho a la protesta pacífica. Reforma al Estatuto de Juventud (Ley 1622 de 2013) a fin de hacerlo más efectivo e incentivar su participación. Y la reforma profunda a la Policía Nacional.
El CNP indicó que mantiene “las banderas por la defensa de la vida, la democracia, la paz y los derechos y lucha contra el paquetazo neoliberal del gobierno de Iván Duque. Tal como lo habíamos anunciado el mes pasado, vamos a insistir ante el Congreso de la República en esta última legislatura... Y lo hacemos porque el gobierno nacional no quiso discutir estas propuestas con el CNP al bloquear toda posibilidad de una negociación, al estigmatizar, al dar tratamiento de guerra a la protesta y al reaccionar con violencia contra las y los manifestantes... En el gobierno nacional pesó más la soberbia, la sordera y la nula responsabilidad con las necesidades y urgencias de la población colombiana”.
El balón se trasladó al Congreso de la República. ¿Será capaz de independizarse de Duque?
