Son las 4 de la mañana y el sol aún no aparece. Las nubes empiezan a abrirse, le dan paso a algunos rayos mientras van llegando hombres y mujeres, niños y niñas a llenar el ambiente de expectativa.
Estamos en Villavieja, Huila, en un predio de propiedad de excombatientes de las FARC-EP decididos a echar a andar proyectos económicos sostenibles que les permitan vivir en mejores condiciones mientras impulsan lo que ellos llaman desarrollo territorial en las zonas donde antes rondaba la guerra.
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Después de un arduo proceso de seis meses de siembra y engorde, por fin realizaron su primera pesca de mojarras y cachamas gracias al trabajo del proyecto piscicultura del Común de Economías Sociales del Común, Ecomun, la entidad creada por el Acuerdo de Paz para la reincorporación social y económica.
Pesca
Con el amanecer llegan los trabajadores del lugar a mover las redes dentro del estanque. Para Jhon Jairo, el encargado de la operación, es un día de recoger los resultados de las jornadas diarias: “Nos levantamos a las 5:30 y revisamos los lagos, que no hayan pescados muertos por falta de oxígeno. Los alimentamos 3 veces al día”, señala.
Su testimonio deja ver el esfuerzo de las personas firmantes de paz para hacer de sus proyectos productivos, un ejercicio sostenible aunque muchas veces no encuentre eco en las decisiones del gobierno.
Las 15 toneladas recolectadas esta vez en presencia de delegadas y delegados de la Agencia de Reincorporación Nacional, la Gobernación del Huila, CISP y la Unión Europea dan cuenta de la dedicación de personas como Jhon y como Jimmy Solano, también excombatiente, quien cumple la labor como gerente aprendiz del proyecto piscícola en el nodo suroccidente.
Según indicó este proceso “ha sido un camino tedioso que hemos superado con esfuerzo y dedicación. El reto era mostrar que podíamos salir adelante y lo podemos ver en la pesca… No se trata de un proyecto individual, se trata de una apuesta colectiva”.
Incumplimientos y reforma rural integral en vilo
Pero no todo ha sido una victoria. Eloisa Rivera, excombatiente y representante legal de Ecomun, sentenció que a 5 años de la firma del Acuerdo de Paz el predio de Villavieja es el único que es de propiedad de los excombatientes: “Con esfuerzo y sacrificio de los firmantes hemos logrado este proyecto que, gracias al acompañamiento de la Unión Europea. No hemos recibido todavía ni una sola hectárea para la reincorporación económica y social”.
Por su parte Omaira Rojas, presidenta del Consejo de Administración de Ecomun, indicó que fue una deuda del 1.200 millones adquirida con la Cooperativa Confiar la que permitió comprar los predios en los que hoy siembran los peces de la paz.
Según Juan Camilo Londoño, también integrante del Consejo, el gobierno anterior no entregó tierras y tampoco frenó los asesinatos a las personas firmantes, una realidad que les ha imposibilitado avanzar en su propuesta de desarrollo territorial a través de los proyectos productivos.
“Esperamos que el nuevo gobierno, que habla en sus planes de la Economía Popular, tenga en el radar que Ecomun hace aportes reales para avanzar en este aspecto, que urge tener mecanismos para avanzar en la implementación y que los dineros de la paz deben dejar de estar en manos de quienes se los roban”, argumentó.
Este proyecto demuestra, como ningún otro, que el compromiso de las personas firmantes de la paz se mantiene pese a las adversidades.
El gobierno entrante tiene una enorme deuda que pagar con la vida de los y las excombatientes, también con el futuro de sus proyectos productivos. Ese es el llamado de quienes creen en que sí es posible una Colombia en paz.
