El 18 de febrero del presente año se conoció el fallo definitivo de la Corte Constitucional frente a la demanda interpuesta por integrantes del Polo Democrático, en el que se declaró inconstitucional el artículo 173 de la norma 1753 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) en el que estaba permitida la exploración y explotación minera en los páramos de Colombia.
En esta decisión también se regularon los artículos 20,49,50,51 y 52 del PND, siendo el artículo 20 el principal obstáculo para que los entes locales tomaran decisiones y responsabilidades frente a la legitimidad en los procesos de otorgamiento de las licencias ambientales para el sector minero.
La Corte aclaró en esta importante decisión que quienes tuviesen licencias ambientales otorgadas sin prorroga, por no haber culminado el proyecto, ya no podrán seguir haciéndolo.
“Eso era lo que jurídicamente tenía que pasar” dice Julián Prada Betancourt, personero de Ibagué, quien se muestra a favor en la misma línea de la Corte Constitucional. Esta decisión representa un grave obstáculo para el PND del actual gobierno, donde se evidencia --y lo ratificó la viceministra de Minas el viernes 19 de febrero,--en el debate sobre la conveniencia de la Consulta Popular en Ibagué, que se espera la minería sea el gran salvador económico que saque a Colombia de la pobreza, y que pone en discusión el desarrollo económico al que van encaminados, pues como lo demuestra un estudio de la Universidad Externado de Colombia, por parte de la minería el país recibió 9.8 billones de pesos en el año 2013.
El Tolima, la apuesta minera del gobierno colombiano
Sin duda, el proyecto minero La Colosa en Cajamarca, Tolima, es uno de los proyectos de minería a gran escala más ambiciosos de Latinoamérica, llevado a cabo por la Multinacional Anglo Gold Ashanti (AGA), la tercera productora de oro más grande del mundo. Este es un motivo por el cual miles de activistas, no solo de Colombia sino del mundo entero, ponen sus ojos en analizar este fenómeno por atentar entre otros, contra el recurso y el derecho al agua de la población.
Actualmente el proyecto La Colosa se encuentra en etapa de exploración. El paso siguiente que sigue es realizar el EIA (Estudio de Impacto Ambiental) y sobre este, el Estado decide si es otorgada o no la licencia para explotar. Lo preocupante es la negación del Estado en realizar sus propias investigaciones sobre el verdadero daño ambiental y social que generaría la realización de este proyecto.
El proyecto minero La Colosa obtuvo licencia ambiental para la exploración en una zona conocida como el Páramo Los Nevados y contrasta con lo que asegura Anglo Gold Ashanti en un comunicado de prensa, en donde la multinacional señala que no hace minería en páramos pues lo determinan como criminal.
Juan Castillo, gerente ambiental del proyecto La Colosa de AGA, manifiesta que renunciaron a todos los títulos mineros que estaban en los Páramos y se abre una nueva discusión, al asegurar que oficialmente los páramos del país no están delimitados. Mientras esto ocurre, la multinacional minera realizó sus propios estudios delimitando los ecosistemas de la parte alta del río Coello, renunciando ante la Agencia Nacional Minera (ANM), a los títulos que, según ellos, se encontraban en las zonas ambientales protegidas.
De-limitación de los Páramos Colombianos
Oficialmente solo el páramo de Santurbán, Santander se encuentra delimitado. El resto de los páramos colombianos, aunque ya realizada la delimitación por parte del Instituto Von Humboldt, no están oficialmente delimitados por parte del Ministerio del Medio Ambiente, mediante un instrumento jurídico oficial. Este tema es mucho más complejo si se aborda no solo desde los páramos, sin tener en cuenta otras zonas que se deberían proteger, como los bosques de niebla o los ecosistemas de amortiguación de los páramos. "Ningún ecosistema está aislado de otro", asegura Prada.
La segunda reacción de AGA frente a la decisión de la Corte Constitucional, es sobre la minería, que ellos catalogan también, como extracción ilegal. Según fuentes de la multinacional, que solicitaron no revelar su identidad, el 98% de la minería en paramos es ilegal y mientras esto ocurra, las normas solo se exigirán a las empresas mineras legales.
Sí hay que mencionar que la minería ilegal, al igual que la legal, contribuye al deterioro ambiental. También es importante diferenciar entre la minería ilegal y la minera artesanal o tradicional, aquella que se ha practicado por mucho tiempo en distintos territorios y que el nivel de afectación es casi nulo, como lo menciona el personero.
¿Y en Ibagué, cuál es el panorama minero?
Anglo Gold Ashanti tenía otorgados títulos mineros en la quebrada Cay y en la Bocatoma del río Combeima y que luego de presentada una Acción Popular por parte de la personería de Ibagué a Ingeominas, el Tribunal Administrativo decidió suspender dichos títulos mineros, aunque no existe un soporte legal donde se haga referencia a esta renuncia por parte de AGA o suspensión por parte del Tribunal.
Otra mina representativa en la cuidad de Ibagué está a cargo de Feldespatos del Vergel, empresa que siempre ha tenido licencia ambiental para explotar esta gran montaña de la cual se sabe, nacen dos quebradas importantes para abastecer 2 de los acueductos comunitarios existentes en la ciudad. La quebrada Las Panelas abastece Acuambala y la quebrada La Balsa surte el acueducto comunitario Las Delicias. Ambas quebradas desembocan en el río Chipalo.
De nuevo la Acción Popular es la herramienta con la cual se han podido realizar al menos algunos acuerdos de respeto hacia el medio ambiente. El 21 de Enero de 2010 se firmó un pacto de cumplimiento por una serie de inconformidades presentadas por la comuna 6, a la mina de la empresa Feldespatos del Vergel, por la contaminación de las quebradas Las Panelas, La Cascada y La Mulita. Esto es lo único que se sabe hasta el momento, dice el personero de Ibagué, no hay un conocimiento preciso sobre el cumplimiento o no de dicho pacto.
Gustavo Gómez, gerente del acueducto comunitario Acuambala hace referencia a la disminución del cauce de las quebradas, más que por la contaminación, por la deforestación, la tala de los árboles de la montaña, donde la mina de Feldespatos tiene licencia ambiental otorgada por Cortolima.
En conversación telefónica la señora Marcela Sierra del departamento de Recursos Humanos de la mina del Vergel en Ibagué asegura que la decisión de la Corte no los afecta y que aún no es permitido hablar de la Consulta Popular, porque es una propuesta que no se ha aprobado del todo por la cuidadanìa.
Los que ganan
Sin duda alguna los páramos y ecosistemas del país, un paso más, que como lo menciona Julián Prada, pone fin a un debate y abre nuevas discusiones sobre de la minería en Colombia, cuando se reflexiona sobre el momento de re pensarse y organizarse territorialmente en voz de priorizar la conservación de los ecosistemas y ser conscientes de ellos, para así mismo contemplar una posible explotación.
Con la decisión de la corte el futuro de la Consulta Popular es cada vez más alentador, así como con la aprobación de esta propuesta el 29 de Febrero por el Concejo de Ibagué. Tratando de competir con las regalías y el desarrollo económico que plantea la minería, se espera el Tribunal Administrativo disponga su determinación, otorgando al municipio la autonomía para la consideración de proyectos mineros.
