A las informaciones que ha venido entregando la multinacional Cerrejón a la prensa hablada y escrita, tanto Regional como Nacional, respecto al desvío del Arroyo Bruno, y de la cual no podemos extraernos por los innumerables desaciertos que al parecer podrían entenderse como una de las estrategias que ha venido empleando la multinacional para desinformar a la comunidad y a los periodistas despachándose a sus anchas en sus declaraciones. En un artículo anterior en la columna del Diario del Norte denominada “Zapatero a tu Zapato”, refuté con argumentos a las desafortunadas declaraciones de la Vicepresidente del Cerrejón, Lina Echeverry a un articulo de la revista Semana titulado “Cerrejón responde a críticas por desvío del Arroyo Bruno”. Hoy presento este articulo como una manera de opugnar, también con argumentos, las informaciones entregadas por el Presidente del Cerrejón Roberto Junguito a la cadena “W” Radio el día 23 del presente mes. Apuntalando, una vez más, a la desinformación y a la falta de conocimiento que tienen los altos Directivos del Cerrejón sobre la materia.
En la referida entrevista con la “W" el señor Sánchez Cristo pregunta, “en qué consiste el desvío del Arroyo Bruno y cuánto tiempo lleva adelantándose este proyecto”. El señor Junguito aflora su primera cantinflada esquivando la respuesta sobre en qué consiste el desvío del Arroyo Bruno y solo responde la última parte de la pregunta sobre el tiempo del proyecto. Expone así al descubierto su total desconocimiento del tema. La “W” pregunta que “cuanto le cuesta al Cerrejón hacer esta consulta”, responde el Presidente de Cerrejón otra cantinflada más que al analizarla, nos lleva a concluir que no dice nada, enredándose respecto a la comunidad de la horqueta 2, cuando dice textualmente “El caso de esta comunidad que se llama la Horqueta 2, es una comunidad que está aguas arriba del desvío, es decir ya en la parte media y en la parte alta del Arroyo…….”, me pregunto qué quiso decir?. Seguidamente expresa “Una consulta dependiendo de las características puede estar entre 500 millones de pesos a 3.000 millones de pesos, dependiendo los niveles de impacto, como le cuento”. Que desafortunado el Presidente del Cerrejón cuando piensa que las compensaciones y las consultas son para arreglarlas en términos económicos.
Para rematar el asunto y haciendo gala del poco conocimiento en el tema dice: “Digamos el procedimiento estándar es que el Ministerio del Interior a través de unos funcionarios de consulta previa que son expertos antropólogos que conocen al detalle de las obras, es la entidad que debe definir de acuerdo a cualquier proyecto". ¡Que desfase Presidente! Lástima que los periodistas de la “W”, no manejen el tema, que de ser así, lo hubieran desplumado por esas declaraciones. Desconoce el señor Junguito que la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior solo identifica las comunidades que puedan estar impactadas por proyecto alguno, más no necesariamente conocen en detalle las obras, como así lo expresó. Por lo anterior le informo que en la Consulta Previa el Ministerio del Interior coordina el proceso por intermedio de un funcionario de gestión adscrito a su dependencia, y este solo puede hacer lo que expresamente le permite la ley. La Consulta Previa es un derecho fundamental de los grupos étnicos, estipulado en el convenio 169 de la OIT, ligado a la garantía de otros derechos que tienden a garantizar supervivencia, como el derecho a definir y a controlar su propio desarrollo. Sin embargo, un modelo de desarrollo que implica la explotación a gran escala de recursos naturales y privilegia los intereses del capital privado impacta sobre ellos, derivando falta de garantías. Aclaro al Presidente del Cerrejón que las Consultas Previas, son “previas”. Es decir, antes del inicio de la ejecución de las obras. Las comunidades indígenas y afrodescendientes de la zona tienen que tener este requisito como fundamental, pues no es posible que ellos entiendan los impactos de un proyecto si no los conocen, mucho menos la manera como se realizará. Sin ello, es imposible que el consentimiento de los grupos étnicos sea libre e informado, como lo ordena la ley.
Finalmente la “W” le pregunta, “que pasa si la consulta se pierde?. El Presidente de Cerrejón prepotentemente respondió, “en Colombia no hay poder de veto de parte de las comunidades para parar proyectos”. Señor Junguito, le recuerdo que el 25 de Mayo de 2016, la Corte Constitucional en Sala Plena decidió que las Comunidades, los Consejos Municipales, los Alcaldes y los Gobernadores pueden prohibir la minería en sus territorios y como el desvío del Arroyo Bruno es un nuevo proyecto de expansión del Cerrejón, se puede determinar una nueva acción de minería y por ende puede prohibirse. El Presidente del Cerrejón y su Vicepresidente Echeverry, deben asesorarse mejor para entregar informaciones a la prensa, porque lo que vienen haciendo es visibilizar el total desconocimiento que tienen sobre el desvío del Arroyo Bruno. La entrevista de la W puede escucharse acá.
