Está en el Congreso el proyecto de plan de gobierno “Colombia potencia mundial de la vida”, un nombre por cierto rimbombante, donde se consignan todas las acciones que el gobierno pretende realizar en los tres años y medio que le quedan del período constitucional, las cuales se agrupan en cinco capítulos, además de dos definiciones de políticas generales, la de paz y las poblacionales, complementadas con las políticas macroeconómicas.
Sin duda, es un ambicioso catálogo de propósitos con muy buenas intenciones y además pertinente y consecuente con la realidad y los requerimientos del pueblo colombiano, que responde a las expectativas de cambio que generó la elección presidencial. Está claramente definido todo lo que se piensa hacer, o sea que contiene el qué. Pero deja interrogantes acerca del cómo, con quién y con qué herramientas. Por los recursos financieros se ve que no hay problema y que está financiado; pero los medios y el ambiente institucional y operativo, generan dudas.
Por lo general y de acuerdo a la teoría de la planificación, un plan contiene definidos los puntos de llegada, las rutas o trayectorias por donde marchará el proceso y los instrumentos que garanticen la viabilidad real en al marco de la institucionalidad. Pero el plan del presente gobierno muestra debilidades en cuanto al marco de condiciones, supuesto y requisitos que se deben cumplir para facilitar la realización de todas las acciones que contempla este instrumento de gestión gubernamental.
La pregunta que surge es, si se cuenta con la capacidad institucional suficiente para realizar en tan corto tiempo toda la lista de actividades contempladas, ya que no bastan las entidades del orden nacional, sino que requiere de la contribución de los organismos territoriales, a quienes competen varias de las funciones para el logro de muchos propósitos. Y, sobre todo, lo más importante, si la comunidad está suficientemente organizada y cualificada para intervenir en los procesos de gestión necesarios.
En el trasfondo del plan se percibe claramente que para la realización de las acciones, es necesario fortalecer la democracia participativa y la descentralización política, lo cual implica aclarar si el centralismo bogotano está dispuesto a ceder algo de su poder y si las comunidades locales y principalmente los concejos municipales, están dispuestos a satisfacer los requisitos técnicos y organizacionales para que la gestión pública se realice en ese marco, que, por demás, está contenido en el espíritu de la constitución política pero que hoy no ha pasado de ser simple discurso.
Si el llamado plan de desarrollo, que no es más que un plan de gobierno, no contempla el marco de condiciones y requisitos para llevar a cabo las intenciones que contiene, por muy adecuado que sea a la realidad nacional, se queda rezagado frente a los propósitos. Ya vimos el caso: existe similitud del capítulo 5 “Convergencia Regional” con el plan de del período 2010-2014, que, en esa época, no se logró por las mismas razones que aquí se están exponiendo, es decir por la necesidad de que, principalmente en el medio comunitario, se brinden las condiciones apropiadas para la participación social en los procesos de gestión pública; caso contrario, será muy difícil sobrepasar las rémoras del plan nacional.
