El pasado viernes, el gobierno emitió el decreto 575, que exigió a los gobernadores de ocho departamentos y a los alcaldes de 13 municipios del país supeditar sus poderes de vigilancia y mantenimiento del orden público a las autoridades policiales y militares. La norma afecta principalmente a tres regiones del país: el sur, suroccidente y el Eje Cafetero, aunque hay incluso involucrados municipios de la Sabana de Bogotá.
El decreto ordena a los mandatarios regionales y locales que utilicen la asistencia militar de manera obligatoria. Exige a los gobernantes levantar los bloqueos, decretar toques de queda para evitar enfrentamientos, recuperar “la productividad y la movilidad” y capturar a los responsables de actos vandálicos. En caso de no cumplir, los mandatarios se someten a sanciones por los entes de control. La norma fue rechazada por mandatarios como Claudia López, pero se mantendrá para buscar orden en sectores altamente convulsionados.
Los mayores afectados son los mandatarios del Valle del Cauca. No solo la gobernadora Clara Luz Roldán, del Partido de la U, está sometida a este decreto. También se encuentran en el mismo el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina; de Palmira, Óscar Escobar (ambos de la Alianza Verde); de Yumbo, John Jairo Santamaría (Liberal); de Buga, Julián Adolfo Rojas (coalición liderada por Colombia Justa Libres) y de Buenaventura, Víctor Hugo Vidal (de Colombia Humana y el Polo).
Clara Luz Roldán y Jorge Iván Ospina deberán lidiar con la militarización.
En todos estos municipios del Valle se han registrado graves bloqueos y enfrentamientos entre los manifestantes y la Fuerza Pública, siendo especialmente críticas las jornadas en Cali que, solo el pasado 28 de mayo, dejaron 13 muertos. Estos hechos de violencia se han extendido por todo el departamento, además de afectar gravemente el transporte de carga y pasajeros. El puerto de Buenaventura es el más afectado por los bloqueos.
En esta región también se encuentran involucrados los gobernadores de Cauca, Elías Larrahondo (Cambio Radical) y de Nariño, Jhon Rojas (independiente). También están los alcaldes de Popayán, Juan Carlos López, elegido por la Alianza Verde, pero con un amplio capital liberal y santista; de Pasto, Germán Chamorro (la U) y de Ipiales, Luis Fernando Villota (liberal).
En estas regiones el mayor problema está en las manifestaciones indígenas como las mingas que se tomaron Cali a principios de mayo, y los bloqueos sobre la Vía Panamericana que impiden el tránsito de carga desde y hacia Ecuador. El caso puntual de Pasto resalta un grave desabastecimiento que dejó sin combustible ni alimentos a la capital nariñense.
El caso del sur del país se concentra en los gobernadores de Putumayo, Álvaro Granja (Alianza Social Independiente); Huila, Luis Enrique Dussán (Liberal) y Caquetá, Arnulfo Gasca (Conservador). Indígenas y campesinos caqueteños han bloqueado la principal vía de acceso a la Amazonía a la altura de Pitalito. Además se encuentra el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz, oficialmente independiente pero avalado por Cambio Radical, quien pidió más diálogo porque la situación no es tan crítica en la capital huilense.
En el Eje Cafetero los problemas se concentran en Pereira, donde la crisis provocada por la muerte de Lucas Villa ha generado semanas de protestas y enfrentamientos. Por esto, Duque llamó en el decreto a que el alcalde de la ciudad, Carlos Alberto Maya (liberal), y el gobernador de Risaralda, Víctor Tamayo (conservador) recuperen el orden.
Otras regiones han entrado a problemáticas particulares: la orden al alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, independiente asociado al exalcalde y precandidato presidencial Rodolfo Hernández, surge por las quemas de estaciones del sistema Metrolínea. Lo mismo ocurre con el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano (conservador), quien no solo afronta los bloqueos en las carreteras sino el riesgo de presuntas infiltraciones y paros armados del ELN y disidencias de las Farc.
Finalmente, dos municipios de la Sabana de Bogotá están en el ojo del huracán. Tanto Madrid como Facatativá han sido sedes de brutales enfrentamientos con el Esmad. En el caso de Madrid, el alcalde Andrés Tovar, de Cambio Radical, ha sido fuertemente criticado por permitir los bloqueos y el incendio a un peaje que afectan la calle 13, la principal salida de Bogotá.
