En el año 2009, La Guajira abrió una convocatoria para licitar el diseño y construcción de 59 instituciones educativas en todo el departamento. Algunas de las obras serían remodelaciones o ampliaciones y otras construcciones nuevas. Una vez abierto el proceso licitatorio, el departamento en una decisión sospechosa estipula como requisito obligatorio para los participantes del proceso la visita de obra (esto ya no es obligatorio en los procesos licitatorios), pero lo grave de este requisito es que se exigió a los oferentes que las visitas en los 59 sitios a intervenir se harían el mismo día y a la misma hora, y con la presencia obligatoria de un arquitecto o ingeniero civil en cada una de los Instituciones Educativas; en otras palabras, que los interesados tenían que tener a su disposición 59 profesionales el mismo día y a la misma hora a lo largo y ancho de todo el departamento de La Guajira. Esta exigencia, por obvias razones, evitó la libre concurrencia y la participación de más oferentes, y en el proceso ya direccionado solo se presentaron dos proponentes.
El ganador del proceso resultó siendo la UNIÓN TEMPORAL DEL NORTE, una firma constituida por dos empresas muy reconocidas en la costa: Ávila Ltda. de la Guajira y H & H Arquitectura de Barranquilla, esta última, si recordamos bien, resultó implicada en el carrusel de la contratación de Bogotá, como asociado del Grupo Nule. Esta empresa, después de suscribir el contrato en mención, se declaró en quiebra y hoy en día no sabemos cómo es su situación en la Unión Temporal constituida para la ejecución de estas obras.
Producto de este proceso licitatorio, se suscribió el Contrato 770 de 2009, y se pactó inicialmente por un valor de noventa mil millones de pesos ($90.000'000.000.oo) para ser ejecutado en un plazo de 26 meses, incluyendo una etapa inicial de estudios y diseños.
Posteriormente, y a lo largo del año 2010, 2011 y 2012, se fue adicionando más tiempo y recursos y finalmente el Contrato quedó pactado en algo más de ciento treinta y cuatro mil millones de pesos ($134.000'000.000.oo) y con un plazo ampliado de ejecución de 48 meses. Sin embargo, lo más curioso es que de los 59 colegios a intervenir inicialmente, al final solo se intervinieron 44, a pesar de las adiciones por más de cuarenta y cuatro mil millones de pesos ($44.000'000.000.oo). Este hecho y otras inconsistencias de tipo técnico encontradas en las obras alertaron a la Contraloría General de la República, quienes emitieron un control de advertencia al departamento de La Guajira hace 3 años.
Lo más delicado es el tema de precios, pues se descubrió que los precios unitarios pactados para la ejecución de las obras superaron ampliamente los precios oficiales del departamento de La Guajira del año 2009, y no conforme con esto, el contratista ha venido solicitando el pago de reajustes periódicamente.
Para comprobar esta grave situación de sobrecostos en la contratación, la CGR se basó en 2 evidencias que se encontraron y que corroboran estos hechos:
- El Departamento de La Guajira, al igual que todas las entidades territoriales, expide una tesolución todos los años en donde se establecen los precios oficiales para celebrar los contratos de obra pública, para este caso particular se expidió la resolución No. 224 de 2009 en donde se estipularon estos precios oficiales, sin embargo los precios pactados en el contrato 770 de 2009 están muy por encima de los plasmados en esta resolución.
- Una segunda evidencia de los sobrecostos fue la subcontratación, la Unión Temporal del Norte una vez iniciadas las obras, subcontrató con terceros más del 50 % de los colegios contratados. Lo grave de este asunto es que se pudo demostrar que estos subcontratos, en la mayoría de los casos, no superan el 50 % de los precios por ellos contratados con el departamento; es decir, que la Unión Temporal del Norte contrató con eldDepartamento un colegio en X municipio por un valor de mil millones de pesos, y esta, posteriormente, subcontrató la ejecución de la misma obra y a todo costo en 500 millones de pesos, lo que deja muy claro que las obras se podrían ejecutar con mucho menos recursos que lo pactado por ellos con el departamento, y que las utilidades para los contratistas superó todas sus expectativas.
Hace dos años, en un foro organizado por el DNP en la ciudad de Riohacha, se presentó verbalmente esta denuncia ante un funcionario de la CGR presente en el evento. El contratista, con el fin de justificar lo ocurrido, argumentó que los precios del contrato habían sido revisados y aprobados por FONADE y por el Ministerio de Educación Nacional a través de la firma contratista ARQ CONSULTORIA (Contratista del MEN para estos temas), consultamos por escrito a ambas entidades y estas respondieron desmintiendo la versión del contratista.
Fue tan desproporcionada la falta de planeación de estas obras que a pesar de las adiciones realizadas al contrato, muchas de estas obras continúan inconclusas, otras han presentados graves falencias de tipo estructural y en sus acabados, y los grandes perjudicados sin lugar a dudas son los niños guajiros.
Las investigaciones de la Contraloría General de la Republica, arrojaron dos hallazgos de tipo fiscal en donde se concluyó que el daño económico al departamento de La Guajira asciende a la suma de $37.791 millones de pesos, lo que se convierte en el escándalo de corrupción más grave ocurrido en esta región del país, comparable sin lugar a dudas con lo ocurrido en la ciudad de Bogotá hace algunos años. Sobre estos hechos ya la CGR compulsó copias del expediente a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para determinar los responsables directos de este desfalco.
No está de más mencionar que, paralelamente a la ejecución de estas obras, la firma Ávila Ltda., uno de los miembros de la Unión Temporal del Norte, adquirió en remate dos edificaciones en los sectores más exclusivos de la ciudad de Riohacha. Uno es el Edificio San Rafael, ubicado frente al mar en el corazón de la zona turística de la ciudad, adquirido a través de la Dirección Nacional de Estupefacientes por un precio irrisorio, y que hoy esta convertido en el flamante Hotel Taroa. Este negocio tiene como representante legal en el Registro único Empresarial de Cámaras de Comercio a la esposa del representante legal de Ávila Ltda. El otro inmueble es el Tradicional Hotel Gimaura, un predio de gran extensión ubicado también frente al mar (adjunto fotografías).
Así las cosas, el clan familiar que conforma la firma AVILA LTDA, hoy serían los llamados a constituirse como los nuevos Nules en La Guajira. La diferencia estaría en que estos aún no han sido sancionados por los organismos de control, y a la fecha el daño causado al departamento y a los niños de La Guajira continua impune.
