Dentro del gabinete de Daniel Quintero, Óscar Hurtado, es de los pocos políticos de carrera. Cuando Quintero lo presentó como su secretario de Hacienda no hizo referencia expresa a su trayectoria política como alcalde de Tarso y representante a la Cámara por el partido Liberal, tan solo lo introdujo como una persona con “23 años de experiencia trabajando en el sector público y privado”. Aunque en los últimos años Hurtado se ha dedicado más a la política que al sector privado (aspiró a la Cámara en 2018), también es contador público de profesión y lo une a Quintero una amistad forjada de tiempo atrás en las toldas del liberalismo.
Cuando Quintero ganó la elección se daba por descontado que Hurtado participaría en su gabinete, pero no se tenía claridad en cuál cargo. Dentro de un gabinete de técnicos, académicos y expertos es quien conserva el perfil más político, en las pasadas elecciones regionales apoyó candidatos del cuestionado equipo liberal de Envigado y su hermano, Freddy Hurtado, fue electo como alcalde de Tarso. Tarso es un pequeño poblado en el suroeste antioqueño en el cual los Hurtado ha ostentando el poder de forma intermitente durante los últimos 20 años, al punto que se habla del hurtadismo como una corriente política.
Aunque nunca se ha visto envuelto en algún escándalo de corrupción o tráfico de influencias, se acaba de revelar un entramado de nombramientos que directamente favorecen los intereses de una empresa de su familia, Seguros Hurtado Pérez. Tras la elección de Martha Cecilia Castrillón (exesposa de un hermano de Hurtado Pérez) como gerente de Metrosalud (cargo que ya ocupó entre 2012 y 2016) se presentaron una serie de reclamos por parte del sindicato de Metrosalud (Asmetrosalud), ya que ese nombramiento se percibió más como un acto de politiquería y así lo expresó Asmetrosalud en un comunicado público.
Tan solo dos días después de su elección Castrillón nombró a la hermana del secretario, Cecilia Hurtado Pérez (representante legal de la empresa), como intermediaria ante Positiva Seguros en un contrato que le puede representar a Seguros Hurtado Pérez más de 200 millones de pesos. En la junta directiva de Metrosalud, según se puede ver en su portal web, figura la subsecretaría de Ingresos de Medellín, es decir, Hurtado Pérez siempre estuvo al tanto o con un designado de ese nombramiento. ¿Qué papel jugó más allá de estar al tanto del mismo?, ¿por qué solo dos días después de ser elegida Castrillón nombra a la hermana de Hurtado?, ¿el secretario presentó algún tipo de impedimento o evidencio posibles conflictos de intereses?
Esas son preguntas que quedan en el aire y a la cuales se les debe dar respuesta en aras de preservar el sentido de gobierno abierto y transparente que Quintero le busca imprimir a su administración. Mucho más cuando se trata de un secretario de Hacienda que es quien debe velar por la adecuada administración de los recursos de la ciudad. Según la nota de Caracol que reveló ese entramado de nombramientos y un posible contrato amañado, Hurtado Pérez manifestó que “para él era muy difícil saber qué estaban haciendo sus 14 hermanos”. Esa repuesta resulta irrisoria porque es su deber como funcionario estar alerta ante posibles tráficos de influencia o conflictos de intereses derivados de la función que ejerce en la administración. Mucho más cuando se plantea que pudo incidir en el nombramiento de una funcionaria que con posteridad (a solo dos días de ser elegida) favoreció a una empresa de su familia con un contrato multimillonario.
A los concejales de Medellín los invito a hacer el debido control político a ese tipo de conductas, a la ciudadanía a ejercer control y a los medios a continuar indagando para esclarecer esas conductas y que los responsables asuman las consecuencias que deben asumir. Cuando se habla de la ética del servicio no se puede caer en un discurso solo retórico y Quintero debe ser consecuente con las banderas con las cuales fue elegido como el alcalde más votado en la historia de Medellín.
