Parece increíble, pero el genocidio contra la Unión Patriótica (UP) se está repitiendo, esta vez sobre el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica. Desde 2011 se han registrado 129 asesinatos contra los miembros de esta organización. Apenas hasta 2014 se habían registrado 29 asesinatos y 3 desapariciones forzadas, Es decir que, entre 2014 y 2017, ha aumentado en 100 la cifra de muertes de líderes miembros del movimiento, en el marco del regreso de la guerra sucia
El carácter sistemático de estos crímenes es claro. Las muertes se presentan en casi todas las regiones del país y en su mayoría son contra líderes campesinos. En 2016 hubo 23 líderes asesinados y en lo poco que ha corrido de este año van seis más. El Gobierno nacional y otros agentes del Estado insisten en negar dicho carácter y en negar el regreso del fenómeno paramilitar. Como en la oscura época de Álvaro Uribe Vélez, se ha caracterizado a este como un mero surgimiento de bandas que realizan acciones criminales de manera aislada.
No sobra recordar que ese negacionismo fue el que amparó la muerte y desaparición de cerca de 5.000 miembros y simpatizantes de la UP. Es el caso, por ejemplo, de Imelda Daza, quien había regresado al país después de un largo exilio (28 años) a causa de ser miembro de ese partido. Excandidata a la Gobernación del Cesar, se encontraba en una reunión con sindicalistas y otros líderes sociales, cuando hubo un atentado en su contra. De nuevo salió el Gobierno a decir, de manera inaudita, que se había tratado de un intento de robo.
Está claro que hasta ahora, al menos en la mayoría de casos, el Estado no ha estado dispuesto a mover un dedo en una protección real de los líderes políticos y sociales de la izquierda democrática. Lo cual lleva a hacer un llamado aun más fuerte, tanto al Estado en general, como al Gobierno en particular, para que se implementen de la manera más pronta posible las garantías de participación política y social a que se llegó en los Acuerdos de La Habana. La continuación de los asesinatos sistemáticos y desapariciones contra un movimiento político en particular no solamente es preocupante por el vacío que dejan en la sociedad en general, sino también porque, en tanto que significan el regreso de la guerra sucia en Colombia, amedrentan a todos los críticos sociales, como ocurrió en el caso de Jaime Garzón, y quienes son fundamentales para la recuperación de la democracia, en un país que se ha caracterizado por ser, en 200 años de vida republicana, uno de las más violentos del continente americano.
