Como respuesta del gobierno nacional a la protesta de los indígenas Misak que llevó a la derribada de la estatua del conquistador español Sebastían de Benalcázar, el Instituto de Antropología que depende del Ministerio de Cultura logró un acuerdo entre las autoridades indígenas y el gobierno. El ICAN reconoció que el Morro de Tulcán es un bien arqueológico y por tanto patrimonio de la nación.
Así las cosas, el Alcalde Juan Carlos López no puede precipitarse por decisión propia a volver a instalar la estatua del conquistador en el mismo lugar donde estaba, como era su intención, sin autorización del ICAN.
Se instaló una mesa de diálogo con la mediación del Ministerio de cultura y con participación del gobierno local y la autoridades indígenas que trabajará el tema. Los Misak han insistido en que se trata de un lugar sagrado ancestral y que por tanto no puede ser intervenido. Todo indica que el alcalde López tendrá que buscarle un nuevo lugar a la estatua ecuestre del fundador de la ciudad de Popayán, que debía ser en alguna de las plazas del trazado colonial de la ciudad y no en territorio ancestral indígena.
