Una de las tantas paradojas que se evidencian en el país se observa cuando la oferta de derechos de la población establecidos claramente por la Constitución de 1991, se han convertido en los mejores negocios del país. El hecho de que estos servicios los preste el sector privado en vez del gobierno, no es la razón para que esto suceda. Sin embargo, si el sector privado cuando maneja recursos públicos no cumple con su responsabilidad con todos los ciudadanos, como sucede con las EPS y su ejecución está acompañada de una Superintendencia que "le parece regio que haya un monopolio en la prestación de estos servicios", jamás podrá garantizar la universalidad de este derecho de manera oportuna y eficaz. Sin que se le mueran los pacientes en servicios de urgencias antes de ser llamados para ser atendidos. Y esto es una realidad que todo el país vio en vivo y en directo.
En el caso de la educación, especialmente la universitaria, la situación es un poco distinta pero igualmente grave. No ha habido poder humano para que se entienda que un pilar ineludible para mejorar la desigualdad de este país, es tener una educación pública de primer nivel, a la cual asistan no solo los pobres sino las clases medias, fundamentales para presionar por la mejor calidad. Pero resulta que aquí lo que importa son las soluciones efectistas, esas que dan titulares de prensa como "Ser Pilos Paga". No es que esta iniciativa sea mala, ni mucho menos, pero es claramente insuficiente. Como sucede también con programas para pobres con buenas notas de otras universidades privadas como los Andes, que pueden ser muy loables pero que en el mejor de los casos cubren miles de estudiantes, cuando el problema es de millones de jóvenes que cada día se quedan rezagados en esta sociedad excluyente y clasista. Es decir, el derecho a la educación, concretamente en el nivel superior, solo es una realidad para uno pocos privilegiados, así sea porque tienen dinero sus familias o porque tienen la suerte de beneficiarse con programas especiales para jóvenes brillantes y pobres. Es decir, el resto, los normalitos como somos la mayoría de la población, queda eliminado de estas posibilidades.
Pero el problema no se queda solo en que el cumplimiento de estos dos derechos fundamentales, educación y salud, reproducen la desigualdad porque excluyen sectores importantes de la población, sino que además se han convertido en los mejores negocios del país. No hay universidad o establecimiento de educación superior que no tenga unas sedes espectaculares. Y no hay una de estos monstruos de EPS que no se extiendan físicamente como pulpos en sectores costosos de las ciudades. Pero eso sí en el campo, donde la pobreza demanda sus servicios, es tal su ausencia, que el gobierno ha decidido que sigan funcionando los subsidios de oferta porque la única prestación de servicios que puede darse es pública.
El negocio descarado de la salud que parece no le importa al gobierno se basa en un principio innegable por parte de los prestadores privados: "lo que es bueno para las EPS es malo para sus afiliados." Es decir, los exámenes médicos imprescindibles pero costosos e inmediatos que muchos de sus usuarios necesitan son pésimo negocio para estas entidades donde el lucro les hace brillas las chequeras sin que el gobierno haga nada. Y en el caso de las universidades, sí es bueno que los estudiantes no asistan a ranchos pero las buenas instalaciones no reemplazan a los excelentes profesores, de tiempo completo con altos niveles no solo de formación académica sino de conocimientos sobre métodos educativos modernos.
Pero no. Las universidades privadas están llenas de profesores de cátedra pesimamente pagados, inclusive en aquellas denominadas de elite. Sin embargo, sí tienen suficientes recursos para convertirse en promotoras de desarrollo urbano como la Tadeo Lozano y los Andes, entre otras. Mientras esa sea la tendencia y se acepte que la educación puede ser un gran negocio seguiremos sin clasificar en los ranking internacionales en los primeros puestos.
Lo que debería ser la regla es en Colombia la excepción: la educación y la salud como verdaderos derechos universales sin que nadie por razones de ingresos, raza, sexo o región quede excluido.
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