Los mapuches, la piedra en el zapato de Gabriel Boric

Un conflicto de 300 años, el conflicto mapuche, tiene al presidente chileno Gabriel Boric enfrentado una crisis que liga demandas ancestrales con violencia en la austral región de la Araucanía, que es bastión electoral de la derecha.

Iglesias y viviendas quemadas, bloqueos en las carreteras, camiones ardiendo obligaron al presidente progresista que inició su gobierno en marzo y buscaba implementar una política de diálogo, a dar marcha atrás. Boric tuvo que decretar el estado de excepción, la medida que prometió no utilizar cuando era opositor. Lo llamó acotado, porque el ejército puede vigilar las vías de la región, pero no le permite controlar personas, como durante el gobierno de su antecesor, Sebastián Piñera. La situación exigió el reversazo cuando llegó al punto que la ministra del interior, Izkia Siches tuvo que salir a marcha forzada de su vista en medio de pedreas y de balazos al aire.

La ministra del Interior tuvo que salir a marcha forzada de la Araucanía

Ni Boric, ni ninguno de los gobiernos anteriores, han logrado una solución al histórico conflicto. Son casi 2 millones de indígenas mapuches, el 12 % de la población del país, pero no son reconocidos de forma explícita en la Constitución. El territorio que ocupaba de 100 kilómetros cuadrados entre Biobío y la Araucanía, hoy cubre el 5 %. Los mapuches lucharon bravíamente contra los españoles y no dejaron que les arrebataran sus tierras, pero el Estado chileno las ocupó en el siglo XIX por las armas, y con el tiempo la tierra fue pasando a manos de colonos europeos, de ellos a sus descendientes y después a empresas forestales, lácteas y agrícolas de peso en la economía.

Los mapuches no han parado de reclamar sus tierras. Un sector lo ha hecho recurriendo a enfrentamientos que han dejado indígenas y militares muertos. Otros han optado por ocupar cargos en espacios institucionales y muchos otros por la protesta pacífica. El principal grupo mapuche organizado, la Coordinadora Arauco Malleco, ha sido señalada, entre otros por el expresidente Piñera, como responsable de las acciones violentas del sur del país. Su líder Héctor llaitul, de 47 años, fue detenido la semana pasada acusado de atentados incendiarios y robo de madera. Según diversas encuestas, más del 70 % de los mapuches rechazan la violencia como la vía para resolver el conflicto.

Un reclamo de todos es la aplicación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales que establece el deber del estado de respetar su cultura y tradición y reconocer el derecho de propiedad sobre las tierras ancestrales -los mapuches la llaman Wallmapu- y que hace parte de la normatividad de Chile desde hace 13 años.

Un avance en el tema se logró en 1993, cuando el presidente Ricardo Lagos aprobó una ley que aborda el problema de la tierra. De ahí en adelante los gobiernos no han establecido un plan en común para enfrentarlo. Según comentó a BBC Isabel Aninat, coautora del libro El pueblo mapuche en el siglo XXI, todos los gobiernos, todas las campañas y comisiones desde los años 90 hasta ahora, han establecido su propio plan y propuesta, sin una mirada de continuidad. Por eso hay demandas incumplidas hace años, y el conflicto se agrava por la desconfianza nacida de esas promesas que no se cumplen una y otra vez.

El presidente Boric con los lideres mapuches al comienzo de su mandato, con promesas de dialogo

A eso se suma que la región situada a 600 kilómetros al sur de Santiago ha visto recrudecer la violencia con la presencia de “grupos vinculados al narcotráfico, al terrorismo y al crimen organizado”, según dijo en su momento el entonces presidente Piñera. Algunos dudan sobre la afirmación en relación con el narcotráfico.

Esa violencia fue clave en el discurso del candidato del partido de ultraderecha Los Republicanos, José Antonio Kast, que propició su amplia victoria en la Araucanía en la primera vuelta presidencial. Kast casi triplicó la votación de Boric allí, con 42,16 % de los votos frente 16,58 % del joven líder de la izquierda. Analistas y observadores aseguran que el apoyo a Kast se dio por sus dos grandes premisas de orden y seguridad. Y que el triunfo era de esperarse porque “se juntó el hambre con las ganas de comer” en una región que es bastión de la derecha con un electorado “ávido de orden y mano dura”.

La seguridad se ha vuelto clave en la región convertida en la más pobre de Chile. La encuesta “Casen 2020 en Pandemia” mostró que la Araucanía está estancada como la región más pobre del país, con un 17,4 %, y se cree que la causa de esta crítica situación es precisamente la ausencia de inversión extranjera. Por la inseguridad. En un desafortunado círculo vicioso.

Boric tuvo que cambiar el diálogo por las Fuerzas Armadas para controlar Biobío y la Araucanía

Boric que le apostó al diálogo ha tenido que ceder y optar por el control de las Fuerzas Armadas en medio de un aumento de su desaprobación, de presión del gremio de los camioneros y buena parte de la sociedad por garantizar mayor seguridad. Para que exista un diálogo se dice que el estado debe entender que la presencia de las grandes compañías de explotación forestal, que solo se centran en "maximizar las ganancias y acumular riqueza”, aunque eso debilite el ecosistema, va en contra de la cosmovisión mapuche.

En medio de la dura encrucijada el presidente avanza en la creación de un ministerio de pueblos indígenas y la entrega de más recursos para la devolución de tierras. El 4 de septiembre se marcará un hito en la solución del problema porque ese día se aprobará o rechazará la nueva Constitución que pretende dar más representación y reconocimiento a los pueblos indígenas. Este es uno los aspectos más controvertidos. El nuevo texto propone un Estado plurinacional, es decir, un reconocimiento constitucional de los 10 pueblos originarios de Chile, más el pueblo afrodescendiente. Ellos tendrían no solamente representación política, sino que también se consagrarían derechos para los pueblos indígenas y un sistema de Justicia, entre otros. Ese sería el comienzo para resolver el conflicto centenario de múltiples aristas.

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