Conseguir votos ha sido la obsesión del paisa Julián Bedoya desde que en 2012 quiso llegar a la Asamblea departamental de Antioquia. Tenía poco más de 30 años y logró la nada despreciable suma de 25 mil, con lo cual probó su capacidad electoral para empezar a volar con la política nacional en la mira.
Se había iniciado en la faena de la mano de Eugenio Prieto Soto, el secretario de gobierno de Antioquia y quien fue el escogido para reemplazar a su amigo Guillermo Gaviria Correa en la gobernación de tras su triste asesinato por parte de las Farc en un frustrado intento de rescate en el 2003 a comienzos del primer gobierno Uribe. Prieto le asfaltó el camino logrando que el Partido Liberal le diera el aval para su primera aspiración regional, que desde entonces se presentaba como abogado.
Su paso por la Asamblea fue breve y después de un año renunció al cargo para aspirar a la Cámara de Representantes en las elecciones legislativas de 2014, que coincidían con la reelección de Santos. Sin embargo, Bedoya ya no contaba con el apoyo de Prieto Soto, quien lo expulsó de su movimiento Liberalismo Socialdemócrata después de haberle arrebatado la presidencia de la Asamblea a su copartidario Héctor Jaime Garro. Bedoya, seguro de su capacidad electoral, armó rancho aparte y fundó su propio movimiento, Renovación Liberal, como una fracción del liberalismo antioqueño. La jugada le salió a la perfección y el joven paisa dio el salto al Congreso con 35 mil votos. Pero no solo logró entrar a la Cámara por Antioquia, sino que se hizo nombrar en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, un centro de poder fundamental para lograr relevancia en la política nacional, tal como lo demostró con creces el representante sucreño Yahir Acuña, quien se mantuvo en la presidencia de la Comisión varios años y que, sin duda, le mostró el camino a Bedoya.
En efecto, su nombre cobró la relevancia nacional que estaba esperando en 2015 cuando llegó a su despacho la investigación contra el entonces magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, acusado de recibir un soborno por $500 millones para favorecer en una tutela a la firma Fidupetrol. Bedoya, entonces presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, tenía en sus manos uno de los casos más importantes del país. Su visibilidad sin embargo tuvo un precio: el escrutinio público a su pasado y su trayectoria profesional.
Y salieron a la luz pública sus pecados y uno especialmente significativo por su rol de investigador y acusador: su título de abogado de la Universidad de Medellín no existía, tal como se lo confirmó a la Revista Semana el decano de la facultad de Derecho de la misma, Juan Carlos Vásquez después de que El Espectador prendiera las alarmas. Sin embargo, Bedoya decía otra cosa. En entrevista con Yamid Amat en marzo de 2015, el representante liberal y presidente de la Comisión de Acusaciones le aseguró al periodista que sí era abogado, mientras le aclaraba cómo funcionaba dicha comisión y explicaba por qué las investigaciones que pasan por ahí nunca llegan a buen puerto.
Bedoya se matriculó en la Universidad de Medellín en 2001 para estudiar derecho, pero rápidamente comenzó a darle prioridad al campo laboral y a la política. Simultáneamente a sus estudios se desempeñó como asistente tanto en el Concejo de Medellín como en el propio Congreso de la República que lo llevaron a no tener continuidad académica.
Bedoya sabía para sus adentros y en su conciencia pesaba la certeza de no haber completados los estudios de derecho ni contar con el grado de abogado. En octubre de 2018, después de haber logrado saltar al Senado, otra de sus metas, regresó a su Alma mater dispuesto a graduarse y obtener su tarjeta profesional. A pesar de tener un bajo promedio académico –2.79– estaba seguro que su relación con el rector de la Universidad, Néstor Hincapié, quien había sido su profesor en su primer ciclo en la Universidad de Medellín, le facilitaría el camino, como sucedió.
La tarea académica no estaba a la vuelta de la esquina. Tenía que cursar diez materias y cumplir varios requisitos para recibir su título. Bedoya escogió la alternativa de no asistir a los cursos sino presentar suficiencias, que significa realizar exámenes para validar el conocimiento en las distintas materias. El 26 de octubre de 2018 presentó tres exámenes: Filosofía del Derecho, Procesal Civil General y Especial, y Seminario Procesal Administrativo. Un mes después presentó otros cuatro exámenes: Hacienda Pública, Legislación de Paz, Contratación Estatal y Responsabilidad Extracontractual. Finalmente, el 22 de enero de 2019, al regresó de vacaciones, realizó los últimos tres exámenes: Títulos Valores, Derecho de Familia y Sucesiones. Toda una maratón académica que supo combinar con sus funciones de senador en Bogotá.
Sin embargo, Bedoya aún debía cumplir otros requisitos que no fueron mayor problema para él. Mientras presentaba los exámenes también presentó además cuatro preparatorios –Político, Civil I y II, Penal y Laboral– un examen de inglés para validar el requisito de la lengua extranjera, realizó la prueba Saber Pro y, finalmente, entre el 22 y 28 de enero de 2019 asistió al curso de Protocolo Empresarial y Comportamiento Social.
Además de aprobar 10 materias, cuatro preparatorios, las pruebas Saber Pro, un examen de inglés y un curso, Julián Bedoya tuvo tiempo para ser asistente de investigación. Para cumplir este requisito buscó a un viejo profesor suyo: John Mario Ferrer Murillo, a quien había conocido también como asistente de investigación. Según Ferrer, Bedoya comenzó a trabajar con él en octubre de 2018 y se encargó de la línea jurisprudencial sobre la libertad de expresión, tema central de la investigación titulada Normas jurídicas adscritas por la jurisprudencia constitucional al derecho fundamental de la libertad de expresión.
Pero los tiempos y las cuentas no cuadran, pues el trabajo en referencia aparecía listo y aprobado por la universidad desde junio de 2018, es decir, cuatro meses antes de que el senador liberal se reintegrara a la carrera. Después de esto, la investigación tuvo dos resultados, el primero fue un libro publicado en febrero de 2019; y el segundo, un artículo culminado en mayo de 2019.
Foto: Después de 17 años, Julián Bedoya recibió su por fin su título profesional en febrero de 2019. Pero las cosas no se quedaron ahí.
Desde junio del año pasado la Fiscalía recibió una denuncia contra Bedoya por las posibles irregularidades en la manera como el senador paisa, en tiempo récord había obtenido su título profesional, todo esto después de las denuncias del periodista Juan Pablo Barrientos. La justicia puso la lupa sobre la Universidad de Medellín y el rector Néstor Hincapié, quien le habría asfaltado el camino a su alumno, hoy senador, para conseguir el añorado grado, pero por la vía exprés. La Fiscalía le imputó cargos por falsedad en documento público a Hincapié, así como a la secretaria académica de la Facultad de Derecho, Yolanda Cossio; al subsecretario general de la Universidad, Juan Felipe Hernández; y a los profesores John Mario Ferrer Murillo, Juan Carlos Hoyos, Saúl Alonso Benítez, Julián Orlando Rendón, Paola Andrea Cataño. Algunos habrían firmado los exámenes y Paola Cataño* concedió el paz y salvo al trabajo de grado, el cual fue solicitado por el profesor John Mario Ferrer.
La Procuraduría también le puso el ojo a Bedoya, y en diciembre también le formuló pliegos de cargos al senador pues habría utilizado su investidura para abrirse el camino hacia el mundo profesional y lograr su anhelada tarjeta profesional, por el atajo.
Para completar los daños, el pasado 27 de diciembre, la ministra María Victoria Angulo firmó la resolución 017423 que ordena investigar a la institución por otorgar de manera irregular títulos profesionales. La Universidad de Medellín, con prestigio en la capital paisa y el país, podría perder el registro de su programa más importante: Derecho. Precisamente, la carrera que forma para hacer respetar las leyes.
*La Fiscalía decidió desvincular del caso a la profesora Paola Cataño y se abstuvo de imputarle cargos.
