Desde hace algunos meses desarrollé un informe que hacia una reflexión del mal proceso legislativo, fiscal, tributario y los factores que son de conocimiento general como los ambientales, sociales y económicos de la minería en el Meta. Empecé una batalla titánica de ser generador y multiplicador de conocimiento sobre temas de minería para dar un panorama de la problemática y los alcances positivos que puede tener la minería en el departamento y en especial en los municipios que tienen explotación de minerales; tarea que de alguna manera ha sido bien recibida no solo en las comunidades sino en las autoridades municipales que han deslumbrado el problema y que han empezado a tomar medidas para que exista una minería con desarrollo sustentable y con gestión social. Durante esta semana logramos un primer debate en el municipio de Acacias con las entidades estatales competentes como son Ministerio de Minas y Energía (MME), Agencia Nacional Minera (ANM), Cormacarena y en las municipales con el concejo y personería, logrando dar a conocer aspectos que en su mayoría no son de conocimiento de las autoridades municipales como es la forma de otorgar los títulos mineros, sus procesos y cómo los municipios deben y pueden tener participación en estas actividades con medidas cautelares y socialización a los proyectos que están contemplados en la Ley 685 de 2001 que es el código minero para Colombia.
Esta actividad que fue muy dinámica por parte de invitados, comunidades y permitir el concejo municipal darnos el espacio para demostrar cada uno de los problemas que se presentan en Acacias y que son muy similares en los demás municipios pero con indicadores diferentes, nos permitió abrir una brecha de interrogantes en casos como el hecho que los títulos son otorgados por autoridades regionales que no son del sector y que no se toman el debido proceso de investigar y desarrollar consulta en aspectos geográficos, económicos, culturales, sociales y ambientales; que los Puntos de Atención Regional (PAR) y nacional no coordinan y comparten información con otras autoridades implicadas como son las ambientales y con más desaire a los gobiernos municipales; se hablan de procesos de fiscalización a los títulos mineros de los cuales no conocemos los resultados de esos procesos desde el año 2012 y que fueron tercerizados en un proceso de licitación nacional; que a la fecha no conocemos por parte de la ANM la inversión en el sector minero a los llanos orientales en desarrollo de la pequeña minería, tecnificación y tecnologías para el sector, formación y vocación minera, desarrollo de brigadas de rescate minero en cielo abierto con fines de salvamento ante inundaciones e incendios forestales, capacitaciones al sector y comunidades afectadas entre otros.
Es impactante conocer las cifras de títulos mineros que a la fecha están ejerciendo minería ya sea en proceso de exploración, montaje y explotación que son más de 343 títulos en el departamento y mucho más preocupante que 96 títulos que han sido finalizados no conocemos sus programas de restauración de las zonas afectadas por temas extracción de minerales; al comparar datos que existen a la fecha más del 50% no tienen su licencia ambiental vigente mostrando un panorama mucho más arbitrario y desigual para quienes vivimos y queremos un desarrollo de la región, y lo digo de esta manera ya que el 95% de estos títulos son de personas naturales o jurídicas que no pertenecen a la región dando como resultado que aparte de la perdida de regalías por la falta de seguimiento, estas personas declaran sus rentas a los municipios que son de origen de inscripción.
No obstante se abrió una luz de esperanza y optimismo al ver la aceptación y compromiso de las autoridades estatales en tomar medidas en conjunto con el municipio de Acacias, a lo cual esperamos que se replique en cada uno de los municipios restantes. Pero esta es una fracción de esta lucha a lo cual debemos incrementar los esfuerzos y con más ímpetu al conocer que existen alrededor de mil cien solicitudes para adquisición de títulos mineros los cuales están concentrados en los ríos del departamento del Meta haciendo que nuestros ríos terminen “privatizados” con técnicas que no cumplen las necesidades de estos mismos, con desarrollos laborales que no cumplen aspectos salariales, de seguridad industrial y salud ocupacional, deterioro de la malla vial de vías primarias, secundarias y terciarias, problemas de salubridad por diferentes materiales en el aire, tierra y agua e incluyendo los problemas ambientales que ya se están ocasionando y se incrementaran con este proceso minero descontrolado y sin un horizonte claro; como ha sido la perdida de las rondas de los ríos, la invasión de los cauces de estos mismos en las fincas productoras agrícolas y ganaderas en apoca de lluvias por una mala extracción, el destierro de especies nativas de peces, anfibios y mamíferos de rivera por la falta de zona de conservación para su procreación y crecimiento los cuales son agentes de control de plagas y de economía para los pescadores artesanales de estas zonas.
Es hora de dar una voz de atención al Gobierno nacional y que sean conscientes al desarrollo futuro de la minería y corregir los procesos actuales que son necesarios pero que deben ser generadores de beneficios no solo económicos para las empresas sino que sean multiplicadores a las comunidades en programas de gestión social, programas ambientales, desarrollo laboral, planes de restauración y de emergencias, cumplimiento a cabalidad de los regímenes tributarios entre otros. Hago un llamado a las comunidades, autoridades municipales y departamentales, medios de comunicación, representantes de la cámara y senado, miembros de ONG`S y quien crea y es optimista a un cambio significativo y con sentido pertenencia a nuestros llanos orientales.
