Con el argumento que el asesinato sistemático a líderes sociales está asociado al aumento de cultivos de uso ilícito en Colombia, el presidente Iván Duque y el fiscal Néstor Humberto Martínez esperaban convencer a los magistrados de la Corte Constitucional, que hoy escucharon durante ocho horas a detractores y partidarios de la aspersión aérea de glifosato para determinar si modulan la sentencia T-236 de 2017 sobre el uso de este herbicida.
Según Duque, tener disponible al glifosato en su lucha contra las drogas sería una forma de proteger la democracia y la libertad de expresión y de asociación. A la defensa de Duque salió su escudero Martínez, que aseguró que desde su despacho han identificado la autoría en el 56% de los asesinatos a líderes y el 25 % de esos casos están asociados al narcotráfico.
Desde el 1 de enero de 2016 al 27 de febrero de 2018, según cifras de la Defensoría del Pueblo, se presentaron 282 homicidios de personas “dedicadas a la defensa de la comunidad o de los derechos humanos”. Sin contar que en el 2019 han sido asesinados cerca de 30 líderes.
En el desfile de intervenciones que se tomó la audiencia pública, pasaron los ministros uno a uno que en cinco minutos trataron de deslumbrar a los magistrados. La primera en tomarse el micrófono fue Gloria María Borrero, que detalló las cartas que tiene el Gobierno para acabar con el aumento de los cultivos, siempre destacando la obediencia que han tenido al cumplir la sentencia.
El turno después se lo tomó el ministro de Salud Juan Pablo Uribe, uno de los más esperados de la jornada por los nombrados efectos del herbicida, que utilizó como salvaguarda que no hay resultados determinantes sobre los efectos cancerígenos y de mutaciones que se le atribuyen al glifosato. Para el MinAmbiente Ricardo Lozano, los cultivos solo causan deforestación y contaminación por el uso de químicos.
La presentación final de la gala fue el ministro de Defensa Guillermo Botero, que tomó la voz de la lucha contra el narcoterrorismo bajo los principios de atacar toda la cadena, unir distintas herramientas y sobre todo, quitarle el negocio a los grupos ilegales armados. Según Botero, no implementar en forma el glifosato sería un riesgo para los derechos humanos y la seguridad.
Entre los detractores del glifosato estuvieron dos representantes de Nóvita, Chocó, y el gobernador de Nariño, Camilo Romero, que exigieron presencia estatal, una verdadera intervención integral en los territorios y la no criminalización contra quienes cultivan o se dedican a la minería artesanal como forma de subsistencia. Además, retomaron los efectos sobre la salud y el medio ambiente. “Que vaya el Presidente a Nóvita para que vea las necesidades allá”, le dijo contundentemente Víctor Darío Luna, representante del consejo comunitario de ese departamento, a Duque y su gabinete.
Mientras el Palacio de Justicia se convertía en una arena de batalla, afuera varios activistas realizaban plantones contra el glifosato, negando las intervenciones de cada ministro y exigiendo ser escuchados. Las calles alrededor se llenaron de fotografías de loros, osos y consignas como “no al glifosato, sí a la vida”. En la Plaza de Bolívar, algunos ciudadanos sacaron sus sombrillas para protegerse de las aspersiones, que posiblemente creen regresan con el gobierno actual.
