Tras la hojarasca política que produjo la caída del Procurador General Alejandro Ordóñez hay una serie de personajes que reciben con beneplácito la decisión del Consejo de Estado de moverle la banca. La lista la encabeza medio gabinete del Presidente Santos, cinco ministros a los que el saliente procurador les abrió investigación.
El primero es el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, a quien Ordóñez inició un proceso por el supuesto despeje irregular del corregimiento Conejo, en la Guajira, adonde en febrero pasado se produjo un escándalo cuando las Farc hicieron una de las jornadas de su pedagogía por la paz, para lo cual se ordenó el retiro temporal de la fuerza pública y trascendió que los guerrilleros expusieron sus planteamientos desde una tarima y armados. Pero no sólo el ministro Villegas fue llamado a rendir cuentas por el Procurador, también fueron vinculados cuatro generales y tres coroneles del Ejército, es decir, todo el alto mando que estuvo involucrado en el episodio.
La investigación en ciernes cobija a los generales Juan Pablo Rodríguez, comandante general de las Fuerzas Militares, Alberto José Mejía Ferro, comandante general del Ejército, al comandante de la Primera División Jorge Enrique Navarrete y al comandante de la Décima Brigada Blindada Pablo Alfonso Bonilla. El saliente procurador Ordóñez incluso estaba considerando tramitar este caso como un juicio disciplinario verbal, para así acelerar el trámite del proceso y llegar a definiciones cuanto antes.
En desarrollo de esa investigación Ordóñez ordenó recopilar los documentos oficiales y llamó a declara al jefe de la delegación del gobierno en La Habana Humberto de la Calle, al Comisionado de Paz Sergio Jaramillo y al ministro del Interior Juan Fernando Cristo. En síntesis, para el alto mando militar y los principales negociadores del gobierno en el proceso de paz, la caída del procurador general es cuando menos una bocanada de aire fresco.
El episodio de Conejo y la investigación disciplinaria que abrió el procurador es el trasfondo concreto de su primer reacción ayer cuando habló a la prensa tras conocer la decisión del Consejo de Estado de sacarlo del cargo declarando nula su reelección: “Se acaba de cumplir el primer pacto de La Habana: la expulsión del Procurador”, dijo Ordóñez.
Por otra parte, el ministro Cristo tiene otra investigación preliminar en el ministerio Público por “presunta participación en política”. La Procuraduría decidió investigar si configuran falta disciplinaria unas declaraciones del ministro en vísperas de las elecciones regionales del 25 octubre de 2015, en las que Cristo habría manifestado que los colombianos respaldarían en las urnas a los candidatos de la Unidad Nacional que apoyen la paz.
También está inmerso en dos investigaciones disciplinarias el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, una por su presunta responsabilidad dentro de los sobrecostos de cerca de 4 mil millones de dólares que se registran en la remodelación de Reficar y la segunda por posibles irregularidades en la venta de Isagén.
Un cuarto integrante del gabinete con carpeta en la Procuraduría es el ministro de Salud Alejandro Gaviria quien es investigado por que supuestamente no garantizó “oportuna y eficazmente” el acceso a la salud a una paciente que llevó su caso ante la Corte Constitucional, corporación que remitió luego el asunto a instancias del ministerio Público. También está siendo investigada por la Procuraduría la Canciller María Ángela Holguín, se trata de supuestas irregularidades administrativas cometidas en la compra de una nueva sede para la Embajada en Washington, negocio que constó cerca de 33 millones de dólares.
A las investigaciones que comprometen a medio gabinete habría que sumar los casos vivos en la Procuraduría que vinculan a ministros que ya salieron del cargo, como Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda; María Elena Gutiérrez y Tomás González Estrada, exministros de Minas y Energías. Incluso se podría agregar a la lista la exministra de Educación Gina Parody quien estaba en la mira de Ordóñez.
Pero además de los alfiles del gobierno, también celebran la caída de Ordóñez figuras de la oposición a los que el saliente procurador seguía con lupa. Los casos más relevantes son los de los senadores del Polo Iván Cepeda y Jorge Robledo, ambos férreos críticos de las posturas del saliente procurador. Contra Cepeda, Ordóñez alcanzó a formular pliego de cargos por supuesta extralimitación de funciones "por cuanto les habría solicitado a algunas personas privadas de la libertad, paramilitares detenidos, que declararan en contra de Álvaro Uribe Vélez, expresidente y actual senador de la República". Por su parte, a Robledo el ministerio Público decidió abrirle investigación preliminar dentro de la llamada llamada Farc-política.
Consumada la caída de Alejandro Ordóñez por cuenta del fallo del Consejo de Estado que anuló su reelección argumentado que esta se basó en el mecanismo del ‘tú me eliges yo te elijo’, entrará a sucederlo la viceprocuradora Isabel Castañeda, ficha del derrocado Ordóñez. La gran pregunta es ¿hasta cuándo Castañeda estará al frente de la Procuraduría? Algunos dicen que debe ser hasta enero, cuando terminaría el periodo actual, otros dicen que debe ser por máximo un mes ya y que el Congreso debe nombrar a un procurador que concluya el periodo hasta enero cuando debe asumir un nuevo procurador en propiedad.
Dado que frente a los procesos en ciernes en la Procuraduría con Castañeda al frente no habría ninguna variación, distinta a acelerarlos como lo quería Ordóñez, lo más probable es que desde el Congreso se buscará la pronta salida de la encargada del Ministerio Público, y tras ese empeño estarán tanto los congresistas que respaldan al gobierno como la oposición.
