"El Consejo de Estado: la vergüenza de la justicia".
Cuando las togas se convierten en trajes de etiqueta para proteger privilegios, la justicia deja de ser un poder del Estado y se vuelve un brazo más de la élite. El reciente fallo que prohíbe al presidente Gustavo Petro transmitir sus Consejos de Ministros por canales privados no solo es jurídicamente cuestionable, sino políticamente vergonzoso. En una democracia, limitar la voz del mandatario elegido por el pueblo bajo el argumento de la “pluralidad informativa” suena más a pretexto que a principio.
La decisión no puede leerse de forma aislada: es otro capítulo del cerco institucional contra un gobierno que no responde a las élites tradicionales. ¿Por qué lo que fue válido durante gobiernos anteriores, hoy es considerado censurable? ¿Por qué el Consejo de Estado actúa con tanta diligencia cuando se trata de silenciar a Petro, pero con tanta pasividad ante los abusos del poder económico?
La justicia, cuando se alinea con los poderes fácticos y no con el mandato popular, pierde su legitimidad. El Consejo de Estado ha cruzado una línea peligrosa: ya no parece una institución de control, sino un actor político disfrazado de juez. En conclusión, los dictadores y los carteles también se visten de toga.
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