Vivimos en tiempos en que confiamos a las tecnologías informáticas el manejo de nuestros datos personales, procesos empresariales o transacciones financieras (por mencionar solo algunas). Se trata de complejísimos sistemas creados por el hombre, aceptados con el ímpetu que promete la modernidad y el progreso. Pero finalmente sistemas que con astucia inversa son susceptibles de vulnerabilidades usadas por el mismo hombre para propósitos menos altruistas.
En el lenguaje informático llamamos hackers a aquellos individuos que logran descubrir y “romper” la seguridad diseñada originalmente para proteger un sistema de información. Si no hubieran existido los hackers, nadie se habría inventado el antivirus, las contraseñas de más de 6 caracteres, la autenticación biométrica, la firma digital o los sitios Web seguros.
Para algunos que navegamos en las aguas del ámbito jurídico y tecnológico, es fácil encontrar una analogía con el desafío al que está sometido por estos días nuestro ordenamiento jurídico y nuestra institucionalidad por cuenta del procurador y del alcalde. Estos personajes nos han enseñado sus notables habilidades como hackers de la seguridad jurídica del estado. Gracias a su experticia, talentos, equipos multidisciplinarios y estrategias, nos han hecho el favor a los colombianos de alertarnos de las vulnerabilidades de nuestro sistema jurídico, no sin antes aprovecharse de las debilidades descubiertas para lidiar por sus propios objetivos.
Tanto el exceso de atribuciones del procurador, quien se sirvió del “papayaso” de una falta administrativa para sepultar por 15 años la vida política de uno de los principales opositores de su corriente ideológica y moral —que además es pública y tiene adeptos—, como las “tutelas-bomba” lanzadas por el alcalde desde todos los flancos para atornillarse en un mando para el cual no estaba capacitado —y que también tiene adeptos—, se hubiera podido evitar si se atendieran las voces de reconocidos hackers que en su momento advirtieron de las vulnerabilidades del sistema.
Como el daño está hecho y parece que ya no queda recurso ni antivirus para aplicar por parte de quienes gestionan el sistema jurídico a nivel local, necesitamos que, afuera de nuestro entorno controlado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sea la que actúe con su competencia y nos proporcione un urgente parche de seguridad al sistema, mientras nuestros expertos internos solucionan las vulnerabilidades a la vuelta de ocho sesiones en el Congreso.
Necesitamos institucionalizar más hackers competentes, imparciales y respetados, que nos adviertan con antelación sobre las flaquezas de nuestro marco jurídico, para que éste no se convierta en una maquinaria para el abuso del poder, por parte de los actores políticos, administrativos y judiciales de nuestro país.
Parece obvio que estos hackers buenos ya existen y no son otros sino los que conforman nuestra Corte Constitucional, pero gracias al sistema inicialmente ideado como garante a través del inclinar de pesos y contrapesos, son precisamente los magistrados de la Corte los primeros que deberíamos blindar e inocular de las amenazas políticas y moralistas de su entorno.
