En la mañana del 30 de agosto de 2016, fue desplegado sobre el balcón del segundo piso de la Alcaldía de San Juan Nepomuceno, un enorme pendón plástico con fondo verde y blanco. Mostraba 15 retratos de hombres, campesinos, de la región. A manera de título podía leerse: ¡Viven por siempre!
Minutos después, los transeúntes, a pie o en moto, se detenían en la esquina y comenzaban a contemplar, reconocer y mencionar los nombres. Los murmullos sobre lo que les había sucedido surgían de manera espontánea y daban cuenta de la crueldad. Todos habían sido torturados y asesinados.
Así comenzó una mañana histórica, era la primera jornada pública que conmemoraba un hecho ocurrido entre la noche del 30 y la tarde del 31 de agosto de 2002. Esa mañana en la Plaza de San Juan Nepomuceno se rompió un silenció, un silencio de 13 años. Momento en que hubo valor para preguntar ¿Qué pasó? ¿Por qué los mataron? ¿Quién los mató? Tres preguntas que 16 años después siguen sin respuesta.
Hoy las familias de las víctimas viven con el impulso que genera la búsqueda de la verdad. Son 16 años de impunidad que deberían avergonzar a cualquier Gobierno y un claro llamado a los organismos estatales encargados de las víctimas del conflicto.
Dos semanas atrás del despliegue del enorme pendón con las fotografías de las 15 víctimas, en el salón principal de la alcaldía, 20 familiares debatían sobre la manera de recordar a sus seres queridos. Oficiar una misa; visitar las tumbas, y organizar un acto en el parque Diógenes Arrieta, una ofrenda florar en el parque Olaya Herrera, lugar donde fueron sembrados días después de la masacre dos árboles de caucho en memoria de las víctimas y que hoy se elevan inmensos como un clamor al cielo.
Por último se discutió la idea de ir a las fincas Los Guáimaros y El Tapón, donde ocurrió la masacre, tal propuesta tuvo una unánime decisión: “No es momento, aquí hay mucho dolor”, dijo Yamith Luna, hija de una de la víctimas, quien se ha convertido en una de las líderes del grupo que comenzó a preguntar ¿por qué?, ante el silencio histórico de las autoridades.
El 6 de agosto de 2016, la comunicadora Soraya Bayuelo, cabeza del colectivo de comunicaciones Montes de María, con sede en El Carmen de Bolívar, llegó hasta San Juan Nepomuceno para dirigir un ejercicio de memoria en el que las víctimas de la masacre no solo recordaron aquellos días trágicos de 2002, sino que reconstruyeron las historias de sus seres queridos y compartieron el dolor con el que han vivido.
Sobre extensos pliegos de papel, se fueron acostando uno a uno y las siluetas de sus cuerpos fueron dibujadas con marcadores. Al final, figuras humanas quedaron sobre los papeles en el piso. Comenzó así la reconstrucción de la tragedia en medio de voces que se superponían: “En total fueron 15 los muertos. Primero Francisco Contreras, Eugenio Mercado y Sergio Herrera, los mataron. Eso fue en Corralito, un corregimiento cerca de aquí. Al día siguiente, se fue un grupo a buscarlos, fueron siete personas. Decían que habían otros muertos en la finca Los Guáimaros, pero no se sabía bien qué pasaba”.
Foto: David Lara Ramos
“Nosotros fuimos a preguntar a la Policía y nos tenían engañados. Nos decían que estaban desaparecidos; que los tenía la Infantería, que ya iban a venir, y resulta que los habían matado a todos”.
“Fueron primero tres muertos en la finca El Tapón, les cortaron la cabeza, y los otros en Los Guáimaros, ahí fueron cinco, los golpearon y les quemaron los rostros. A los otros siete, o sea, los que salieron a buscar a los primeros muertos, tenían todos un tiro en la cabeza, el carro que ellos llevaban, lo quemaron”.
“Eso fue muy triste, la Policía, la Infantería, las autoridades, nos decían que los siete que salieron a buscar a los otros estaban bien, nos engañaron y eso nos dolió mucho, por eso yo tengo tanta desconfianza con las autoridades”.
“Mi papá que hizo parte de los siete, salió a la búsqueda por pura amistad, él era un ser maravilloso, papá se fue porque sentía que era su deber con los demás, era un campesino recio, agricultor y comerciante, pero nunca estuvo en nada malo”.
Luis Alfonso, perdió a un hermano y a un sobrino, reconoce que los ejercicios de memoria sirven para poder estar más tranquilo: “Aquí uno se encuentra con otros que tienen el mismo dolor, eso fue muy trágico, triste, queremos que no se olviden los nombres de nuestros familiares asesinados, necesitamos saber la verdad, saber qué pasó y que las autoridades nos lo expliquen bien”.
Las autoridades, como dice Luis Alfonso, no han dado certezas ni explicaciones sobre lo sucedido. Para la conmemoración de los 14 años, la entonces Defensora Regional del Pueblo, Irina Junieles, solicitó a la Fiscalía su presencia en los actos de conmemoración en San Juan Nepomuceno, con la idea de que se retomaran las versiones de las víctimas y se entregara, en reunión privada, los adelantos de las investigaciones.
El día de los actos y la conmemoración, todos esperaron a la delegación de la Fiscalía, jamás llegaron.
Yamith Luna de la Rosa, cuyo padre fue asesinado en la finca Los Guáimaros, ha quedado con una gran desconfianza en las instituciones: “Uno piensa que el Estado falló, al igual que las Fuerzas Armadas, nos sentimos defraudados. Fuimos a la Policía, donde teníamos que buscar respuestas, y nos dijeron que los de El Tapón y Los Guáimaros, estaban muertos, pero las siete personas que fueron a buscar los cuerpos estaban con el Ejército, y que llegarían al día siguiente porque el campo estaba minado, confiamos en las palabras que nos daba la Policía… La verdad: todos ya estaban muertos”.
Fue hasta el 4 de septiembre de 2002, que la incertidumbre sobre el paradero de sus familiares se despejó. En total, 15 personas asesinadas, sus cuerpos fueron sacados en helicópteros de la zona y llevados hasta el cementerio de San Juan Nepomuceno, donde fueron sepultados.
En aquel entonces, la versión oficial entregada por el Ejército, estableció que los responsables fueron integrantes del Frente 37 de las Farc, que históricamente delinquió en la región. Con el tiempo, esa versión cambió: escuadrones de autodefensas en alianza con otros actores. Hoy la única certeza es que la incertidumbre y la impunidad han permanecido en estos 16 años, y aún no existe el primer señalado.
Yamith Luna de la Rosa, líder de las víctimas de la masacre, asegura que el silencio durante tantos años fue producto del miedo: “No teníamos el conocimiento sobre los derechos y garantías que nos respaldan, ni mucho menos que podíamos manifestar nuestra voz de protesta, hoy tenemos una madurez mayor, conocimiento de las leyes, en aquel entonces no hicimos nada por miedo, porque amenazaron a un primo que se puso a averiguar, le dijeron que dejara de preguntar porque le podía pasar lo mismo. Nos desplazamos, y eso quedó así. Como estábamos pasando muchas dificultades decidimos volver al pueblo, ahora queremos saber la verdad y quiénes fueron los responsables”.
Desde su trabajo como investigadora en Dejusticia, Irina Junieles sigue acompañando a las víctimas de la masacre de Los Guáimaros y El Tapón. Para ella, uno de los tantos ejemplos de silencio en la zona de Montes de María. Si bien, no hay combates, siguen poderes locales ocultos que la gente puede identificar de uno u otro bando y que no permiten que la gente se exprese con libertad. Este año, con el apoyo de Dejusticia presentó el libro Los Guáimaros y El Tapón, la masacre invisible, que recoge los perfiles de las personas asesinadas.
Desde 2016, la capacidad que han tenido las víctimas para organizarse y reclamar sus derechos abre un nuevo camino hacia el único horizonte posible: exigir al Estado colombiano la justicia que merecen, pero sobre todo satisfacer su derecho a conocer la verdad para quitarse el desasosiego con que han vivido estos años y entregarles la paz que necesitan, tanto ellos, como sus muertos.
