El país está llegando a niveles insoportables de corrupción, y el ente que debe investigar para erradicarla, la Fiscalía General de la Nación, con 15.000 fiscales a su disposición, está demostrando una parsimonia inaudita, porque es más el barullo que hace que lo que resuelve, hasta el punto de que la sensación que queda en la opinión es que vamos para la impunidad total. ¿Qué pasó con Odebrecht, con Reficar y con la Triple A, para no citar sino los más protuberantes casos de corrupción que involucran a todos los grandes poderes económicos y políticos del país? ¿Y por qué, cuando el senador Robledo acusa al Fiscal de negligente, irresponsable e incapaz por no haber investigado como debiera al fiscal anticorrupción que resultó corrupto, Martínez Neira lo demanda penalmente ante la Corte Suprema de Justicia? La respuesta a estos interrogantes no tiene misterios: los grandes poderes nacionales quieren callar al senador Jorge Enrique Robledo. Porque con sus modestos recursos investigativos, pero con gran agudeza y responsabilidad, y con el respaldo de la ley, está destapando los nexos incuestionables del Fiscal Néstor Humberto Martínez con esos poderes, que son los que explicarían la inacción del ente acusador.
Néstor Humberto Martínez Neira fue elegido hace un año Fiscal General de la Nación por la Corte Suprema de Justicia, de una terna enviada por el Presidente Juan Manuel Santos. Obtuvo el respaldo de la mayoría (17 votos) de los magistrados de la Sala Plena, y su elección fue respaldada por los partidos de la Unidad Nacional y del Centro Democrático (http://www.elespectador.com/noticias/judicial/nestor-humberto-martinez-nuevo-fiscal-general-de-nacion-articulo-636849), es decir, que fue apoyado por el gran poder político del país, si comprendemos que allí se concentran sus intereses jurídicos y si apreciamos que prácticamente no tuvo oposición dentro de la Corte. Es decir, que las fuerzas políticas aparentemente antagónicas, el uribismo y el santismo, se unieron para elegirlo, y quien actuó como catalizador de esa unión, es indudable, fue Germán Vargas Lleras, el aspirante número uno para continuar con el modelo corrupto que se ha impuesto al país desde hace más de 50 años. Pareciera que su elección estuviera prevista para allanarle el camino a su padrino político, porque el Fiscal Martínez pertenece a Cambio Radical, el partido de bolsillo de Vargas Lleras. Y éste fue vicepresidente y Martínez ‘superministro’, ambos de Santos.
Néstor Humberto Martínez ha sido desde hace años defensor de empresas transnacionales en Colombia, de medios de comunicación y de los grandes ‘cacaos’ del país (https://www.las2orillas.co/nestor-humberto-martinez-abogado-del-poder-y-ahora-el-super-ministro-de-santos/). Además, como asociado al bufete de abogados más grande del mundo (DLA Piper), la firma Martínez Neira Abogados –que ha cambiado de nombre muchas veces–, asesora principalmente al conglomerado financiero más grande de Colombia, el Grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Por eso, muchos medios alertaron a la opinión sobre los riesgos que ocasionaría la elección de Martínez Neira como Fiscal para combatir la corrupción, puesto que con ello se estaría recurriendo a la llamada ‘puerta giratoria’, la forma como los grandes intereses privados entran a los cargos públicos.
Y precisamente, con el caso de los sobornos de Odebrecht quedó comprobado ese nexo, puesto que esa transnacional brasileña estuvo asociada con el Grupo AVAL en medio del escándalo, y, por consiguiente, quien debía investigar en Colombia la corrupción destapada en Estados Unidos era nada menos quien había sido contratista del consorcio Odebrecht-AVAL, Néstor Humberto Martínez. Por eso, el senador Robledo lo instó para que se declarara impedido en la totalidad de esa investigación y lo acusó ante los entes que tienen la competencia para investigarlo, mostrando todas las pruebas, de participar como abogado del Grupo Aval y como empleado público (Superministro) en actuaciones que lo comprometen en ese escándalo de corrupción.
Aunque ante las denuncias de Robledo el Fiscal se declaró impedido en el caso de la adición ilegal de la Ruta del Sol II, en la totalidad del proceso no lo ha hecho argumentando con cinismo que él no es quien investiga sino los fiscales delegados, que son nombrados por él, es decir, son sus subalternos. Y ahora se destapa que el delegado en ese caso, el fiscal anticorrupción Gustavo Moreno, fue capturado con orden de extradición de los Estados Unidos por chantajear a un exgobernador tan corrupto como él. Por eso, el senador del Polo Democrático, con toda la responsabilidad legal que le da el control político, volvió a poner contra la pared a Martínez para que responda por su responsabilidad en ese nombramiento. Y la respuesta inmediata fue la de acusar al senador penalmente por injuria y calumnia ante la Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados lo eligieron.
Pero lo más insólito es que la sala de la Corte que debe investigar el caso está asesorada por el CTI de la Fiscalía, que está manejado por Néstor Humberto Martínez (https://www.youtube.com/watch?v=lZym0J_5VUI&t=825s). Y lo más ilegal, porque en su demanda –es el primer caso en Colombia en que un fiscal criminaliza a un parlamentario por sus opiniones– se advierte no solo la omnipotencia del poder plutocrático encarnado en el Fiscal, sino la transgresión flagrante de la ley, porque tiene el agravante de que esa acusación está atentando contra la inviolabilidad de la opinión de los congresistas, tal como lo ampara la Constitución política de Colombia.
Estamos asistiendo así a un caso de matoneo del Fiscal contra un senador que ejerce su derecho de control político, con el objeto de callar su voz. Y no le basta hacerlo con todo el peso del poder establecido sino también con la antidemocracia. Por eso, esta no es una rencilla entre dos funcionarios públicos, como se tiende hacer creer, sino el enfrentamiento de una posición firme de un senador contra la corrupción, y la acción todopoderosa, temeraria e ilegal de un fiscal respaldado por todos los poderes económicos y políticos de Colombia. Ya lo anunció Jorge Enrique Robledo: “Me ratificaré en la Corte de todos los cargos contra el Fiscal, y ni él ni nadie callará mi voz contra la corrupción”.
