La discusión de la reforma de salud apenas arrancó en el Congreso, pero ya desató una tormenta. Ha recibido fuertes cuestionamientos por parte de la elite política, empresarial y financiera. Retumban también sus ataques a las anunciadas reformas de trabajo y pensiones, que van en la misma dirección.
Sus más fervientes opositores vaticinan el derrumbe del sistema de salud, la desinstitucionalización del país, el desbarajuste de las finanzas públicas, el desfalco de los ahorros de los pensionados. Y los medios les copian día tras día.
Hay que “construir sobre lo construido”, repiten con insistencia, apuntándole a la continuidad del modelo. Tergiversan la información, manipulan las encuestas y asustan a la opinión pública.
Por encima de cualquier otra consideración, están decididos a impedir a cualquier costo que se modifiquen los privilegios y beneficios que les otorgó la Ley 100 hace 30 años: el manejo seguro para ellos y sin control de los cuantiosos recursos públicos de la salud y de los fondos de pensiones.
Lo cierto es que solo eliminando la intermediación de las EPS y las prerrogativas con que cuentan los fondos privados de pensiones, el Estado contaría con buena parte de los recursos que requieren las dos reformas. Se daría así un avance significativo en materia de garantía de salud pública y protección social como derechos.
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Solo eliminando la intermediación de las EPS y las prerrogativas de los fondos privados de pensiones, el Estado contaría con buena parte de los recursos que requieren las dos reformas
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Ahora bien, la ortodoxia neoliberal no solo pretende que el sector privado siga manejando los negocios más rentables. También busca que el Estado garantice el pago de la deuda externa al capital financiero y de las ganancias a los inversionistas extranjeros. Ello explica la política de ajuste fiscal y de reducción del gasto público.
La Ley 1473 de 2011 estableció en Colombia la llamada regla fiscal. Según estipula su Artículo 5, se trata de asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, de tal forma que el déficit fiscal (diferencia entre gastos e ingresos) no supere el límite de la deuda, fijado en el 70% del PIB.
La regla fiscal se materializa en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, MFMP, con el cual deben ser consistentes el Plan de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Operativo Anual de Inversiones y el Presupuesto Nacional.
Pero el control de las finanzas públicas es todavía mayor. Se establece que cada año el gobierno presente el MFMP con cálculos actualizados del PIB, tasa de cambio, déficit fiscal y déficit de cuenta corriente, inflación, recaudos tributarios y precio internacional del petróleo. Debe incluirse también una proyección a diez años sobre el comportamiento previsible de la economía del país.
Para enfrentar la pandemia, el gobierno de Duque suspendió la aplicación de la regla fiscal. Pero en 2021, su ministro de Hacienda estableció unas metas de déficit fiscal bastante más estrictas: 1,4% para 2023, 0.2% para 2024 y un superávit fiscal de 0.5% para 2025. Creó también el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, con expertos independientes del gobierno para asesorarlo en esta materia.
El nuevo gobierno quedó así maniatado en materia de inversión pública. Todo este andamiaje institucional y burocrático pretende mostrarse como técnico, pero es profundamente político. Le apunta a afianzar la confianza inversionista internacional y a mejorar la calificación de riesgo, para garantizar la categoría de inversión del país. Es decir, el gran capital financiero está al mando.
Sin embargo, una cosa son las normas que se les imponen a nuestros países y otra lo que sucede con los países poderosos, que para nada respetan estas normas.
Los economistas críticos cuestionan la validez de dicha estrategia. Jorge Iván González, hoy director del DNP, viene señalando de tiempo atrás que la regla fiscal debe replantearse porque ha fracasado en Colombia y en el mundo entero. No se cumple. Ha sido una mentira colectiva.
Señala cómo, desde hace décadas, los países europeos y EE. UU. mantiene déficits fiscales y niveles de endeudamiento altísimos, que se incrementaron a partir de la pandemia. En 2021 el 90 % de estos tenía un déficit fiscal superior al 4 % del PIB.
En Europa la deuda pública llegó al 97,3 % del PIB, muy por encima de lo que estipula la regla fiscal. En Italia y España el porcentaje fue del 120 %, en tanto que en EEUU llegó al 130 %. (https://www.larepublica.co/analisis/jorge-ivan-gonzalez-506394/regla-fiscal-3325047).
Lo cierto es que allí la brecha entre déficit fiscal y deuda pública sigue creciendo, en la medida en que en el mundo entero se sigue insistiendo en que los sectores más pudientes no paguen impuestos. De hecho. los países más solventes son también los más endeudados. Saben que enfrentados a la contienda económica global no pueden atarse a unas reglas que restringen sus posibilidades de acción.
En Colombia y otros países latinoamericanos empeñados en la transformación social los retos son enormes. Por un lado, la presión financiera nacional e internacional para cumplir con las reglas financieras es considerable.
Por el otro, Petro y Francia tienen el compromiso de sentar las bases de la paz total y de emprender profundas reformas en lo social y ello demanda enormes niveles de gasto público e inversión social. Por ello, cumplir con la ortodoxia fiscal no es una opción y el gobierno lo sabe.
