La sorpresiva captura de Carlos Arturo Velándia, más recordado como ‘Felipe Torres’, ex integrante de la guerrilla del ELN, se dio anoche en muelle internacional del aeropuerto El Dorado cuando arribó al país procedente de España. ‘Felipe Torres’ creía estar a paz y salvo con la justicia tras pagar diez años de prisión y recobrar la libertad, a mediados de 2003. Desde entonces se dedicaba a dar charlas, formular análisis, escribir libros, y a ser un “activista de la paz”. Sin embargo, cuando pretendía retornar al país los agentes de inmigración advirtieron que tenía en su contra una orden de captura vigente expedida por un juzgado de Cali que lo requiere por los delitos de homicidio, hurto y secuestro. Torres fue detenido y entregado a la Fiscalía que deberá ponerlo a disposición del respectivo juez.
En agosto de 2014, el ex integrante del ELN presentó este testimonio ante un auditorio de víctimas del conflicto:
Soy Carlos Arturo Velandia Jagua, exmilitante y exdirigente del Ejército de Liberación Nacional, organización insurgente a la que pertenecí durante más de treinta años y en la que porté el nombre de Felipe Torres.
En el año 1994 fui capturado y sometido a juicio bajo el régimen de la llamada Justicia sin rostro, fui condenado bajo la jurisdicción penal del Estado colombiano, purgué 10 años de prisión y 10 años de interdicción de derechos políticos, derechos que hoy, luego de veinte años no me han sido retornados. Tras haber cumplido con la totalidad de la pena, en las condiciones que lo determinó la justicia, debí salir del país al exilio, en el que permanecí durante siete años. Durante el tiempo de prisión, representé al ELN como vocero político en acercamientos y diálogos de paz, con los Gobiernos de los Presidentes Ernesto Samper Pizano, Andrés Pastrana Arango y los dos primeros años del primer gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez. Durante el exilio me vinculé a labores académicas de investigación sobre paz y conflictos en el mundo, en dos importantes centros de investigación, como son el Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada y en la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Con la misma determinación con la que un día, a comienzos de los años 70´s me levanté en armas, he hecho dejación individual de armas convencido de la necesidad histórica que tiene el país de parar la guerra y construir escenarios de diálogo y negociación, en la búsqueda de la salida política que le permita al país superar el conflicto armado interno y crear las bases para que la nación construya las reformas y transformaciones, que remuevan las causas que originaron la guerra hace cincuenta años, y se construya la justicia social que reclaman todos los colombianos.
He regresado al país, para contribuir al desarrollo de esta gran oportunidad de paz, en mi condición de ciudadano libre, es decir sin deudas con el Estado ni ataduras con la organización insurgente a la que pertenecí.
Hoy hago presencia en este Foro de Víctimas, para poner en conocimiento de la existencia, a lo largo del conflicto armado, de una matriz de persecución y victimización a las familias de miembros de las organizaciones insurgentes, fenómeno sobre el cual poco o nada se habla, simplemente porque los dolientes, es decir los insurgentes fácticamente no reclaman o cuando denuncian, éstas son desoídas por el Estado y parte de la sociedad, me pregunto, si es porque quizás ¿las encuentran justificadas?.
Me referiré al hecho puntual del secuestro y desaparición de mi hermano Jorge Nicolás Velandia Jagua, el menor de mis 14 hermanos y las amenazas de muerte a mis familiares junto con la conminación de abandonar el país en un plazo de 48 horas. En actos claros de represalias contra mí, por haberme alzado en armas, , y estableciendo de facto el “delito de sangre” como una realidad, que golpea a familias inocentes. Esto ocurrió en el mes de marzo de 1997, en un contexto de persecución y victimización de otras familias de líderes insurgentes, como Alfonso Cano, Simón trinidad, Pablo Catatumbo y Nicolás Rodríguez Bautista mediante amenazas, atentados, secuestros y asesinatos de miembros de sus familias, las que nada tenían que ver con la decisión individual mía y de las personas que he nombrado, en el alzamiento en armas contra el Estado.
La más absoluta impunidad reina sobre los hechos criminales contra personas inocentes, pese a que los operadores de justicia del Estado han abierto procesos contra presuntos victimarios, entre los que se entremezclan paramilitares y militares en ejercicio. Hoy cuando el país se acerca al final del conflicto armado interno y la sociedad reclama y reivindica el derecho que asiste a las víctimas, de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición; y las partes del conflicto reconocen ser generadoras de víctimas y se avocan a examinar el tema de las víctimas del conflicto, pido en mi nombre y en mi derecho saber la verdad sobre la desaparición de mi hermano, la persecución y represalias de que fue objeto mi familia. Por extensión y solidaridad pido lo mismo para las familias perseguidas, victimizadas y represaliadas de los miembros de las organizaciones insurgentes que hayan padecido éste flagelo.
Si de verdad queremos paz, es imperativo que todos los hechos victimizantes durante el conflicto sean examinados, que no quede por fuera ninguna tipología de victimización sin examinar, que no quede una sola víctima sin ser reparada y que ningún generador de víctimas inocentes se quede sin responder. Esto es fundamental para la reconciliación y la paz duradera.
Pido en este Foro que las familias represaliadas por su parentesco con insurgentes sean reconocidas como víctimas de derecho pleno a la verdad, a la justicia, a la reparación, a las garantías de no repetición; pido a la Mesa de La Habana, que entre los grupos de víctimas que acudirán allí se incluya a familiares de insurgentes victimizados, en la guerra contrainsurgente.
Cali, 3 de agosto de 2014
Este texto fue presentado en el Foro de víctimas de Cali.
Publicado originalmente el 6 de agosto de 2014 con el título “Los familiares de los guerrilleros deben ser reparados”
