Cincuenta años de guerra colmados de conflictos particulares y diferentes en cada una de las regiones del país tienen en crisis a la justicia colombiana. Es bien sabido que la historia la cuentan los vencedores. Todos los violentos a lo largo del tiempo y del territorio donde ejercen han hecho exactamente lo mismo: imponen su maquinaria de terror, someten a la población, asesinan o desplazan a quienes se les opongan o hayan establecido relación con hegemonías anteriores, pretenden imponer y grabar para la historia su verdad, sus razones, sus móviles y justificaciones a sus crímenes.
La verdad y las víctimas terminan atrapadas y sacrificadas en medio del miedo y de esa telaraña de confusiones e intereses. Pero por sobre todo la verdad judicial que deben contar los actores, espectadores y víctimas en los estrados judiciales termina contaminada y amañada a los intereses del miedo, el odio, la venganza y la impunidad que caracterizan esa dinámica frenética de la guerra donde son demasiados los muertos, las presiones, la sangre derramada, y los falsos testigos utilizados por los bandos enfrentados que pretenden tergiversar la verdad judicial para instrumentalizar la justicia en su favor.
En estas zonas de violencia investigar y administrar justicia se torna mucho más difícil que en cualquiera otro lugar del país, no solo por la amenaza latente que representa el accionar de estos grupos armados que convierten la labor investigativa en una actividad extremadamente peligrosa, sino también porque la maraña de circunstancias y confusiones que genera la guerra hacen altamente probable que los operadores judiciales resulten afectados por el miedo, o fácilmente resbalen al abismo del error judicial y la injusticia.
La Fundación Defensa de Inocentes en estos dos años ha podido investigar, y documentar muy complejos casos en los que los falsos testigos y los intereses que los mueven lograron presentar una verdad judicial y una verdad mediática que dista mucho de la verdad histórica. Verbigracia, son muchos los inocentes condenados y procesados hacinados en las inhumanas canceles colombianas, la mayoría de ellos porque no tuvieron dinero para pagar investigaciones y buenos abogados que pudieran demostrar su inocencia y defenderlos de la Fiscalía, que por cierto se ha convertido en la institución más poderosa y en ocasiones la más abusiva y menos respetuosa de los derechos fundamentales de los colombianos.
En el Urabá y en el noreste antioqueño, en el Cauca y los Llanos Orientales, en los Santanderes y en la costa Caribe, en el Putumayo y en el Pacífico, al interior del Ejército y la Policía, del magisterio, Ecopetrol, la Fiscalía y la rama judicial, y en general a lo largo, vasto y profundo del país el fenómeno de los falsos testigos ha hecho estragos y hoy son centenares las familias inocentes afectadas por este cáncer para la justicia colombiana.
Los casos de la estudiante y líder afrodescendiente en Villa Rica Cauca señalada de ser comandante guerrillera María Soliana Colorado, el del anciano de 78 años Adriano Palacios quien estuvo seis meses preso por el único delito de ser negro y después de haber desvirtuado con más de 67 pruebas contundentes los cinco delitos que le endilgó la Fiscalía, el del coronel de la Policía William Montezuma acusado por integrantes de las bandas criminales que el mismo ayudó a desmantelar, el del empresario cartagenero Alfonso Hilsaca perseguido por no dejarse extorsionar y denunciar a fiscales corruptos, el del policía Mario Ramos incriminado de poner la bomba al exministro Fernando Londoño, el de Yidis Medina víctima de un montaje para condenarla a 34 años de prisión, el de José Crisanto Gómez acusado de ser guerrillero por cuidar a Emmanuel el hijo de la exsecuestrada Clara Rojas, el del minero Jairo Hugo Escobar sindicado por mineros ilegales de Segovia y Remedios como determinador de delitos que no cometió, el del policía Buenaventura Orobio acusado de dar información a las Farc para que atentaran contra la estación de policía en la isla Gorgona cuando en esa zona del Pacífico le ha tocado arriesgar su vida combatiendo a la guerrilla en varias oportunidades, el de los exsenadores Dilian Francisca Toro y Aristides Andrade, y el de los exalcaldes Julio César Ardila y Germán Chaparro incriminados por desmovilizados que pretendieron extorsionarlos, son algunos ejemplos de víctimas cuyos casos presentaremos en el Primer Encuentro Nacional de Víctimas de Falso Testigos en Colombia organizado por la Fundación Defensa de Inocentes para el próximo 2 de junio 2015 en la ciudad de Bogotá.
