Por estos días el país está conociendo a través de los testimonios que están rindiendo los militares en las audiencias públicas de la justicia especial para la paz el modo en el que integrantes de la fuerza pública con la anuencia de grupos paramilitares ejecutaron a civiles inocentes dentro del conflicto interno armado, los testimonios confiesan como reclutaron a personas inocentes para luego asesinarlas y hacerlas pasar como integrantes de grupos guerrilleros en el departamento de Antioquia.
En este caso como lo determino la JEP, se le imputó cargos de crímenes de guerra y lesa humanidad al general en retiro, Mario Montoya Uribe junto a 8 miembros más del Ejército nacional, por 130 casos de falsos positivos.
De este mismo modo se están evidenciando en las declaraciones ante los magistrados de la JEP las detenciones y luego desapasiones por parte de la fuerza pública en otros macro casos que tuvieron ocasión en otros departamentos del país.
Si bien es cierto que para entender estos vejámenes que progresivamente se cometían dentro de las fuerzas militares tenemos que entrelazar la política de seguridad democrática que para la época profesaba el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Dentro de este marco institucional los militares en su idea macabra asesinaban sin piedad a cualquier civil que se les atravesara en aras de dar resultados a sus mandos superiores como único indicador para tener incentivos, recompensas y permanecer sin traslados.
La presión por parte del general según los testimonios que presentan los militares se daban a través de la frecuencia radial casi todos los días, en reuniones entre mandos medios, y en todos se exigía la muerte como recompensa; era tal la barbarie de este modo criminal que el general pedía que se derramaran litros, chorros o ríos de sangre, en aras de presentar resultados de bajas en combate para decirle al país que se estaba ganando la guerra, para esa época los medios de comunicación presentaban cada dia los asesinatos de presuntos delincuentes mientras los familiares lloraban pidiendo que se esclareciera la verdad de los hechos.
El presidente de la época entonces se presentaba como el héroe de Colombia junto a sus generales y comandantes de brigadas diciéndole al mundo que se estaba ganando la guerra frente a la insurgencia. Miles de jóvenes y campesinos fueron víctimas de esta política, con engaños fueron conducidos a las brigadas para luego ser asesinados y pasarlos como integrantes de grupos insurgentes.
Según las cifras que presenta la JEP este fenómeno criminal dejo como saldo 6402 casos de falsos positivos, familiares que hoy al escuchar los relatos por parte de los militares se desgarran en llanto al saber que sus hijos, maridos y allegados fueron víctimas de una política que sin miedo a equivocarme se institucionalizó desde la seguridad democrática.
Gracias a la JEP estamos conociendo la verdad de estos hechos, que sean los mismos actores militares que estén confesando los asesinatos es un adelanto para el esclarecimiento de la verdad, la justicia y la reparación integral.
Esto hace parte de la nueva misión institucionales que deberían tener cada miembro de la fuerza pública, proteger a cualquier civil en cualquier parte de nuestro territorio. Es mejor construir caminos hacia la paz que estar en permanente guerra.
