La policía patrulla por los 21 barrios que conforma la comuna 13 ubicada al occidente de la ciudad, a su paso hacen las recogidas sorpresa de los jóvenes, les toman fotos, los requisan, les piden sus datos, los anotan. Meses después, antes de que amanezca aparecen en las casas, a veces tocan la puerta otras veces las tumban, se identifican: Policía Nacional. Entran apuntando con sus armas, muestran la orden de allanamiento, inspeccionan la casa, luego presentan la orden de captura y preguntan por el implicado, proceden a esposarlo y se lo llevan para judicializarlo. Esto fue lo que le sucedió a Marlon, Harold y Cristian.
La mamá de Marlon fue la que escuchó el portazo a las 5 de la mañana: Policía Nacional. El muchacho se preparaba para ir al colegio cuando irrumpieron los agentes. Inspeccionaron la casa, no encuentran nada pero se llevaron a Marlon. Vestía el uniforme escolar. Aquello que la mamá evaluó como una equivocación con su hijo se convirtió en noticia de prensa cuando las autoridades la presentaron como una gran captura.
Todo fue veloz. La audiencia pública en la que un juez leyó los cargos: concierto para delinquir y desplazamiento forzado. A pesar de no tener antecedentes y ser menor de edad, decretó detención preventiva de 90 días mientras se realizaba la investigación, por considerar a Marlon un peligro para la sociedad. Los hechos por los que le acusan ocurrieron seis meses antes de la captura. Ese día Marlon estaba en una fiesta con varios amigos, entre ellos Harold, pero Alexa, su madre, estaba en la casa que es vecina y presenció todo
Por vivir en esta zona de Medellín, los jóvenes son esigmatizados por la policía
Los falsos testimonios y las discrepancias en las versiones de los testigos presentados por la fiscalía fueron evidentes en las audiencias, así como la solidaridad de los vecinos para dar fe que Marlon era un gran futbolista, un buen estudiante y sobre todo que no era un delincuente, a eso se sumó que una de las supuestas víctimas del hecho declaró a su favor, dijo que lo conocía y que no tenía nada que ver, a pesar del esfuerzo de las autoridades por implicarlo. Esta vez el juez les creyó y lo dejó en libertad, aunque la investigación continúa. Al igual que el miedo pues, “uno con qué cara va a creer ya en la policía si se prestan para esto” dice Alexa quien decidió abandonar el barrio y la casa que le habían dejado sus papás para vivir.
A Marlon le quedó una gran desconfianza hacia las autoridades y el dolor de haber sido detenido injustamente y su nombre manchado.
Su amigo Harold no corrió la misma suerte. También estaba en la fiesta, fue detenido y lleva tres meses en la cárcel. Las autoridades también lo buscaron en su casa en la madrugada, aduciendo los mismos cargos. Las inconsistencias eran evidentes: la dirección del domicilio no coincidía, la orden estaba fechada el año anterior y los apellidos estaban incompletos. Su padre, Frank, pasa los días recopilando las pruebas que demuestran la inocencia de su hijo, a quien siempre lo perseguía la policía quizás por sus atuendos y sus piercings. Pero lo suyo es el rap, compone canciones y conformó un grupo cultural con compañeros del colegio que la policía quiso estigmatizar como si se tratara de un combo delictivo.
Los residentes de La Comuna 13 exigieron la libertad de Harold Zapata
“Nos están atacando por todos los flancos, sino es la delincuencia es el estado que considera que cualquier persona que pase por las calles de estos barrios es un delincuente”, dice su papá Frank. Se siente un extraño en un barrio en el que ha vivido 39 años.
El caso de Cristian, productor musical y promotor del arte y la cultura en su barrio, era aún más evidente la injusticia, pues entre los señalados por las víctimas del desplazamiento no había ningún afro-descendiente como el. Los cargos eran los mismo, la condena entre 8 y 24 años de prisión de los cuales pagó 4 meses en la cárcel de El Pedregal. Hoy, casi un año después de recuperar su libertad todavía lo desvelan las pesadillas de la policía derribando la puerta.
Angela, su hermana, define la situación como algo trágico, humillante y devastador y con el recuerdo de los policías apuntándole el día de la captura de su hermano concluye que “el estado está llenando indicadores con los pobres, quedando bien ante la sociedad haciéndole daño a inocentes”.
Los Falsos Positivos Judiciales se definen como casos comprobados de encarcelamiento de civiles inocentes que son presentados como culpables sin las pruebas requeridas para su reclusión. Son casos que se construyen a partir de hipótesis falsas recurriendo a mentiras y señalamientos; defensores de derechos humanos calculan que son más de 3000 los reportados. En un informe presentado por Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias, se evidenció que estas prácticas son comunes para coartar la libertad de expresión.
A pesar del número de capturas, la situación no cambia pues la comuna 13 desde hace tres años (2011, 2012 y 2013) lidera las estadísticas por desplazamiento intraurbano en Medellín, problemática que no ha disminuido debido a que los falsos positivos judiciales incrementan el número de capturas pero sin desestabilizar las verdaderas estructuras delincuenciales.
Para Jorge Mejía Martínez Consejero para la convivencia, la reconciliación y la vida de la Alcaldía de Medellín, el tema es complejo. “Medellín como territorio -dice Mejía- ha sido víctima de violencias indiscriminadas y generalizadas los últimos 30 años, encabezadas por el narcotráfico”, a pesar de los esfuerzos de la comunidad, en especial de la comuna 13 por reagruparse y apropiarse de nuevo de su territorio tras 12 años de la operación Orión. “Hay mucho sentido de pertenencia, muchas personas que se han dado a la tarea de buscar una sanación y generar otra apreciación de su territorio, demostrar que las cosas han cambiado y que ha habido transformaciones importantes y que en general la gente es sana, trabajadora y comprometida. Es una obligación del Estado posibilitar el acceso de la gente de la comuna 13 a la verdad de su historia y esclarecer los horrores que allí sucedieron, empezando por la escombrera, (aquel vertedero de basura y cadáveres), que dejó tantas heridas. Mientras no lo hagamos damos lugar a todo ese tipo de interpretaciones, desconfianza y resquemores.”
-Nacemos sospechosos y morimos culpables- decía Gabriel García Márquez, y así es la realidad de la comuna 13, donde no solo matan a los raperos, también los meten presos siendo inocentes.
