Con el reconocimiento del brigadier general (r) Coronado y nueve militares más del asesinato de 120 civiles para presentarlos como bajas guerrilleras, se inicia la transformación del uso del poder militar en el país y del abuso del poder civil sobre el poder militar. Sancionar las desviaciones del uso de la fuerza pública es una manera de erradicar esas prácticas y prevenir su recurrencia. Lograr que todos los integrantes de las Fuerzas Militares y de Policía acaten y actúen bajo los principios y normas que les da derecho a usar las armas, fortalece la institución y la confianza de la ciudadanía en su fuerza. Pero el peso de la justicia transicional debe llegar hasta las élites del poder civil que estimularon, diseñaron y ampararon esas conductas y le tendieron el manto de impunidad para garantizar su eficacia.
El paso que dio la JEP confirma la importancia de haber pactado en La Habana la creación de la justicia transicional para cerrar el conflicto armado. Encontrar la verdad, resarcir a las víctimas y sancionar según el modelo acordado a los responsables para evitar la repetición es un acierto y el avance en los falsos positivos lo confirma. Sin embargo, falta establecer el origen de la política que invitó a asesinar civiles y falta establecer cómo hizo curso a lo largo de la institución y del país esa práctica ilegal (al igual que otras aún en estudio). ¿Cómo se explica que nada impidiera que se llegara a 5.000 víctimas sin que ninguna entidad de control actuara? Solo fue gracias al tesón de los familiares y al apoyo de ONG que se llegó a desenmascarar y probar el engaño no solo a los muchachos asesinados sino a toda la sociedad y a la comunidad internacional.
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Cuando le piden simetría entre el reconocimiento de crímenes de militares y de guerrilleros cometen un gravísimo error
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Aunque algunos analistas que dicen defender a las instituciones -aún en sus desviaciones- piden que la JEP logre lo mismo con comandantes de las Farc, no se puede equiparar los delitos de quienes tiene el derecho legítimo a usar la fuerza con quienes recurren a la violencia y actúan al margen de la ley sin que nadie les haya otorgado ese mandato. Cuando le piden simetría entre el reconocimiento de crímenes de militares y de guerrilleros cometen un gravísimo error. No hay simetría posible a menos que esos analistas consideren que como las Farc no respetaban norma alguna ni derechos humanos, el ejército quedaba eximido de hacerlo automáticamente, Lo cual querría decir que el ejército puede actuar igual que una banda de criminales al margen de la ley.
Esta posición carece de sentido en un estado de derecho y para mantener la legitimidad en el uso de la fuerza del estado se requiere prevenir, investigar y sancionar todas las desviaciones que ocurran. Y hacerlo con rigor, porque el dejar de hacerlo se deslegitima el estado, las instituciones militares y de policía y el estado de derecho. Pero lo más delicado de asumir esas posturas que buscan justificar las conductas desviadas, es que tratan de esconder la responsabilidad de las élites civiles, políticas y económicas en el diseño de las políticas del engaño y la arbitrariedad usando a la fuerza pública.
Sin el apoyo de las élites del poder político y económico, las desviaciones de los militares hubieran sido de corto alcance. Como está demostrado que los autores sabían que actuaban por fuera de la ley, al igual que todo delincuente, sabían que necesitaban estar protegidos ante cualquier sanción. Pocos delinquirían si supieran que acabarían en la cárcel, por eso es inherente a la mente criminal diseñar y asegurar su escape, eludir a la justicia y evitar su reconocimiento como criminal. Parte de la conducta ilegal de los militares confesos es evitar ser descubiertos, procesados y sancionados. Crimen e impunidad van de la mano, pues en la medida en que la justicia no llegue al responsable, el crimen se puede expandir con libertad. El poder civil es cómplice al establecer las trabas, las barreras y los mecanismos de protección para los ilegales que actúan bajo el amparo de la legalidad. Es el poder civil el que les garantiza la impunidad y es cómplice y autor intelectual de la conducta de esos militares.
La necesidad de establecer la impunidad para los actores y diseñadores de la política ilegal radica en que proteger a los autores es esencial para la eficacia del resultado. La eficacia no era el número de muertos, puesto que todos sabían que las víctimas no eran guerrilleros combatientes y por consiguiente no producían ningún impacto en la confrontación armada con las Farc. La eficacia radicaba en que al simular un aumento importante del número de bajas se generaba un efecto social y político positivo para continuar la guerra.
La percepción de estar derrotando al enemigo fue clave para mantener el apoyo popular a la guerra de Uribe, para mantener el elevado presupuesto militar y el apoyo de Estados Unidos (el Plan Colombia) y el de otros países que venden armas, tecnología y entrenamiento. Sin el apoyo de la sociedad, el ejército pierde su voluntad de combate; sin el apoyo de la población es difícil incrementar el presupuesto militar; sin resultados notorios el apoyo internacional se limita. Sin la esperanza de una victoria nadie quiere desperdiciar recursos. ¿Y cuál es la política que se impone cuando no se vislumbra una victoria militar? El diálogo para una paz negociada. Si no se puede ganar la guerra, se debe negociar la paz. Algo que el uribismo aún no acepta.
La política de mostrar cada día mejores resultados operativos buscaba demostrar ante la opinión pública nacional e internacional que por la vía militar se iba a derrotar a la guerrilla; y en consecuencia se alejaba la posibilidad de una negociación como muchos clamaban, que llevaría necesariamente a la incorporación de la guerrilla a la sociedad y a las instituciones como un actor con igualdad de derechos. Así ocurrió con el Acuerdo de La Habana, que le permitió a las Farc transitar de enemigo del estado a ser parte integral de la sociedad. Gracias a los diseñadores de la justicia transicional, las instituciones militares y de policía colombianas tienen la oportunidad de reorganizarse, relegitimarse y preservar la seguridad nacional.
