Las imágenes de la policía disparando a la población civil durante los disturbios del pasado 9 de septiembre en la Capital, un pequeño Bogotazo, parten en dos la historia de la represión oficial en Colombia en este siglo y por supuesto, un antes y un después en la evaluación de la gestión del gobierno. Desde las jornadas del 8 y 9 de junio de 1954 durante la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla no se veía nada semejante. Ese día 13 estudiantes fueron asesinados por los integrantes del Batallón Colombia, soldados de infantería que acababan de regresar de la guerra de Corea, acostumbrados a disparar. El 9 de septiembre 11 jóvenes fueron abatidos, aparentemente como se dice ahora, por la policía armada, que por cierto desde 1953 había pasado a ser parte del Ministerio de Guerra, perdiendo desde entonces poco a poco el carácter de fuerza civil.
Pero el otro lado de la confrontación no fue peor. Grupos coordinados de vándalos, entrenados para incendiar y destruir, mezclados con los manifestantes, le dieron a una protesta social legítima, desatada por un acto de brutalidad policial contra un ciudadano inerme, el cariz de una revuelta violenta, que desbordó la capacidad de las autoridades para contenerla, con un saldo aterrador: 54 CAIS y 33 buses de Transmilenio destruidos, doscientos policías contusos, 300 ciudadanos heridos, más de 70 con arma de fuego. Y los muertos. Al día siguiente, 80 personas lesionadas, 12 heridas por armas de fuego, 3 muertos.
¿Es eso parte de la nueva normalidad? ¿Es válida la solicitud del expresidente Álvaro Uribe de sacar las Fuerza Armadas a las calles, que nos devuelve a lo ocurrido hace 66 años? ¿Es el traslado de la guerra de guerrillas a las ciudades? ¿Se han agotado los mecanismos civiles de control ciudadano y no queda otro camino que la represión armada? ¿Ejército contra vándalos en las calles de ciudades militarizadas, es ese el tamaño del desastre y la solución al manejo del orden público en Colombia?
En un país de agudas polarizaciones políticas, es un error monumental crear otra entre la ciudadanía y la policía, que ha sido creada para protegerla: un valor básico de la convivencia ciudadana que hay que preservar. Y un error más grande todavía es politizar ese enfrentamiento como si fuera entre un gobierno represivo y autista, y un pueblo hambriento sin esperanza. Ambos errores, no hacen sino socavar desde sus mismas bases al sistema democrático.
Pero hay asuntos que es necesario aclarar. Los altos mandos de la policía dicen que nadie dio la orden de disparar, pero dispararon. Reducir ese acto a una decisión individual de un policía acosado es ignorar el problema. La preocupación es que haya una cultura dentro de las fuerzas policiales que les permitan pensar a quienes disparan que están actuando correctamente, y ello refleje la insuficiente formación de sus miembros sobre las responsabilidades civiles de la policía, tan desvirtuadas por el conflicto interno, que hay que fortalecer para que lo ocurrió no se repita.
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Reducir el acto atroz de disparar sobre la población civil a una decisión individual, es una manera de deshacerse de la responsabilidad política que le cabe a la cadena de mando
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Y reducir el acto atroz de disparar sobre la población civil a una decisión individual, es una manera de deshacerse de la responsabilidad política que le cabe a la cadena de mando y a las autoridades civiles de las que depende, autoridades que al parecer no incluyen a los alcaldes. Como le decía un comandante de la policía de ingrata recordación al alcalde de una de nuestras grandes ciudades agobiadas por la inseguridad: ustedes los alcaldes son jefes de policía, no jefes de la policía. Un tono arrogante frente a la autoridad civil que al menos debería tener como consecuencia la responsabilidad política por sus actos.
Lo que si queda flotando en el ambiente son las consecuencias que sobre la dirigencia política tiene lo acontecido. En la medida en que el grueso de la opinión pública piense que es la extrema izquierda la que alienta la invitación a salir a las calles para crear el caos, aunque el caos lo creen otros intereses, la inevitable reacción va a ser el fortalecimiento de la extrema derecha, que ofrece seguridad y orden, con el uso de la fuerza, sin pararse mucho en detalles como la defensa de los derechos humanos. Ya ha sucedido antes.
Es allí donde está el peligro de las asonadas: en el florecimiento de quienes dicen tener la autoridad para resolverlas a las malas. Hay naturalmente alternativas más democráticas que esa, que están a nuestro alcance. Entre ellas, el establecimiento de estrictos protocolos para el manejo de los desórdenes urbanos, el fortalecimiento de los servicios de seguridad para encontrar a quienes ordenan esos desórdenes, el rescate de la naturaleza civil de las fuerzas policiales, la búsqueda sincera de solución a la falta de oportunidades que saca a la gente a las calles. Pero, sobre todo, el desarme de los espíritus que permita la existencia de soluciones políticas a los problemas de la Nación en un clima de convivencia. Una decisión de rechazo a los extremos que hoy se están sacando los ojos en medio de un dramático vacío de poder y que sólo pueden tomar los ciudadanos en las urnas.
