En el mundo, 68 países no han abolido la pena de muerte, entre los cuales se encuentran Estados Unidos y Egipto, dos países que en lugar de disminuir las estadísticas de personas condenadas al patíbulo, cada vez las cifras de condenados aumentan frente a una justicia selectiva, parcializada y discriminatoria. A Estados Unidos y Egipto no solo los une esta condenable práctica de impartir justicia, sino los intereses geoestratégicos de los gringos en el mundo Árabe, además, los egipcios siguen siendo sus principales aliados en la región y uno de los países del mundo que más ayuda y cooperación militar reciben de Estados Unidos.
En Estados Unidos las mayores ejecuciones recaen sobre los ciudadanos afroamericanos y de origen latinoamericano, mientras que en Egipto sobre los seguidores y simpatizantes de la organización política de los Hermanos Musulmanes. En Estados Unidos, las estadísticas demuestran que aplicación de la pena de muerte se hace con la lupa racial, la mayoría de condenados en los 32 Estados, donde se aplica la pena capital son afroamericanos y de origen latino.
Gran parte de los juicios son parcializados en un país, donde los negros representan el 12% de la población. Sin embargo, sobre ese segmento de la población recaen más del 50% de las condenas a muerte. Las cifras sobre ejecuciones, en el 2014, en los Estados de Texas y Alabama, hablan por sí solas. En el primero 11 de los 15 condenados al patíbulo fueron negros y en el segundo el 70% de los ejecutados.
En Egipto la rebelión de la primavera árabe en el 2011 precipitó la caída del régimen de Hosni Mubarak, su caída en términos políticos fue capitalizada por los Hermanos Musulmanes, una organización política islamista de corte fundamentalista, fundada en 1928 por el clérigo Hassan Al Banna, una cofradía que luego de ocho décadas de luchas, entre la clandestinidad y la legalidad llegó por primera vez, en el 2012, al poder con el presidente Mohamed Morsi.
El primer egipcio elegido democráticamente en la historia del país, pero desde que asumió el poder pretendió transforma a Egipto en un Estado Islamista. Su estrategia política fue consolidar el poder de los Hermanos Musulmanes en todas las estructuras del Estado. Entonces, tras ganar los comicios presidenciales y parlamentarios, con la mayoría en el parlamento, buscó promulgar una nueva Constitución Política e implantar un Estado islámico, jugada política que desató una ola de protestas que precipitaron su caída tras un golpe de Estado.
Así los militares, aliados del antiguo régimen de Mubarak, regresaron al poder y desatan una represiva campaña política y económica en contra de los seguidores de la hermandad musulmana, declaran la ilegalidad de organización, la acusaron de terrorismo y encarcelan a sus principales líderes. Más de 3.000 partidarios han sido asesinados, 15.000 arrestados y 1.438 condenados a la pena de muerte, entre ellos, el ex presidente Morsi, el guía supremo de la hermandad, Mohamed Badía y otros principales líderes.
Un juez de un plumazo condenó a la horca a 188 simpatizantes y otro en un juicio relámpago condenó al patíbulo a otros 1.250 seguidores de la hermandad. De allí que varias organizaciones de Derechos Humanos a nivel internacional no salen del asombro de que dos jueces condenen de un tirón a tantos seguidores de esta organización política sin que haya un enérgico rechazo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en contra del exterminio político de los Hermanos Musulmanes en Egipto.
Organizaciones de Derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Wath han criticado las faltas de garantías en los procesos. Lo polémico en la justicia egipcia es que tanto en los regímenes de Mubarak como en el breve de Morsi, ambos buscaron tener una justicia a la medida de sus intereses políticos, pero la Comunidad Internacional no puede seguir guardando silencio frente al aniquilamiento judicial de los Hermanos Musulmanes en Egipto.
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