Aunque los acuerdos de paz construidos en La Habana definieron la reincorporación a la vida civil de los exguerrilleros como un proceso integral, la falta de voluntad del Estado colombiano y sus instituciones han empujado dicho proceso al fracaso. Para nadie es un secreto que, con contadas excepciones, la población de los ETCR se fue en desbandada en medio de la incertidumbre que genera la inseguridad jurídica, física y socioeconómica. Solo unos pocos espacios territoriales se han mantenido, tal vez por la presencia de líderes históricos que priorizaron quedarse al lado de sus antiguas tropas.
Esta semana la Agencia Nacional para la Reincorporación envió a cada reincorporado un mensaje de texto que dice “La ARN se permite informar que se presentaron inconvenientes en la ejecución de los desembolsos y beneficios económicos de la asignación única y renta básica programada para el día 16 de febrero de 2019”. La información es cierta pero imcompleta. La verdad completa es que el programa de reincorporación está desfinanciado y que la bancarización, que según compromisos contenidos en el acuerdo de paz debía llegar hasta agosto próximo, está en riesgo de quedar suspendida definitivamente.
Lo más grave es que transcurrido dos años de la firma del acuerdo de paz, el Estado firmante no ha entregado una sola hectárea de tierra para los proyectos productivos que garanticen el sostenimiento de los reincorporados y el arraigo al territorio. Y con la excusa de la ausencia de tierra no han entregado los recursos para los proyectos. Es a esto a lo que llamamos inseguridad socioeconómica.
El ETCR “Simón Trinidad”, ubicado en la vereda Tierra grata, municipio de Manaure (Cesar), ha emprendido la campaña “un metro de manguera para el agua”. En dos años el programa de reincorporación no ha resuelto de manera definitiva el abastecimiento de agua para la población reincorporada. Han preferido sostener el abastecimiento a través de carro tanques, gastando cerca de 500 millones de pesos desde la llegada a la zona veredal. Esta campaña por el agua es al mismo tiempo una denuncia del incumplimiento estatal.
A tierra Grata llegaron 160 combatientes a la dejación de armas y la reincorporación. A la fecha habitan 292: 131 mujeres y 162 hombres, agrupados en 11 familias; 69 menores entre ellos 21 niñas y niños; 19 mujeres gestantes y 4 lactantes.
Al ETCR “Amaury Rodríguez", en Pondores, Guajira, tampoco ha llegado la plata de la reincorporación. Los proyectos desplegados actualmente tienen apoyo internacional: Unesco, PENUD, FAO y la Unión Europea. Sin embargo, esta comunidad de 250 exguerrilleros está asentada en un territorio amenazado por la minería. Allí donde los farianos sueñan construir su “Ciudadela de Paz” será el botadero de Carbón de la extracción a cielo abierto proyectada por la multinacional turca BBC. El Estado colombiano no solo incumple lo pactado en los acuerdos, sino que además sabotea las iniciativas en este caso respaldadas por la comunidad internacional.
La suspensión de la CSIVI, así el señor Archila diga lo contrario, no fue una pataleta ni un acto apresurado; fue un acto premeditado que responde a la línea del gobierno Duque de hacer trizas los acuerdos. En el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo se corrobora que no se asignan recursos para la paz. Que el plan marco de Implementación queda reducido a retórica. Que la paz ha sido traicionada.
Sobrada razón tiene Iván Márquez cuando en reciente entrevista al periódico El Espectador reconoce que hubo un error estratégico en la firma del acuerdo de paz, especialmente en el diseño del pacto de dejación de armas. No es secreto que hubo una suerte de afanes que buscaban hacer coincidir la dejación de las armas, que finalmente resultó una entrega, con el calendario electoral 2018; esa premura nos tiene hoy en el pantano del incumplimiento. El acuerdo sobre las armas debía ir ligado al cumplimiento del Acuerdo General. Se corre el riesgo al hablar de estos temas de ser tildado de “arrepentido” e incluso de “disidente”. En mi caso, no cabe ninguna de las dos. El 23 de junio de 2016 cuando conocí el acuerdo de Cese al fuego y dejación de armas que se había firmado, dejé por escrito mi constancia para la historia y para la militancia. Era claro que un acuerdo firmado en esos términos estaba condenado al fracaso.
Mi carta dirigida al comandante Iván Márquez fue respondida por él en una extensa nota con argumentos que hoy bien pueden servir ante la JEP como prueba de su convicción y compromiso con la paz. De su desbordado optimismo de los cambios democráticos que generaría el acuerdo. Sim embargo ante mi reclamo de porqué el acuerdo sobre las armas en nada se parecía al diseño que durante las jornadas de pedagogía nos presentaron en las asambleas campamentarias de guerrilleros, él reconoce por primera vez que: “En cierta forma caímos en la trampa de los afanes del Gobierno, reforzados esos apuros con los compromisos adquiridos con la ONU”
Y agrega: “Puede usted tener razón cuando afirma que, habiéndose consultado temas menos trascendentes como la unidad con el ELN y la declaración de cese al fuego unilateral, no se haya consultado con los guerrilleros el de la dejación de las armas”
Con relación a mis cuestionamientos de lo antidemocrático de la decisión, Iván Márquez responde: “Admito que en torno al cese al fuego y dejación de armas hubo poca socialización. Puede tenerse la sensación que el asunto fue desarrollado con cierto sigilo o cuidado. Tiene usted razón cuando afirma que no se consultó, como debió ser, a los Estados Mayores y a los combatientes, asunto tan decisivo. En nuestros balances ha salido a relucir que muchos de los integrantes de la delegación no estaban suficientemente enterados del curso de estos acuerdos”.
A las antiguas bases guerrilleras no se les ha dicho la verdad plena y eso ha debilitado la confianza en la dirección, la unidad y cohesión del nuevo partido. Tal vez sea tarde para enderezar el rumbo del acuerdo, de la implementación y particularmente de la reincorporación, pero no es tarde para decirle a los antiguos guerrilleros que en el diseño del acuerdo hubo errores de tipo estratégicos que condujeron a esta crisis, en lugar de afirmar que exigir el cumplimiento de lo pactado en La mesa de La Habana es una “actitud lloricona” y lo que es peor, afirmar: “ilusos aquellos que pensaban que el gobierno iba a cumplir el acuerdo”. Eso no fue lo que se les dijo a las bases en la X Conferencia.
