Fueron ocho las tutelas que obligaron a la Corte Constitucional a tomar las riendas del problema. Desde que se firmó el acuerdo de paz han sido asesinados más de 300 excombatientes de las Farc, 35 de ellos habían advertido sobre su seguridad con peticiones a la UNP y dos espacios territoriales tuvieron que trasladarse ante el inminente riesgo de ser aniquilados por las balas. Tras revisar todos los procesos, la sala plena, estudiando la tutela de Francisco Gamboa Hurtado, líder del antiguo ETCR Aureliano Buendía, de Charras, Guaviare, decidió declarar el estado de cosas inconstitucional (ECI), una figura que activa mecanismos de vigilancia de la Corte y le exige al gobierno acciones concretas.
La votación de la Sala fue de cinco votos contra cuatro: a favor estuvieron los magistrados, Antonio José Lizarazo, Alejandro Linares, Cristina Pardo, Diana Fajardo y José Fernando Reyes; en contra los magistrados Gloria Ortiz, Paola Meneses, Alberto Rojas y Jorge Enrique Ibáñez, este último estuvo de acuerdo con todas las órdenes impartidas, salvo que se declarara el estado de cosas inconstitucional.
La Corte también revisó un expediente con cinco tutelas de firmantes del acuerdo que integran la Cooperativa Multiactiva Frontera Sur de Tallambi en Cumbal. Pusieron en evidencia el riesgo en el que se encuentran. Ricardo Palomino Ducuará, presidente de la Junta de Acción Comunal del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) ubicado en Tumaco, Nariño, también interpuso una tutela señalando que el esquema de seguridad de la UNP asignado para todo el colectivo solo era de un carro y dos normales, seis escoltas, un fusil y un arma de apoyo.
Ahora la UNP debe actuar, al igual que el gobierno, que debe garantizar los esquemas de seguridad. La corte creará una comisión de seguimiento para vigilar las acciones para proteger la vida de los excombatientes.
