La investigación en Colombia y la financiación de la universidad pública están llegando a su fin
La Asamblea General de Estudiantes de la universidad de Antioquia ve con preocupación el futuro inmediato de la universidad pública colombiana, y la investigación científica en la universidad. Dicha preocupación se presenta luego de analizar y debatir la realidad presupuestal que atraviesa el sistema nacional de CTI, el déficit presupuestal de la educación superior en Colombia, y algunas de las políticas del gobierno de Juan Manuel Santos como el programa, y hoy política de estado “Ser pilo paga”, el programa Colombia Científica, y la reforma tributaria. Por tal motivo, la Asamblea General de Estudiantes comparte, con la comunidad académica y científica de la universidad de Antioquia, un análisis generalizado de la difícil situación en la cual se encuentra la educación superior y la investigación del país.
Partimos del principio que establece la educación como herramienta principal para alcanzar equidad social y desarrollo sostenible, si se quiere desde una perspectiva económica, para lograr la anhelada competitividad. Así mismo, es necesario entender que la educación en el orden creciente de sus diferentes niveles de formación forja el camino hacia la generación de conocimiento. De hecho, la educación superior universitaria es la puerta a la investigación y la generación de nuevos saberes, lo que permite alcanzar la innovación, el desarrollo social y la sostenibilidad ambiental. Por tal motivo, la financiación de la educación y la ciencia por parte del Estado deben de ser elementos inamovibles y de gran relevancia en el presupuesto general de la nación.
Contrario a lo que debería de ser lo ideal en materia de responsabilidad estatal, son contundentes los ataques sistemáticos que viene sufriendo la ley 1286 del 2009, y por consiguiente, el sistema nacional de CTI y los actores que componen el sistema. Inicialmente, el Estado en el 2012 retiró de Colciencias los aportes del SGR y los entregó a las gobernaciones departamentales; una acción que terminó por convertir dichos recursos en la caja menor de los gobernantes de turno. De hecho, a la fecha ese presupuesto no ha sido invertido en CTI, y mediante un anuncio presidencial, realizado a inicios del 2017, el Gobierno pretende legalizar el “peculado” desviando los dineros del presupuesto del SGR asignados a CTI para la construcción de vías terciarias.
Por otro lado, la realidad presupuestal que atraviesa Colciencias es una muestra fehaciente de la falta de voluntad política y compromiso que tiene el gobierno Nacional con la investigación y la CTI. Solo por tomar una referencia, a precios constantes del 2012, entre los años 2012 y 2015 Colciencias ha sufrido un recorte presupuestal del 32,5% , pasando de tener un presupuesto de 425.964 millones de pesos en 2012, a tener solo 287.457 millones en 2015. Este recorte presupuestal ha traído consigo consecuencias nefastas en la universidad pública colombiana, como la disminución sustancial de proyectos de investigación cofinanciados, lo que ha traído como consecuencia la falta de oportunidades para la formación de estudiantes de maestría y doctorado en distintos programas de posgrado, además de obstáculos financieros para la producción científica.
Como si fuera poco, la última medición realiza por Colciencias a revistas científicas en el país, mediante el servicio permanente de indexación Publindex, trajo consigo desgarradores resultados; de forma sorpresiva el número de revistas A1 en el país se disminuyó considerablemente. Pero lo que inicialmente parecía no tener explicación lógica, hoy la tiene: es claro que mediante la pérdida de categoría de las revistas científicas, lo que verdaderamente busca el Estado colombiano es contrarrestar las bonificaciones salariales que obtienen los docentes investigadores mediante su producción científica, que fue otorgada por el decreto 1279 del 2002. Dicho de otro modo, para el gobierno Colombiano la labor del investigador no merece un reconocimiento salarial.
