De hecho, Pastor Alape ha ido más allá y ha asegurado que lo que se está discutiendo es la estabilización y proyección de los ETCR. Alape reconoció, incluso, que hay unas barreras puestas por el gobierno nacional en 11 espacios y que para eso están llevando cabo asambleas con comunidades y excombatientes, por medio de las cuales, buscan sortear las dificultades de los Espacios.
Cabe recordar que, según lo que se decidió en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), las Zonas Veredales Transitorias de Normalización se convirtieron en ETCR con el objetivo de capacitar a los excombatientes en términos de la reincorporación por medio de proyectos productivos y la atención de formación técnica de las comunidades que circundan en la ETCR.
Si el lineamiento trae una perspectiva de reincorporación comunitaria, quedan dudas si las determinaciones que está considerando el gobierno nacional realmente están cobijando los intereses de quienes se sumaron al proyecto de la paz.
Pares habló con Luis Ernesto Medina, quien es el representante del Componente Farc del Consejo Nacional de Reincorporación, quien se refirió al tema del límite de tiempo de los ETCR del cual se planteó trabajar para la formalización, con una insistencia de FARC, para poderlos extender.
La intención es extenderlo más allá del 15 de agosto, sin tener una fecha fija, pero aferrándose al tiempo de la implementación del Acuerdo de Paz que es de 10 años. La intención está encaminada a una proyección de que los ETRC se vuelvan ciudadelas, de trabajo, de producción, de paz.
Sin embargo, el 8 de mayo —día en que se llevó a cabo la entrevista por parte de un investigador de Pares— Medina señaló que hay una dificultad referida a la formalización de terrenos y que incluso, ya había señalado que dentro de las cuentas del gobierno nacional se manejaban 11 ETCR que debían ser trasladados.
Además, señaló en esa oportunidad que los otros 13 ETCR restantes, sí habían sido catalogados por el gobierno como viables. De esa forma, Medina señala que la insistencia de Farc ha sido para mermar las intenciones de traslado de los ETCR.
A pesar de ello, Medina dijo que habría dos ETCR que “impajaritablemente han decidió darle un cambio de lugar”. Uno de ellos, el de La Elvira en Buenos Aires, Cauca porque, según el gobierno, el municipio está en quiebra, está en Ley 500.
De tal suerte, que cualquier recurso que se le meta para reincorporación lo absorbe el municipio para sanear su quiebra. Sobre el otro ETRC, Medina no dio claridad de cual podría llegar a ser.
A su vez, Medina precisó que los diálogos con las comunidades continúan y que en esas instancias han podido recoger las impresiones que genera la posibilidad que baraja el gobierno de trasladar dichos ETCR.
A partir de ello, los excombatientes le han manifestado que no cederán a un traslado pues no solo históricamente han tenido un arraigo con el territorio en el que están, sino que también han construido una confianza en torno a las comunidades aledañas.
Por otro lado se han plantado rutas de trabajo en los ETCR en donde se encuentra y que trasladarse se configuraría como un inicio desde cero; el cual no permitirían.
Voces oficiales vs expectativas en territorio
La situación se caldeó luego de que Andrés Stapper, director de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), señalara que 11 ETCR iban a ser trasladados.
Alape, en calidad de Delegado del al Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) por parte de FARC; ha expresado que “esos espacios deben continuar y que es la comunidad de exguerrilleros en proceso de reincorporación, junto con las comunidades y las autoridades locales, quienes deben tomar la decisión”.
Sin embargo, la incertidumbre de los excombatientes es latente, no solo por la falta de seguridad jurídica, el incremento en el asesinato de excombatientes; sino por el hecho de que los 24 ETRC vigentes tendrán figura jurídica hasta el próximo 15 de agosto.
De esta forma, está en veremos el devenir para más de 10 mil excombatientes que le apostaron al Proceso de Paz y que ven con dificultad el tema del ingreso, la tierra, la seguridad, el trabajo y la vivienda.
El más reciente informe de Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, evidencia falta de condiciones óptimas en el mantenimiento de la infraestructura existente de los ETCR, de los cuales se deben priorizar obras porque hay riesgos “potencialmente graves” para la salud de alrededor de 400 excombatientes y sus familiares.
Si bien, en términos de garantías de seguridad para excombatientes de las Farc, según el informe, las fuerzas militares y la policía trabajan por la seguridad en el perímetro de los ETCR; sin embargo siguen registrándose enfrentamientos por la presencia de grupos armados que complejiza las condiciones de seguridad en los territorios.
De igual forma, se sigue implementando el Mecanismo Tripartito de Protección y Seguridad para la coordinación de seguridad para excombatientes. Es necesario recordar en materia de seguridad, según cifras de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares, hasta la fecha, 93 excombatientes han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016.
Incertidumbres sobre el futuro
El anuncio de Emilio Archila Peñalosa, consejero presidencial para la Estabilización y Consolidación, sobre el estudio que está haciendo el gobierno nacional de la reubicación de los ETCR, aún se mantiene en la incertidumbre, debido a que en su anuncio habló de unas “barreras” que estarían representando dichos ETCR por temas legales y por seguridad en las zonas en las que están ubicados.
La molestia sobre el anuncio de Archila Peñalosa tiene que ver con la falta de garantías por las que atraviesan los ETCR y que tienen en vilo su continuidad.
De acuerdo con las cifras de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), de los 13.039 excombatientes que están en proceso de reincorporación, sólo 366 se han visto beneficiados por proyectos productivos.
En este orden de ideas, se recrudece la incertidumbre, pues Archila Peñalosa ha manifestado que hay ETRC que se mantendrán como sitios de vivienda definitivos y otros que no lo serán. De hecho, el consejero manifestó que incluso hay terrenos a los cuales están evaluando con la categoría de ‘sugerencia de desplazamiento.’
Un largo camino
Después de la firma del acuerdo final de paz el 24 de noviembre de 2016 – aprobado por el Congreso colombiano el 1 de diciembre – surgieron una ola de decretos individuales una semana después, definiendo los que serían finalmente los 26 puntos y zonas de transición y Normalización (ZVTN) que las FARC ocuparían hasta el 15 de agosto del año en curso.
Durante los primeros ocho meses, las ZVTN fueron reguladas por un conjunto de directrices que mantenían a los habitantes de estas zonas separados de las comunidades circundantes, con algunas excepciones.
El proceso fue monitoreado por la Misión de Monitoreo y Verificación integrada por miembros del Gobierno de Colombia, de las FARC y observadores internacionales militares de las Naciones Unidas. La prioridad siempre fue mantener el cese al fuego entre las FARC y el gobierno, y lograr el desarme del grupo guerrillero.
El 27 de junio las Naciones Unidas cumplieron con el desarme completo de las FARC y para el 15 de septiembre, se terminó con extracción de armas faltantes. De este modo, entre estas dos fechas (el 15 de agosto) las ZVTN fueron convertidas en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR).
Así con el cambio en el marco legal de estas zonas, surgieron cambios fundamentales tales como la priorización de la seguridad en esas zonas no solo para los guerrilleros sino también para las comunidades aledañas.
Comunidades
Las comunidades y los excombatientes están a la espera de que la ARN y la Farc tomen decisiones puntuales sobre el futuro de los ETCR en Yarí (La Macarena, Meta); Caracolí (Carmen del Darién, Chocó); Charras (San José del Guaviare, Guaviare); La Variante (Tumaco, Nariño); Carrizal (Remedios, Antioquia); Santa Lucía (Ituango, Antioquia); Filipinas (Arauquita, Arauca); Caño El Indio (Tibú, Norte de Santander); El Ceral-La Elvira (Buenos Aires, Cauca); San Antonio (Caldono, Cauca) y La Pradera (Puerto Asís, Putumayo).
*Articulo publicado originalmente en la Fundación Paz y Reconciliación-PARES.
