Bajo una lectura sin el apasionamiento que suscita en la opinión pública el proyecto de ajuste al Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C 2019 y en el que persiste una notable persistencia en el desarrollo inmobiliario, la infraestructura para la movilidad y la renovación urbana, llama poderosamente la atención el reconocimiento que allí se le da a los territorios rurales que componen el distrito capital.
Según el Dane, para el año 2019 la población de la ciudad se aproxima a las 7.200.000 personas, allí se estima que 7.183.131 son habitantes urbanos y 16.869 se encuentran en suelo rural. Así mismo, los datos de la Secretaría Distrital de Planeación, indican que la capital del país cuenta con una extensión aproximada de 163.663 hectáreas, de las cuales, el 25% concentra suelo de uso urbano y el 75% corresponden a la categoría de suelo rural y vinculado a la Estructura Ecológica Principal de la ciudad, zona que comprende áreas protegidas nacionales y regionales en un 66,07 % y un 1,13% que se representa en la Reserva Thomas Van Der Hammen.
En aquellos espacios se mantienen prácticas de tenencia, uso y vocación agrícola de pequeñas economías campesinas, así como del desarrollo de servicios turísticos y mercados rurales diversos. El suelo rural del distrito se ubica especialmente en las periferias de las localidades de Suba, Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, concentrándose en Usme, Ciudad Bolívar y Sumapaz.
Es claro que la persistencia del componente de la ruralidad en la ciudad se ha supeditado a estrategias de gestión que han adelantado las organizaciones campesinas y de su incidencia en los diferentes periodos del gobierno de la ciudad. Dichos procesos han logrado incidir en la definición de instrumentos de planificación que crearon el Sistema Agropecuario Distrital (SISADI - Decreto 482/96) y posteriormente, con la aprobación del Decreto 619/00 que adoptó el primer Plan de Ordenamiento Territorial para Bogotá y el decreto 190/04, se compiló la normatividad que le dio un horizonte de largo plazo y garantías para la sostenibilidad ambiental, económica y fiscal de la ruralidad en el distrito. En cuyo objeto se destaca la necesidad de controlar los procesos de expansión urbana y reconocer su periferia como soporte para el desarrollo del territorio rural y de sus actividades agrícolas conexas. En ello, su interés primordial ha sido el asegurar la preservación sobre los componentes del sistema hídrico de las áreas rurales, promoviendo el desarrollo de mecanismos y proyectos de prevención y control de la urbanización.
Bajo este ámbito normativo, se asumieron estos espacios de economía campesina distrital como uno de los ejes en la articulación de la región Bogotá-Cundinamarca en términos de prestación de servicios ambientales, gobernabilidad y seguridad alimentaria. Desde entonces se han realizados ingentes procesos de ordenamiento territorial en el campo de las infraestructuras, equipamientos de sus centros poblados, así como para el desarrollo productivo, las ventajas competitivas y comparativas para alcanzar la optimización de la productividad del medio rural.
Bajos estos preceptos se definieron las Unidades de Planificación Rural (UPR) y los Planes de Mejoramiento Integral Centros Poblados Rurales. Además de haber alcanzado dos grandes conquistas administrativas por parte de las organizaciones campesinas: la declaración de la Política Pública Distrital de Ruralidad (Decreto 327/07) y el Plan de Gestión para el Desarrollo Rural Sostenible (Decreto 042/10).
Estas acciones, aunque poco conocidas por la opinión pública y débilmente implementadas por los bajos fondos de inversión, la baja coordinación interinstitucional, así como por las condiciones del control irregular que durante años produjo la presencia del conflicto armado en las zonas rurales de las localidades del Sumapaz y Usme, además de la continua resistencia que han afrontado las comunidades campesinas ante los intereses de las expansión inmobiliaria, la afectación del Relleno Sanitario Doña Juana, como de la explotación de la minería de materiales para la construcción.
Sin embargo, en la actualidad, las nuevas condiciones que genera posconflicto han plantado para la administración distrital el reto de seguir avanzado en el reconocimiento de las formas de vida rural, ahora con liderazgos comunitarios consolidados y una nueva generación de jóvenes e iniciativas de producción y conservación con las que se pretende superar el aislamiento mediante la oferta de servicios ambientales y turísticos.
Bajo este marco de antecedentes, es alentador, aunque parezca contradictorio, que en la nueva reglamentación que discute sobre el POT se reconozca la deuda histórica que se tiene sobre dichos espacios y sus pobladores. Es así que, bajo una revisión detallada al actual Proyecto de ajuste al POT Distrital, la Mesa de Trabajo de la iniciativa “Bogotá Cómo Vamos”, integrada por expertos académicos, sector público y privado, líderes y representantes de organizaciones locales, exalta el hecho de encontrar en él aspectos de importancia estratégica para el desarrollo y conservación del territorio rural de la capital del país.
Entre ellas se exalta: la inclusión del concepto de Corredores Ecológicos Rurales, en los cuales se pretenden consolidar las franjas de transición urbano rural en las que se incorporan áreas tales como el Tunal-Concepción, Capitolio-Santo Domingo, Lagunitas, Raizal-Peñalisa, Quebradas de Pasquilla, Chorro de Arriba, El Zarpazo, Chorreras, Sopas, Mochuelo Bajo, Las Vegas, La Requilina, Mochuelo Alto, Quebrada Suate, Ánimas y Quebrada Olarte. Dentro de las cuales se precisan las Unidades de Planificación Rural (UPR) del Distrito del Valle de Quiba, Los Mochuelos, Soches, Uval y Requilina en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar.
Incluye normas para la parcelación de predios rurales, bajo un modelo de ocupación en el que se reconozcan medidas de reconversión orientados a sistemas de producción agroecológica, aumento de plantaciones forestales y freno del avance de la frontera agropecuaria sobre las áreas de páramo.
Propone el desarrollo de Planes de Equipamiento Básicos y Complementarios, tales como movilidad y servicios públicos, el Sistema de Drenaje en áreas rurales y dictamina condiciones para el establecimiento de los mismos. Plantea el Manejo integral del recurso hídrico mediante la protección de las fuentes a través de pago de servicios ambientales, reforestación, restauración procurando medidas orientadas a la reducción de la vulnerabilidad hídrica, tratamiento de aguas residuales (PTAR) y rehabilitación ecológica que se definen en el Programa de Rehabilitación de Estructura Ecológica y Territorio Campesino Resiliente en el que se estima combinar y promover el turismo comunitario.
Reconoce la figura de Zonas de Reserva Campesina (ZRC) como un área de gestión social del suelo rural, teniendo en cuenta las características agroecológicas y socioeconómicas de la ruralidad capitalina, especialmente para la localidad del Sumapaz. Demarca la figura de Patrimonio Arqueológico de la Hacienda El Carmen en la localidad de Usme, adoptando los Planes de Manejo propuestos por Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
Precisa un plan de mejoramiento de vías terciarias en veinte tramos de rutas de interconectividad veredal e intermunicipal. Reconoce los centros de población rural y las Unidades de Planificación Rural (UPR) como instrumentos de escala intermedia que permitirán hacer viable el uso del suelo a partir de estrategias de desarrollo caracterizadas por la producción limpia, el manejo adecuado de residuos, generación de energética alternativa, la recuperación y restauración ambiental, así como el uso de prácticas de bioingeniería y construcción sostenible de viviendas e infraestructura.
Considera el desarrollo de los Mercados Campesinos definidos en el uso dotacional de servicios complementarios, tales como mercados temporales y ferias móviles especializadas para la exhibición, venta de productos y servicios. Una objeción a este respecto, estriba en la necesidad de concretar pautas de integración institucional con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, a fin de avanzar en el fortalecimiento de la producción de alimentos, vinculada a economías de circuito corto, a fin de crear redes veredales de abastecimiento en conexión con redes de tenderos y supermercados en los barrios que limitan con las zonas rurales de la ciudad.
Acertada ha sido la creación de la Gerencia para la Planeación y el Desarrollo Rural del distrito capital, instancia administrativa creada a partir del Plan de Desarrollo “Bogotá mejor para todos” y en cuyo reto se encuentra, coordinar las acciones de las entidades del distrito en pro de producir información que integre el territorio rural a la productividad de la ciudad, promover la conservación de los ecosistemas, la restauración de las áreas degradadas y la generación de estrategias sostenibles para el fortalecimiento de la economía campesina en el marco de la reconversión productiva.
Todo ello se viene adelantándose por la actual administración, mediante la creación del Sistema de Información para la Planeación y Seguimiento del Desarrollo Rural del D.C (Sipsder), el cual pretende ser la fuente de conocimiento sobre los territorios rurales de la ciudad, generando bases de información requeridas para empezar a construir estadísticas sobre las diferentes variables del Nuevo Modelo de Desarrollo Rural. Instrumento que espera ser integrado a los sistemas de información distritales, para convertirse en una fuente oficial de consulta para los tomadores de decisiones y la comunidad en general.
Ante la importancia estratégica que tienen las zonas rurales para el distrito y de darse la aprobación al POT en esta instancia, se exhorta al futuro gobierno de la ciudad en avanzar en una visión renovada y fortalecida para recuperar la confianza institucional y en ella participación directa de las comunidades rurales en su implementación. Asunto por demás consecuente, si queremos alcanzar de forma decidida y responsable el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, además de los acuerdos globales que sobre el tema acoge la Nueva Agenda Urbana Hábitat III en cuyo propósito se insta por el fortalecimiento de los vínculos entre las zonas urbanas y rurales, con el fin de avanzar en el desarrollo rural periurbano, el uso de la tierra, la seguridad alimentaria y nutricional, así como por la gestión de sus recursos naturales, la prestación de servicios públicos, agua y saneamiento, salud, energía, vivienda y políticas de movilidad.
Esperamos no se dejen estas iniciativas en el limbo y se haga posible, como lo narran los campesinos del distrito: “… que con el futuro nuevo POT, si es que se da con todo y las presiones inmobiliarias, por fin se demuestre que existen otras formas de hacer ciudad y que desde el sur se le puede poner norte a Bogotá ...”.
