Esta semana fui testigo, por tercera vez, de cómo un carro de escoltas que venía en contravía a toda velocidad, chocó a dos y se esfumó, empleando luces y sirenas de uso restringido. Cuando el conductor de otro auto trató de bloquearlos para que se bajaran a responder por el desorden que habían generado, uno de estos señores expuso su arma de servicio, obligándolo a moverse. Y no, no estaban evitando un atentado, salvando la vida de alguien o resolviendo un crimen. Ese es el comportamiento estándar de los escoltas en Colombia, en donde se manejan como una clase aparte de ciudadanos por encima de la ley, sin controles reales, sin respeto por los ciudadanos y sin oficio. Los escoltas son el símbolo del “usted no sabe quién soy yo” en Colombia.
El tráfico de Bogotá es una experiencia antidemocrática y violenta en la que estos señores constituyen un riesgo para el bienestar y la seguridad. Parquean donde quieren, conducen a la velocidad que les conviene, jamás se detienen cuando causan un incidente, ejercen presiones indebidas sobre la policía cuando los aproximan, no respetan a nadie y andan armados, pero no son sujeto de los controles a los que sí están sometidos los miembros de nuestra fuerza pública que están visible y apropiadamente identificados, y contra quienes se puede presentar una denuncia cuando abusan de su poder. Pero no de los escoltas, que son una suerte de mercenarios particulares, “subcontratistas” de seguridad, que no en pocas oportunidades son protagonistas de incidentes completamente injustificados.
Hace no mucho tiempo, el Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, Daniel Mejía, lanzó un tuit que generó un revuelo enorme al poner en evidencia la violencia nuestra de cada día y el atropello al que nos someten los escoltas. Todos esperábamos que la indignación sirviera para que se tomaran medidas, pero no pasó nada. Se olvidó el asunto.
Con muy pocas excepciones, los esquemas de protección
están asignados a las personas equivocadas
Solamente en el caso de los escoltas oficiales, hay que decir que se trata de un esquema salido de control, con demasiado poder discrecional, y que se ha convertido en un programa de asistencia social. Sí, asistencia social, porque además de mantener una nómina gigante y cuidar egos, recoger niños de los colegios, llevar de rumba a los adolescentes hijos de funcionarios y cargar mercados, realmente no constituyen un factor real de seguridad. Con muy pocas excepciones, los esquemas de protección están asignados a las personas equivocadas. Aunque deberían estar protegiendo a defensores de derechos humanos y poblaciones vulnerables en los territorios, en realidad están masivamente concentrados en Bogotá, asignados a burócratas que no los necesitan, porque se han convertido en una señal tan importante de status, que cualquier intento de reforma, incluso de retirarle el esquema a exfuncionarios que se siguen beneficiando de él, termina en quejas contra los responsables del manejo del sistema.
No hay ni un solo centavo
para pagar el sistema de justicia para la paz
Hace apenas unos días se anunció un intento de reforma, con el fin de asignar 1200 individuos a la protección de las Farc. Se dijo que se revisarían los esquemas para hacer los recortes necesarios. Buena suerte en el intento, pero me temo que lo más probable es que seguirán agrandándolo sin fin. Y mientras tanto, no hay ni un solo centavo para pagar el sistema de justicia para la paz. Ni siquiera existe un rubro en el presupuesto de la Nación para financiarlo. Aunque es muy difícil saber cuánto nos va a costar el sistema de justicia para la paz, la parafernalia de escoltas y seguridad podría estarle costando a la nación tres veces más lo que le costaría montar y poner en marcha todo el sistema de justicia transicional.
Ya firmamos la paz. Es hora se desmontar con decisión los negocios de la guerra.
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