Concluida la fase de dejación de armas de las Farc y la conversión en partido político, el país centra toda su atención en un tema que ha generado el desangre escandaloso de las finanzas del país: la corrupción en las esferas del estado, el cual se puso en evidencia con el destape de la olla podrida de la contratación pública, mediante la entrega de coimas para hacerse a millonarios contratos, incrementando los costos y bajando la calidad de las obras.
Según cálculos de la Contraloría General de la Nación, el flagelo de la corrupción le cuesta al Estado cerca de 50 billones de pesos al año, en palabras del contralor Edgardo Maya sería casi un billón de pesos por semana. Por otro lado, para la Procuraduría el monto equivale al 4 % del Producto Interno Bruto (PIB), una suma cercana a los 32 billones de pesos, lo que equivale a los recursos de inversión que tiene destinado el gobierno nacional para el presente año.
Son tan graves y abundantes los casos de corrupción en el país que el tema de la implementación de los acuerdos de paz y la dejación de armas por parte de la Farc pasó a un segundo plano en los intereses de los ciudadanos. Hagamos un recuento: carrusel de la contratación en Bogotá; Odebrecht; el exfiscal Anticorrupción que entorpecía investigaciones a cambio de cuantiosas sumas de dinero; Reficar; las irregularidades en el uso de las regalías en algunos departamentos; fiscales y jueces vinculados a organizaciones criminales; la captura del contralor de Antioquia por prevaricato, omisión y peculado por apropiación; la captura del Secretario de Seguridad de Medellín por el presunto delito de concierto para delinquir agravado; Agro Ingreso Seguro, solo por mencionar algunos.
Lo más indignante es que mientras el país se sumerge en el cáncer de la corrupción, en detrimento de las finanzas del Estado y de atención a la inversión social, la respuesta del gobierno es la aplicación de más medidas tributarias antipopulares que afectan el bolsillo de la población más pobre y vulnerable. Además, con estas le otorgan más beneficios al sector financiero y empresarial, premiando a la clase política con asiento en el Congreso, con reajustes salariales para este año por encima de los 2 millones de pesos al mes; mientras que a los trabajadores colombianos les aprueban un reajuste al salario mínimo por debajo de los 50 mil pesos mensuales, les niegan derechos con medidas como la ley que reduce del 12 % al 4 % el pago de los aportes en salud, que beneficiaría a cerca de un millón de pensionados que reciben mesadas por debajo de 2 salarios mínimos. Lo anterior lo hicieron argumentando un hueco fiscal de 2,3 billones de pesos, cifra muy por debajo a los dineros que son saqueados de las arcas del estado mes por mes.
Es tan alto el grado de impunidad en las investigaciones y sanciones contra quienes incurren en esas faltas contra la ética y la moralidad pública que no se arrojan resultados positivos. En su defecto, en caso de ser condenados gozan de una reclusión privilegiada en centros especiales o pagan sus condenas en sus suntuosas mansiones cuando reciben casa por cárcel. Igualmente, con beneficios como las rebajas de penas por aceptación de cargos se premia a los delincuentes, que casi nunca devuelven los dineros robados. Estas sanciones más que castigar a los delincuentes de cuello blanco, los incita a continuar delinquiendo y saqueando el erario público.
Es lamentable que las raíces de la corrupción, asociada a la politiquería y el clientelismo, como una forma de financiación de las campañas políticas, sigan intactas frente a un Estado, órganos de control y fiscalización paquidérmicos, que estimulan esas prácticas. Al igual, que el enriquecimiento fácil y la degradación de los valores y principios éticos y morales que deben caracterizar el ejercicio de la administración pública.
La ausencia de acciones del estado y de los órganos de control y fiscalización, que aparentemente deberían velar por la transparencia en la contratación y el buen manejo de los recursos públicos ante la degradación y carrera que viene haciendo la corrupción en nuestro país, es grave. Por eso, la iniciativa de consulta anticorrupción, promovida por diferentes sectores ciudadanos, alcanza el respaldo de más de 4.300.000 personas, para que en las urnas los colombianos decidan sobre medidas para ponerle fin a este delito, castigando a quienes incurran en estas prácticas; permitiendo que el ciudadano pase de estar quejándose permanentemente, a que con sus acciones en el marco de la participación ciudadana contribuya a eliminar el flagelo criminal en el sector público.
La paz en Colombia no solo se alcanza con el fin del conflicto armado y dejación de las armas por parte de las organizaciones guerrilleras, también implica la eliminación de la práctica de la corrupción en los sectores público, privado y en el conjunto de la sociedad. Hace falta generar mayores niveles de transparencia, garantizar una mayor eficiencia en la inversión de los recursos públicos para el mejoramiento de la calidad de vida y equidad social de los colombianos, superando así los niveles de desconfianza existente entre los ciudadanos y contribuyendo a la estabilidad política, económica, social y de construcción de una cultura ciudadana de paz y convivencia democrática.
