La Fiscalía General de la Nación es la entidad del Estado sobre la que reside la acción penal, y tiene como principal misión perseguir el crimen, investigar los delitos y acusar a los posibles responsables de estos ante los jueces de la República. De allí la importancia que sus investigaciones sean abordadas y conducidas con la mayor rigurosidad posible y que las acusaciones e imputaciones de delitos que contra los indiciados se pretendan hacer cuenten con el suficiente sustento probatorio para evitar privar a alguien injustamente de la libertad, y peor aún, que se llegue a condenar a esta persona con fundamentos falaces, mendaces o pueriles.
En Colombia han habido casos muy representativos de los errores de la Fiscalía, bien sea en la etapa de recolección de evidencias, en etapa de juzgamiento o en todas ellas. Un caso que nunca se olvida es el de Alberto Júbiz Hazbún, quien en su momento fue señalado por la Fiscalía de haber perpetrado el crimen de Luis Carlos Galán; y que pese a haber demostrado a través de testimonios, entre los que se destaca el del exministro Carlos Enrique Obando, no encontrarse en el lugar de los hechos el día y la hora que estos ocurrieron, terminó pagando cuatro años de cárcel siendo inocente. Y aunque la indemnización administrativa obligó al Estado a indemnizarlo con una millonaria suma por la arbitrariedad contra él cometida, esta se hizo efectiva más de 25 años después de ocurridos los hechos, cuando incluso ya había fallecido.
Otro caso es del exdiputado del valle Sigifredo López, quien la Fiscalía acusó de haber sido parte del macabro plan para secuestrar a sus compañeros y colegas asambleístas en abril de 2002. Y que por ello, consideró la Fiscalía, era razonable que el único sobreviviente tras la masacre que perpetraron las FARC en la cual murieron todos sus compañeros, hubiera sido precisamente él. Además de este hecho, la Fiscalía consideró como pruebas los testimonios de unos testigos que resultaron siendo falsos y un vídeo donde se aprecia el perfil de una persona dando instrucciones sobre cómo llegar a la Asamblea del Valle y cómo perpetrar el secuestro. La Fiscalía manifestó en su momento que dichos elementos probatorios no dejaban duda alguna de la relación del ex diputado con el secuestro de los diputados y que el hecho de él permanecer secuestrado era simplemente para desviar la atención y anular posibles sospechas.
Sigifredo duró casi cuatro meses privado de la libertad hasta que la Fiscalía finalmente concluyó que no había encontrado mérito suficiente para continuar con la investigación y la precluyó. El Consejo de Estado condenó a la Fiscalía a pedirle disculpas públicas y a asumir la correspondiente indemnización administrativa por privación injusta de la libertad.
Podría seguir enumerando cientos de casos documentados sobre privaciones arbitrarias de la libertad por parte de la Fiscalía con origen en imputaciones sin fundamento probatorio o con fundamento implantado o ilegal.
El caso más reciente es el de los ocho señalados de ser los responsables del atentado en el Centro Comercial Andino, señalamientos que ninguno de ellos ha aceptado y que han denominado otro “falso positivo” de la Fiscalía.
Por ahora, sería muy irresponsable atreverse a tomar postura frente a la inocencia o culpabilidad de estas personas, ya que es justamente la Fiscalía la llamada a demostrar o desvirtuar su vinculación con los hechos que se les imputan. Ojalá, por el bien de la justicia no terminen siendo otro falso positivo como Hazbún, que por el afán y la presión mediática, terminó injustamente privado de la libertad casi en sus últimos años de vida. Y cuando hubo oportunidad de rectificar y reparar, ya era demasiado tarde.
Si a uno no le sucede, no alcanza a dimensionar el daño que una acusación infundada con privación de la libertad puede tener sobre una persona y sobre su familia. Igual de inconmensurable es el daño que causan estos errores a la credibilidad de la Fiscalía y en general de las instituciones y del aparato de justicia en Colombia.
Aunque debo destacar que la Fiscalía puede pecar involuntariamente haciendo su trabajo, ya que la tarea encomendada no es de poca monta y está expuesta a muchísimos factores externos que pueden alterar el normal curso de una investigación. Lo que sí resulta imperdonable es que tras la finalidad de mostrar resultados se acuda a prácticas poco ortodoxas e incluso ilegales. Y más imperdonable es que algunos de sus miembros se corrompan y terminen caminando al lado de las conductas que justamente deben combatir, como el recién capturado director nacional anticorrupción de la Fiscalía, capturado precisamente por actos de corrupción. ¡Eso, evidentemente no es un error aleatorio! ¿Cuántas capas nos faltarán como sociedad para tocar realmente fondo?
