Uno de los problemas más críticos en la educación en Colombia tiene que ver con la falta de estabilidad en las políticas educativas. Incluso, algunos académicos plantean que en Colombia no tenemos una política educativa clara.
Este es un tema que surge a manera de reclamo, en la mayoría de las protestas de los docentes en nuestro país; pero los medios convencionales se centran en los alegatos que tienen que ver con salarios y el deficiente sistema de seguridad social.
Ciertamente, el eslogan del gobierno anterior “Colombia la más educada” no alcanza a ser una política, suena más bien a una promesa incumplible, además contradice un principio que ha promovido varios intelectuales que plantea que no se debe tener una perspectiva de ranking sino que se debe revisar las verdaderas necesidades de cada región. Si quisiéramos tener algo de profundidad en este contexto, vale la pena revisar los planteamientos de Basil Bernstein quien plantea que la educación no puede suplir las fallas de la sociedad, es decir, la educación depende de la estructura social en la que se lleva a cabo, lo cual debe pensarse en los periodos de campaña en los cuales la mayoría de políticos aluden al potencial de la educación para cambiar la sociedad. Por otra parte, Paulo Freire planteaba que la educación no cambia a la sociedad pero sí transforma a las personas que cambiarán la sociedad.
Vale preguntarnos, entonces, ¿qué debe considerar una política educativa seria para el contexto colombiano?
Lo primero que debe reflexionarse es cuál es la naturaleza de la educación, si la palabra metafísica le da miedo, piense entonces en: ¿cómo debe definirse la educación?, más específicamente, ¿la educación es un servicio o un derecho? Frente a esto hay países que determinaron que la educación básica no es solo un derecho sino que es obligatoria. Dependiendo de cómo se responda estas preguntas cada gobierno asumirá diferentes posturas que apostarán por fortalecer la educación pública y el acceso, o por favorecer el libre mercado en términos de oferta educativa. En el caso de Alemania, por ejemplo, más del 90% de las universidades son públicas y de alta calidad. En Colombia tendríamos que empezar por romper esa visión limitada que sugiere que todo lo público es malo.
El tema es extenso, por ejemplo, con el Programa Ser Pilo Paga algunos argumentaron que era muy bueno dar oportunidades de escoger a un grupo que hace parte de la población menos favorecida, pero otros sugirieron que los mismos recursos se podían favorecer muchas más personas fortaleciendo la educación pública; en cifras, la mayoría de recursos de este programa terminaron en universidades privadas. De este debate surgieron muchas propuestas, como la de establecer tarifas diferenciales si los beneficiarios escogían universidades públicas o privadas, incluso cambiar el esquema para subsidiar la demanda, como se aplica en España.
En el caso de Colombia, actualmente las políticas educativas deben garantizar el libre mercado, pero con una intervención estatal estratégica que garantice la calidad, el acceso y el derecho a la educación en todos los niveles educativos.
Otro tema importante tiene que ver con el nivel de planeación del país, de manera que la política educativa corresponda con una política de Estado; el problema en este caso tiene que ver con que no tenemos políticas de Estado sino de gobierno, es decir, cada gobierno suele llegar desconociendo (incluso mancillando) lo que hizo el gobierno anterior. Un ejemplo se puede relacionar analizando el siguiente tipo de preguntas: ¿de acuerdo a las proyecciones económicas del país cuántos profesionales en ingeniería necesitamos para el 2040, cuántos profesionales en ciencias humanas, etc.? Pero si no contamos con proyecciones sociales, políticas y económicas serias a 20, 40 o 50 años, nos seguiremos limitando a tener políticas educativas para 4 años.
