En marzo de 2017 Adriana Delgado, Jairo Prieto y Natalia Jiménez decidieron organizarse para promover la revocatoria de la alcaldesa de La Calera, Ana Lucía Escobar, quien había llegado al cargo un año antes con el respaldo del exsenador y presidente del Partido Conservador Hernán Andrade. Precisamente, las sospechas sobre la alcaldesa comenzaron cuando el hermano de Andrade, John Jairo, se ganó un contrato por $ 951 millones –que luego tuvo una ampliación de $ 160 millones más— a través del Consorcio Vías 2016 para el mejoramiento de varias calles del municipio. Andrade, quien durante el gobierno Santos logró hacerse con varios contratos, principalmente en Huila por cerca de $ 49.000 millones, fue el único proponente en el proceso licitatorio. Según Transparencia Internacional, esta es la modalidad contractual más susceptible a la corrupción. Sobre el presidente de los conservadores también cayeron varios señalamientos, pues en La Calera su hermana Esperanza Andrade, quien heredó su curul en el Senado, hizo una fuerte campaña política con el respaldo de la alcaldesa.
Para Adriana Delgado, uno de los problemas más graves que vive actualmente el municipio es el cierre de la Clínica Nuestra Señora del Rosario, que ya lleva dos años sin funcionar y se han visto afectadas por lo menos 30.000 personas. La alcaldesa había prometido reabrirlo lo antes posible, e incluso aseguró que la Clínica Marly y la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud se habían asociado para operarlo, pero las dos entidades salieron a desmentir esa información y aseguraron que en ningún momento han adelantado algún proceso con el municipio.
Respuesta de la FUCS sobre su participación en la administración de la Clínica en La Calera que lleva dos años sin funcionar.
La respuesta de la Clínica Marly fue similar a la de la FUCS
Desde que la Registraduría le dio vía libre a la revocatoria el pasado 20 de julio, la alcaldesa Escobar ha intentado a toda costa frenar el proceso. Primero interpuso una tutela ante el Consejo de Estado, pero el tribunal no encontró ninguna irregularidad en el proceso que adelantaron los promotores. Luego decidió poner otra tutela, pero en el Tribunal de Cundinamarca, aunque todavía no le han dado respuesta. Sin embargo, varias personas en el municipio han denunciado presiones contra los contratistas para que no salgan a votar el próximo 9 de septiembre, asegurando que les quitarían los contratos si la revocatoria llega a pasar.
Una de las últimas movidas de Escobar fue el intento de modificar el Plan de Ordenamiento Territorial para la construcción de 2.000 apartamentos. Sin embargo, el Concejo Municipal negó las pretensiones de Escobar porque no contaba con los estudios necesarios para dicho cometido. Escobar entregó un contrato por 900 millones firmado en abril de 2017, pero al 15 de agosto de este no se han entregado ni diagnósticos ni estudios de riesgo, cuando el plazo máximo había sido en marzo pasado.
La semana pasada se conoció el listado de los jurados de votación que la Registraduría asignó para las votaciones. Las alarmas se prendieron dentro del comité promotor de la revocatoria porque el 80% de las personas designadas tienen algún vínculo con la administración. Desde varios contratistas, hasta el secretario de Gobierno Daniel López Avendaño, e incluso la cuñada de la alcaldesa, Liliana Sánchez, fueron nombrados jurados de votación, pero para Adriana Delgado esa situación no da garantías en la transparencia de las votaciones, en las que se necesitan mínimo 5.300 votos para revocar a Escobar.
En un preinforme que hizo la contraloría de Cundinamarca, la administración de Escobar no quedó nada bien. El manejo del fisco, las contrataciones y el recaudo de las deudas que tiene el municipio han estado mal manejadas, y el malestar se siente en las personas que están dispuestas a revocar a la alcaldesa, que logró llegar hace dos años al cargo con 5.560 votos. Sin embargo, en La Calera se rumora que este fin de semana, viernes y sábado, habrá fiestas para que la gente no salga a votar el próximo domingo, y, aunque no se ha podido confirmar, se estarían planeando obras en las vías terciarias y rurales para que quienes viven en las veredas no les sea fácil bajar al pueblo a votar.
Dentro del Partido Conservador quedó claro que no van a apoyar la revocatoria de la apadrinada del presidente de la colectividad, pero ya hay varios militantes como el representante a la Cámara por Cundinamarca, Buenaventura León, que decidieron apartarse de la orden del partido y están respaldando la revocatoria, al igual que el Partido Verde y el Centro Democrático.
Ana Lucía Escobar deberá someterse a las urnas el próximo domingo, y aunque la revocatoria no pase, tendrá que enfrentarse al malestar de la gente que ya no la quieren como hace dos años.
