Gustavo Petro escogió con lupa a quien quería nombrar como rector de la Escuela Superior de Administración Pública (Esap), la universidad creada por la Ley 19 de 1958, en el primer gobierno del llamado Frente Nacional a cargo de Alberto Lleras Camargo, para formar funcionarios públicos. Petro nombró al economista Jorge Iván Bula, quien había sido su compañero de tesis de grado en economía en la Universidad Externado. Bula cogió el camino de la academia y ha estado vinculado a la Universidad Nacional casi que desde que se graduaron. Dejó la dirección del Centro de Investigación para el Desarrollo (CID) para asumir la rectoría de la ESAP. Pero las cosas no le han salido bien. O más bien mal.
Enfrenta hoy una cascada de denuncias de estudiantes, profesores y sindicatos. Las clases y otras actividades académicas se paralizaron el 18 de septiembre cuando los estudiantes se declararon en Asamblea permanente y se retomaron este 18 de octubre, un mes después, luego de un primer acuerdo para abordar los temas polémicos en la mesa de concertación.
En el salón principal de la sede ubicada en el Centro Administrativo Nacional (CAN), hay una pancarta en la que se toma la sigla de la entidad Esap y se desglosa como “Escuela Superior de Abusos Públicos”. Esa frase, según estudiantes, sindicatos y algunos profesores resume el sentir del personal en la Sede Central en Bogotá.
Las denuncias van desde presuntos actos de corrupción, nóminas paralelas por contratos de prestación de servicios y clientelismo, hasta la pérdida del norte en la misión institucional de la Universidad.
La posesión del profesor Jorge Iván Bula Escobar como director de la Esap, el 1 de septiembre de 2022, generó grandes expectativas en torno a mejorar las condiciones internas de la Escuela. Sin embargo, no han parado las denuncias en el sentido de que la Universidad más parece un fortín político que una Institución de Educación Superior con la responsabilidad de formar a los administradores públicos del país.
Estudiantes, sindicatos y varios profesores están unidos en un solo clamor de cambio estructural en la Institución que tiene cerca de 18.000 alumnos repartidos en la sede central, en las 16 territoriales y en los programas a distancia que ofrece la Escuela Superior de Administración Pública.
Contrato de operación logística por $ 11.761 millones
Las principales denuncias se centran en un millonario contrato de operación logística por valor de 11.761 millones de pesos suscrito con la Comisionista de Bolsa, Miguel Quijano y Cía. S. A., identificada con el NIT 800.095.131-6. Ese contrato se firmó el pasado 16 de agosto.
Para la ejecución del contrato por parte de la Comisionista de Bolsa se hizo una rueda de negocios el pasado 14 de septiembre en el que se escogió como operador a la Unión Temporal Logística LPA ESAP 2023 que, según la respuesta de la Escuela, comenzó su ejecución el 22 de septiembre de 2023, es decir, el millonario contrato debe ser ejecutado totalmente en algo más de tres meses.
La Unión Temporal Logística LPA ESAP 2023 la integran las firmas: Logística y Gestión de Negocios S. A. S., Nit 900582854-4; Fundación País Humano, Nit 900572437-3; y la Fundación Alférez Real, Nit 805027275-6. Según los estudiantes, la selección del operador fue el detonante para declarar la Asamblea permanente y la parálisis total de las clases en la Sede Central en Bogotá.
El contrato pretende realizar eventos de capacitación para alcaldes, concejales, gobernadores y diputados que saldrán elegidos el próximo 29 de octubre. Así mismo, contempla actividades deportivas, de bienestar y académicas en distintas partes del país, entre otros objetivos.
Las dudas más frecuentes están por el lado de precios exagerados en algunos ítems. El estudiante de Administración Pública, Marcos Torres, pide a los organismos de control ponerles la lupa a los valores en temas de transporte, alojamiento y alimentación.
Elvia Nancy Ospina, presidenta del Sindicato TitanESAP, asegura que a las denuncias de corrupción se le suman las del maltrato a los funcionarios de planta que, según ella, han sido relegados por la actual administración que centra el manejo de la Institución en los contratistas y asesores que llegaron con el director Jorge Iván Bula Escobar.
A las voces de inconformismo se suma la de Shirleny Hernández, presidenta de la Unión Nacional de Empleados de la Esap, Unesap, quien advierte sobre la contratación exagerada de prestación de servicios lo que podría ser, según ella, una nómina paralela que va en contra de las políticas anunciadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro de privilegiar la formalización del empleo en las entidades públicas. La planta de personal de la Esap es de 611 empleados y según las denuncias son más de 1.200 contratos de prestación de servicios que cuestan más de $62.000 millones al año. Pareciera que el nuevo rector no ha logrado transformar viejos hábitos del pasado como era la expectativa con su llegada.
Preocupación por la calidad académica
Los profesores lanzan su alerta por los temas de calidad académica y la pérdida de la misión institucional de la Esap. Advierten sobre la reducción de estudiantes admitidos en el primer semestre de 2023 y en el segundo semestre de 2023, en comparación con el año pasado.
Además, tanto profesores como sindicatos están preocupados por el riesgo de la pérdida del Registro Calificado por baja calidad y las deficiencias que se están presentando en los programas a distancia por la disminución de las tutorías presenciales.
Dicen que por un lado está el compromiso del gobierno del presidente Gustavo Petro en ampliar la oferta de cupos en las universidades públicas y por el otro lado la disminución de los cupos en la Esap.
Autocracia, lentitud y arrogancia
Los profesores no dudan en responsabilizar a la actual administración de lo que pasa en la Esap. En el comunicado del ente profesoral se lee: “El estado actual de crisis que vive la Escuela Superior de Administración Pública, en todos sus niveles, académico, administrativo, investigativo y de proyección institucional, es adjudicable a la actual administración en virtud de su estilo de dirección autocrático, distante, lento y arrogante”.
Los estudiantes también presentaron un pliego de peticiones que recogieron de ocho mesas temáticas, cuyas deliberaciones quedaron plasmadas en 61 puntos que proponen cambios y transformaciones al interior de la Esap (ver pliego de peticiones de los estudiantes).
Las respuestas de la Esap
La directora encargada de la Esap, Johanna Hernández, y el subdirector nacional de Gestión Corporativa, Darío José Oviedo, fueron los designados para dar respuestas a las denuncias de estudiantes, profesores y sindicatos de la Escuela.
Aseguran que el contrato de operación logística es transparente, negaron que haya precios exagerados e, incluso, hablan de un ahorro de más de $2.900 millones por el procedimiento de convocatoria pública que se utilizó para negociar los precios a través de la Bolsa Mercantil de Colombia.
Explican que la Escuela de Alto Gobierno de la Esap tiene la misión institucional de capacitar a los más de mil alcaldes que serán elegidos este 29 de octubre en los comicios regionales, al igual que a los concejales, diputados y gobernadores que inician sus periodos el 1 de enero de 2024.
Para los directivos, no se está perdiendo la calidad académica por la disminución de las tutorías presenciales a través de las aulas híbridas. La directora encargada, Johanna Hernández, también afirmó que en los 65 años que tiene la Escuela siempre se ha revindicado la misión institucional y que en la administración del profesor Jorge Iván Bula se ha fortalecido esa misión.
Niegan que haya ausencia del profesor Bula en las responsabilidades directivas y en el liderazgo de la institución y que las denuncias responden más a un asunto de percepción y no a la realidad. “Creo que los resultados muestran que por el contrario ha habido un desarrollo de planeación estratégica para fortalecer el liderazgo de la Esap en sus procesos misionales”, dijo.
Frente a la Asamblea permanente y las peticiones de estudiantes, profesores y sindicatos, dicen que este Gobierno es el de la movilización social, del cambio y que por eso van a escuchar los clamores de los distintos sectores que hacen parte de la Institución, pero aclaran que muchos estudiantes de la Sede Central no están de acuerdo con las parálisis de las actividades.
Reconocen que en la Esap hay problemas y aseguran que tienen la disposición para buscar las mejores alternativas de solución. Negaron la existencia de una nómina paralela y hablan de una reducción del 20 % en la contratación de prestación de servicios.
En un documento de 32 páginas (ver documento de 32 páginas) que enviaron a Las2orillas responden, desde su perspectiva, cada uno de los puntos polémicos y denuncias que se han hecho al interior de la Escuela. El número de contratos de prestación de servicios, según la respuesta, ha disminuido este año, pero los valores aumentaron en comparación con el año pasado.
“Nosotros tenemos una planta de personal muy pequeña y tenemos presencia en 274 con Programas de Pregrado y Postgrados en municipios del país y a través de la Escuela de Alto Gobierno llegamos a 570 municipios”, puntualizan.
Visita de la Contraloría a la Esap
La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto faltante de cerca de $400 millones por un Convenio Interadministrativo firmado en 2017 con la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia (ver carta de la Contraloría dirigida al director de la Esap, Jorge Iván Bula).
Los funcionarios de la Contraloría estuvieron los días 10, 11 y 12 de octubre visitando la Esap y recaudando pruebas por el presunto daño patrimonial.
Ahora, estudiantes, profesores y sindicatos les piden a los organismos de control que le pongan la lupa completa a lo que ocurre en la Esap porque hay denuncias reiteradas de clientelismo, corrupción y pérdida de los valores misionales de la institución.
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