La nueva distracción que nos trae el Ejecutivo, mientras se termina de negociar por debajo de la mesa la tenebrosa JEP, tiene ahora que ver con la comisión de la posverdad. Se lanzan al ruedo nombres de personas más o menos conocidas, lo que pone a todos los medios, hartos ya de corrupción propia y ajena, a destrozar o a endiosar a sus clientes o a sus oponentes. Que el uno simpatiza con esto; que el otro odia aquello y así sucesivamente, mientras los verdaderos asuntos que duelen siguen pasando de agache para los grandes medios de comunicación (la “prensa escrita” y la “radio hablada”, como adoran decir).
En realidad, la comisión puede hacer lo que quiera. Igual no van a llegar a nada y casi nadie los va a leer y/o a creer. Cada miembro filtrará lo que llegue a ser de su conocimiento por los múltiples cedazos de su particular concepción del mundo. Cada uno interpretará su informe como quiera.
Ojalá la verdad fuera una sola.
¿Dónde se fijan los límites entre el poder legislativo, el ejecutivo y el Omnisapiente? Veamos un ejemplo.
Nuestro poder judicial se asemeja a esas frutas milagrosas, como el Noni o el Amalaki: sirven para todo. Un día legislan, otro pontifican, casi todos los días prevarican o roban. Pero lo que más preocupa es cuando desafían a la ciencia.
Acaba de ser publicado un estudio realizado durante 27 años, en el cual se hizo seguimiento cercano a 57 000 personas, casi todos agricultores que usaban distintos herbicidas. Este estudio, llevado a cabo en los Estados Unidos y financiado por ese gobierno, no por las empresas fabricantes, concluyó que el glifosato no produce cáncer. ¿Qué dirá ahora el honorable magistrado que falló en contrario, permitiendo que las Farc inundaran de coca, amapola y marihuana al país? ¿Y los ambientalistas? ¿Y los familiares de las personas destruidas por la droga?
La explicación más lógica es que, como casi siempre, el poder judicial se puso al servicio (remunerado, claro está), de un gobierno que quiere a toda costa formalizar a ese poderoso grupo económico que son las Farc. Ante la perspectiva de la legalización del negocio de la droga, son muchos los que han querido subirse desde temprano al tren de los beneficios económicos que tanto promete. Y para que este nuevo grupo económico pueda competir con los actuales, lógico es que deban tener también su cuota de poder e influencia en todas las esferas del Estado.
Ante la incertidumbre de poder contar con un gobierno que les siga entregando porciones de institucionalidad, quieren agarrar el mayor pedazo de las otras ramas del poder público que puedan. Ya tienen aseguradas 26 curules en el Congreso, pero les falta acomodar a sus cabecillas condenados como miembros del Senado y la Cámara.
Para ello, tratan de imponer su propia interpretación de los denominados “acuerdos de La Habana”.
¿Por qué insisten en seguir hablando del acuerdo de La Habana? ¿No fue ese acuerdo el que se sometió a referendo, y fue derrotado por la mayoría de los colombianos? ¿No fue por ello que el cínico presidente se inventó otro negociado, esta vez en Bogotá y sin refrendación popular?
Según este segundo pacto, ilegal, ilegítimo e impopular como el primero, las Farc pueden hacer política. Pero no quiere decir que se negoció para personas denominadas de manera específica.
Siempre han querido hacerle creer al mundo que se trata de una organización democrática. Si ello fuera cierto, que no lo es, entonces las denominadas Farc no serían una lista de nombres sino un partido. En ese orden de ideas, las reglas de la democracia establecen que cuando un miembro de un partido queda inhabilitado por cualquier razón, y en este caso abundan, pues lo lógico es que postulen a otro que no lo esté.
Por qué no reconocen que tienen personas indignas de ocupar posiciones
en un Estado de Derecho y postulan a otros,
que siendo afines a sus ideales cuenten con hoja de vida y no con prontuario
Si de verdad quieren aceptar las normas de la democracia, que no quieren, por qué no reconocen que tienen personas indignas de ocupar posiciones en un Estado de Derecho y postulan a otros, que siendo afines a sus ideales cuenten con hoja de vida y no con prontuario.
Lo más probable es que la tenebrosa JEP los indulte; que la comisión de la posverdad los maquille y que la historia los describa como héroes libertarios. Allá ellos con su proceso de lavado de delitos y de activos. Lo que importa realmente es que ni esta generación ni la que sigue les permita a los responsables de tanto dolor y de tanta atrocidad, de lado y lado, sentarse en una posición desde la cual puedan moldear el destino de nuestra nación y de nuestra democracia.
Por imperfecta que ella sea en este momento, con seguridad que no son los delincuentes condenados o por condenar quienes van a corregir sus errores ni a cambiar su rumbo por uno mejor.
