En una nota anterior decía que la ayuda humanitaria no soluciona el problema de la pobreza, que más bien sirve para evitar que las inconformidades sociales no se desborden. Con eso en mente, lo que se necesita es que el Estado y los gobiernos diseñen estrategias de fondo para que los pobres tengan la oportunidad de salir adelante en la solución de sus necesidades básicas, es decir, que se les brinde la oportunidad para que dejen de ser pobres.
Sin embargo, en Colombia, el Estado y los gobiernos (léase Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y ahora Iván Duque) consideran que la pobreza también se erradica dándoles plata a los pobres y por eso empezaron a repartir dinero sin contraprestaciones a través del programa Familias en Acción. Como si dar plata fuera suficiente para acabar con la pobreza cuando, con esa especie de caridad religiosa, solo se logra que los pobres dependan toda la vida de la asistencia; por eso está condenada al fracaso (como fracasó en Argentina), porque con el tiempo se requerirán medidas de fondo, que, al menos, humanicen al sistema capitalista. Además, esa estrategia de repartir plata es un caldo de cultivo para incrementar el clientelismo y la demagogia, porque busca que los necesitados vivan agradecidos de la mano que les calma el hambre y, además, tengan que pedir favores a los políticos que promueven esas prácticas, cuando de lo que se trata es de exigir sus derechos fundamentales.
Pero la ayuda humanitaria tiene otra variable y son los grandes negocios que hay detrás de ella, los cuales también están permeados por la corrupción. Los ejemplos cunden a nivel nacional, pero pensemos en Córdoba, donde es emblemático el caso denunciado por la Contraloría General de la República en el 2011. Según una publicación del diario económico Portafolio (marzo 15 de 2011) la ayuda humanitaria, con destino a 44.179 familias afectadas por el invierno en el departamento, tuvieron un sobrecosto de 2.576 millones de pesos, lo que representó un 39 por ciento por encima de su valor real. Ese escándalo solo dio pie para que la Contraloría impusiera una “función de advertencia” a la gobernadora de entonces, Martha Sáenz Correa, a la Cámara de Comercio de Montería, la cual era la operadora de las ayudas, y a Distribuciones El Trébol, quien proveía los mercados.
Otro caso, es el del gobernador Alejandro Lyons Muskus, quien protagonizó el mayor escándalo de corrupción del departamento y del país, en el que se vieron comprometidos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con el llamado “cartel de la toga”, en su momento, conjuntamente con el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), anunciaron, con bombos y platillos, la “declaratoria de guerra al hambre y la pobreza”. En una reunión con alcaldes confirmaron una inversión superior a los 29 mil millones de pesos para beneficiar a 90 mil niños en Córdoba; sin embargo, parece que esa plata se quedó en los bolsillos de la corrupción, porque la gran anunciada guerra contra el hambre y la pobreza se perdió. Así pues, la ayuda humanitaria también es un nicho apetecido para el saqueo y la corrupción, con el agravante de que quienes reciben esas especies de migajas tengan que vivir agradecido de los gobiernos, de los políticos que la prometen en forma de dinero, y narcotizados, a punta de limosnas, para que no exijan sus derechos constitucionales.
