El megaproyecto Ruta Caribe II entre Cartagena y Barranquilla que sería paralelo a la Vía al Mar esta a punto de ser liquidado debido por el no cobro del peaje de Turbaco desde hace un año y medio por problemas con las comunidades. La IP - Autopistas del Caribe, corredor de carga Cartagena – Barranquilla, por tratarse de una iniciativa privada bajo el esquema de asociación público-privadas APP, depende para su operación del flujo de caja generado por el cobro de siete peajes en los 253 km de la via, pero dos de ellos se encuentran suspendidos.
La Concesión Autopistas del Caribe otorgada por 35 años esta conformada por el KMA Construcciones (50%), el grupo español Ortiz Construcciones y Proyectos (30%) y Obresca (20%), e inició pre-construcción en octubre de 2021 y construcción en abril de este año, la obra iba a ser finalizada en octubre de 2029. La Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, que asignó el proyecto, la Concesionaria y el comité “Familia No + Peajes”, se han reunido en los últimos meses en 12 ocasiones, evaluando alternativas de cobros o movimiento de la caseta sin llegar a un acuerdo, y mientras tanto el cobro suspendido ha generado al proyecto un déficit de $ 84.000 millones, por lo que la construcción de esta via alterna para transporte de carga $ 4.314.364 millones estaría a punto de caerse.
Otras ocho concesiones podrían seguir el mismo camino
Pero este no es el único caso a la vista, el no incremento de los peajes de las siguientes ocho iniciativas privadas de Cuarta Generación o 4G, podría significar que también entraran en déficit y plantearan activar la claúsula de liquidación. Una crisis que de darse, podría llevar a que el país tuviera que pagarle en total a estas ocho, unos $ 20 billones en indemnizaciones, puesto que son concesiones ya entraron en operación y adeudan dineros por sus costos de construcción y operación, los cuales dependen para el pago de los flujos de caja calculados con base en el cobro de peaje que incluían un aumento en sus tarifas de acuerdo al dato de inflación suministrado por el Dane.
IP – Vías del Nus, a cargo de la Concesión Vías del NUS – Vinus SAS, donde participan Mincivil (51,847%), SP ingenieros (22,216%), Construcciones El Condor (21,105%), EDL (3,721%) y Latinco (1,111%), posee cuatro peajes. Se inició en 2017 y entró a operar en abril de 2021, con un 100% de ejecución tiene un plazo de Concesión a 30 años.
IP – Ampliación a tercer carril doble calzada Bogotá - Girardot, a cargo de Vía Express SAS donde el grupo frances Vinci Highway es propietario del 85 % y Conconcreto del restante 15 %. Los 144.81 kms cuentan con dos peajes. Inició en junio de 2018 y finalizará en junio de 2025, con un plazo de concesión de 30 años.
IP – Chirajara – Fundadores, a cargo de la Concesionaria Vial Andina – Coviandina, conformada por Concecol (75%) y Epsicol (25 %), ambas de propiedad de Corficolombiana. Con un 100 % ejecutado, inicio operaciones en marzo de 2023, cuenta con un plazo de 39 años de concesión para los 86 Kms donde operan 4 peajes.
FOTO DE Gonçalo Moura Martins CEO DE MOTA-ENGIL
IP Cambao – Manizales, a cargo de Concesionaria Alternativa Viales SAS, cuyos accionistas son Mota-Engil Engenharia e Construcao (34.57 %), Mota-Engil Colombia (11.08%), Coherpa Ingenieros Constructores (29.35 %) e Icein Ingenieros Constructores (25 %). La China Comunications Construction Company es dueña del 32.41 % de la portuguesa Mota-Engil. Con un 85,20 % ejecutado, los 256 kms entraron en operación en febrero de 2023, con un plazo de 34 años, cuenta con tres peajes. China Communications Construction Co.
IP – GICA, Girardot-Ibague-Cajamarca, que fue propuesto por el Consorcio Gica, conformado por Grupo Colpatria (29%), Mincivil (29%), Termotécnica Coindustrial (15%), HB Esstructuras Metálicas (14%) y Latinco (13%); inició construcción en abril de 2016 y entrará en operación en abril de 2024, a la fecha lleva una ejecución de 51,98%, cuenta con 3 peajes en 180 Kms, y un plazo de concesión de 29 años.
IP – Neiva – Girardot, a cargo de Autovía Neiva Girardot, cuyos accionistas son Acción Sociedad Fiduciaria con un 51% y CSS Constructores con un 49 %. Se encuentra ejecutado en un 98,66% e inició operación en diciembre de 2021. Son 198.35 Kms a 30 años de plazo que cuentan con 3 peajes.
IP Antioquia-Bolivar a cargo de la Concesión Ruta del Mar Coruma, conformado por Construcciones El Condor (50%), Infrared Infraestructure (50%), inició construcción en enero de 2017 y finalizará en enero de 2024, lleva ejecutado un 92,94 %. Son 554.44 kms con 8 peajes.
IP – Malla Vial del Meta, a cargo de la Concesión Vial de Los Llanos donde entre Odinsa Vias Odinsa Proyectos e Inversiones y Fondo Capital Privado Odinsa Vías Compartimiento tienen un 92 % y Sarugo con un 8 %. Odinsa es la empresa de concesiones del Grupo Argos. A 30 años de plazo de concesión, cuenta con 5 peajes en operación, inició construcción en junio de 2022 y ha ejecutado un 6,67 %, su fecha de finalización es septiembre de 2029.
Las 4G, son la gran apuesta para sacar a Colombia del atraso en infraestructura vial
La cuarta generación de las concesiones viales, o 4G, es uno de los proyectos más ambiciosos de la historia de la infraestructura del país, con una inversión estimada de $ 47 billones fue estructurado en tres “olas” durante el gobierno de Juan Manuel Santos que las contrató entre 2012 y 2017. El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, se la jugó a fondo con el programa 4G y la ministra de Transporte Ángela María Orozco continuó impulsando su ejecución en el gobierno de Iván Duque.
En los 29 proyectos 4G, los inversionistas privados son los encargados de los estudios y diseños definitivos, financiación, gestión ambiental, predial y social, construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación, mantenimiento y reversión de distintos proyectos viales. A cambio de esto, el concesionario recibe una retribución mensual pactada de acuerdo con unos estándares de calidad y que tiene como fuente de ingresos los aportes de la ANI, el recaudo de peajes y los ingresos por explotación. Los activos o sea las vías le pertenecen al Estado o se le transfieren a la terminación de la concesión pactada.
El decreto del gobierno Petro de no aumento de los peajes pone en riesgo las 4G
Unos ingresos que están siendo afectados desde el pasado 15 de enero cuando el presidente Gustavo Petro firmó un decreto con el cual estableció que los peajes a cargo del Invias y la ANI, no aumentarán en 2023, y advirtió que las concesiones que eleven tarifas de peajes sin autorización del gobierno serían sancionadas.
Es importante recalcar, que aunque el recaudo de los peajes lo realizan los concesionarios, el producto de estos hace parte de la retribución que debe adelantar la ANI al concesionario, y de no materializarse, dicha obligación se traslada a la ANI quien debe retribuirle al concesionario el recaudo por peaje que se hubiese producido de haberse aplicado la estructura tarifaria por categorías de vehículos, debidamente indexada a lo largo de los años de duración de la concesión.
Se estima que la medida tomada por el gobierno del no aumento de estos peajes, le significará a la ANI reconocer unos ingresos faltantes estimados de $ 600 mil millones a las concesiones, dinero que saldrá del Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales.
En caso de no cumplirse con sus ingresos estimados, los concesionarios tienen una opción de pago diferencial de recaudo que se evalua en los años 8, 13 y 18 desde la fecha de inicio, pero también dadas las circunstancias, como en el caso de Ruta Caribe 2, podrían solicitar una terminación anticipada y aplicar las formulas de liquidación pactadas en el contrato que contemplan el pago de una indemnización. En esos casos, el Estado tendría que hacer un recompra basado en un análisis del flujo de caja futuro de estas 4G por los años de la Concesión, principalmente el generado por el recaudo de los peajes.
Se estima que solo la liquidación de las más grandes como la Concesión Autopistas del Caribe vale entre 4 y 5 billones, y el total de la liquidación de las ocho estaría rondando los $ 20 billones en indemnizaciones, dinero que tendría que pagar el Estado colombiano.
